El Principado reitera su oposición al cierre de las térmicas asturianas tras el indulto a las de Baleares y Canarias
ASTURIAS
El Ejecutivo de Javier Fernández insiste en que un cierre apresurado tendría un efecto muy negativo en el empleo y en la industria
11 jul 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Después de conocerse que las centrales térmicas de Baleares y Canarias contarán con una prórroga, aprobada por el Gobierno central, para prolongar su vida más allá de 2020, el Ejecutivo asturiano ha insistido en que mantiene su posicionamiento de rechazar un cierre acelerado de las plantas por los efectos que tendría en el conjunto de la economía de la comunidad.
«Acerca de la noticia en relación a las excepciones planteadas en Baleares y Canarias, fuentes del Gobierno asturiano señalaron que la posición del Principado es conocida y ha sido reiterada en numerosas ocasiones tanto por el jefe del Ejecutivo, Javier Fernández, como por el consejero de Industria Isaac Pola. Y esta es el rechazo a una transición energética que se haga de una manera apresurada, sin tener en cuenta su incidencia no solo sobre el empleo directo e indirecto de las propias térmicas, sino sobre los tráficos y la logística de El Musel y muy especialmente sobre la industria electrointensiva asturiana, ante la subida de los precios de la energía que provocaría la clausura de estas centrales», señalaron fuentes del Ejecutivo autonómico.
El indulto para las térmicas de los archipélagos se aprobó gracias a una enmienda presentada por el PP a los prespuestos generales del Estado y se apoya en el argumento de que se «ponga de manifiesto la existencia, en un horizonte temporal de cinco años, de necesidades de potencia para garantizar la seguridad del suministro de forma eficiente». Es decir para garantizar la llegada de electricidad y evitar los apagones. Desde Asturias se ha defendido que el cierre de las térmicas no puede se repentino por el impacto tendría también en el suministro pero ante todo en la que pueda ofrecerse un precio competitivo para la industria.
En este sentido, las mismas fuentes del gobierno asturiano destacaron que su posición «es y seguirá siendo la misma en cualquier circunstancia, es decir, rechazar esos cierres precipitados por las consecuencias que tendrán sobre el conjunto de la economía asturiana. Es una posición conocida por todos y también por el Gobierno de España».
En un encuentro organizado por la patronal asturiana sobre el impacto de la descarbonización en las empresas, el presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Laureano Lourido, señaló que el carbón térmico supone el 12 por ciento de su facturación, y alertó de las pérdidas que generaría la descarbonización para el puerto de El Musel, que rondarían los diez millones de euros y que esa pérdida dejaría al muelle «en cero o en números negativos» en un futuro.
Lourido desgranó que se dejaría de facturar alrededor de 300.000 euros en practicaje, 200.000 en amarradores, o 1.300.000 en remolcadores, unas cifras «muy importantes». Además, explicó que actualmente salen de El Musel 374 camiones a diario, algunos llegando a realizar dos viajes, y que con la propuesta actual 200 de ellos se quedarían sin actividad.
Agravio en Aragón
A comienzos de la semana, tras conocerse la noticia, el gobierno socialista de Aragón, presidido por Javier Lambán reclamó recibir el mismo trato. El director general de Energía aragonés, Alfonso Gómez, afirmó que el riesgo de apagones también se puede dar en la península en el caso de que las condiciones meteorológicas fueran de nulo viento y cielos nublados sumado a un periodo de sequía en el que no puedan turbinar las hidroeléctricas. «Puede haber el mismo problema de insuficiencia eléctrica y riesgo de apagones y de ahí que la central térmica de Andorra deba seguir. Y cuanto más plantas cerremos, mayores riesgos tendremos en el país», indicó para destacar además que hacer una excepción con las plantas de las islas supone «un agravio comparativo».
Según recogió la agencia EFE, Lambán, reclamó al comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, el apoyo de la Unión Europea (UE) para que durante la transición hacia las renovables se mantenga al carbón en el «mix energético» español, para que el cambio no afecte de forma excesiva a las áreas mineras.
Lambán, que concluyó un viaje de dos días en Bruselas, planteó al comisario español la búsqueda de «fórmulas» para que la vida de las centrales térmicas «se pueda culminar sin causar destrozos y daños irreparables en las cuencas mineras». «Es necesario para ello que España incluya en el mix energético una pequeña parte para el carbón, para asegurar el suministro y el precio de la energía nacional», explicó Lambán a la prensa tras el encuentro con el comisario.
El presidente aragonés señaló que la permanencia de este tipo de energía en el mix «seguramente signifique algún tipo de convenio o ayuda con las empresas que mantienen estas centrales», como Endesa en el caso de Aragón para la central de Andorra. Por ello, será necesario que las ayudas públicas que reciban estas empresas sean «legales», explicó Lambán, y estén en línea con la normativa de competencia de la Unión Europea, para lo que abordó con el comisario «fórmulas que ya han usado otros países como Italia, Polonia o Alemania y que hasta ahora España ha sido incapaz de encontrar».
El objetivo, recalcó, es «mantener la central térmica mientras se culmina la transición energética, de manera justa y sin daños irreparables en las zonas mineras».
Lambán mostró también su respaldo a una iniciativa del propio Arias Cañete, quien planteó al presidente regional la idea de que en el próximo presupuesto europeo entre 2021 y 2027 haya un fondo específico para la reconversión y reindustrialización de las zonas europeas afectadas por el cierre de minas o centrales térmicas.
«Es una idea suya que nosotros hemos acogido con mucha expectativa, con una coincidencia absoluta del planteamiento que nosotros tenemos del futuro de la central térmica», celebró Lambán, quien afirmó que trabajará sobre esta base con los Ejecutivos de Asturias y Castilla y León y que se lo «harán llegar» al Gobierno de España.