El Principado celebra que los anuncios de Sánchez sobre el carbón son menos inquietantes

Isaac Pola defiene una transición energética «consensuada» y el PP lleva al Congreso una propuesta para limitar las autorizaciones de cierre de las térmicas

Central térmica de Soto de la Barca (Tineo), de la compañía energética Gas Natural Fenosa.
Central térmica de Soto de la Barca (Tineo), de la compañía energética Gas Natural Fenosa.

Redaccion

El consejero de Industria, Empleo y Turismo, Isaac Pola, ha celebrado este lunes las afirmaciones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó este domingo en Oviedo respecto a la transición energética, reconociendo que otras declaraciones anteriores habían «inquietado» al Ejecutivo autonómico. Después de que el presidente afirmase en Oviedo que la transición será «justa y dialogada», Pola ha afirmado ante los medios que le «congratulan» este tipo de mensajes, al igual que antes «inquietaron» otros a este mismo respecto.

Sin embargo, ha señalado que estas palabras «hay que plasmarlas» en documentos de referencia y normativos. El Principado, ha explicado, seguirá defendiendo sus planteamientos ante el Gobierno central y la Unión Europea, defendiendo una transición energética «debidamente consensuada, programada, adaptada a la realidad de los territorios y que sea equilibrada», tanto en la vertiente medioambiental como en la técnica y social.

Propuesta en el Congreso

Por otra parte, el diputado nacional del PP Ramón García Cañal ha subrayado hoy que el resto de partidos tendrán la oportunidad esta semana de rectificar y apoyar en el Congreso la proposición de ley presentada por su grupo para denegar el cierre de centrales eléctricas.

El pleno del Congreso de los Diputados debatirá esta semana la toma en consideración de la proposición de ley que registró el Grupo Popular antes de salir del Gobierno para ampliar las causas por las que se podría denegar el cierre de instalaciones de generación eléctrica a sus propietarios.

La proposición de ley fue registrada a finales de abril, después de que el Ministerio de Energía, dirigido entonces por Álvaro Nadal, elaborara un real decreto para ampliar las causas por las que este Departamento podría negarse a autorizar el cierre de centrales de producción eléctrica.

Actualmente sólo puede denegarse la autorización si la clausura de una planta de generación eléctrica afecta a la seguridad del suministro.

En rueda de prensa, García Cañal ha señalado que los objetivos europeos de reducción de emisiones han desembocado en un proceso de reforma energética muy importante para España ya que la electricidad es un bien económico de interés general, del que depende el desarrollo del país.

Un mercado regulado desde principios de siglo XX y basado en tres pilares fundamentales: la seguridad del suministro, la competitividad y la sostenibilidad, ha apuntado.

Por este motivo, ha subrayado que el objetivo es dotar al Gobierno central de un instrumento adecuado para aceptar o rechazar el cierre de las centrales de generación eléctrica, atendiendo a los intereses generales del país e impidiendo que las empresas puedan llevar a cabo la clausura de manera unilateral.

Un debate que llega en un momento de «máximos históricos» en el precio de la electricidad, y cuyo continuo incremento tendría consecuencias nefastas para el país, especialmente para Asturias, donde hay tres grandes industrias electrointensivas que en caso de abandonar la región afectaría a cerca de 25.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Esta medida pretende que antes de aceptar el cierre se lleven a cabo tres informes: uno de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, para evaluar en qué medida afecta el cierre al precio de la energía, otro de la Oficina del Cambio Climático, por si hubiese alteraciones en los objetivos europeos de reducción de emisiones, y otro del Instituto de Desarrollo Energético.

Asimismo, Red Eléctrica Española garantizaría que no se pudiese cerrar en caso de que existiese riesgo en la seguridad del suministro, ha apuntado.

Sobre este asunto, ha apuntado que los grupos parlamentarios tendrán ahora la oportunidad de rectificar y votar a favor de esta proposición.

Acerca del proceso de descarbonización, ha reiterado la necesidad de que se lleve a cabo de manera ordenada, algo que ya aprobó el Congreso de los Diputados en 2016, ha recordado.

En aquel momento, el Gobierno encargó a una comisión de 14 expertos, seleccionados por grupos parlamentarios, Gobierno central, entidades sindicales y patronal, la elaboración de un informe sobre políticas a seguir en este proceso cumpliendo los objetivos europeos de reducción de emisiones para 2030 y 2050, con el objetivo de mantener el empleo y no tener que lamentar consecuencias económicas no deseadas.

Un documento que concluyó que el mix energético nacional, en el caso de prescindir de las térmicas de carbón y la energía nuclear, dejando al gas como única fuente de respaldo, tendría como consecuencia un encarecimiento del coste de la energía, entre el 15 y el 40 por ciento, y no ayudaría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, algo «paradójico».

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