Gobierno y sindicatos alcanzan un preacuerdo que retrasa el cierre de la minería

El plan para una transición justa en el periodo 2019-2027 recoge prejubilaciones, bajas indemnizadas y la consideración de excedentes mineros para los empleados de subcontratas. Las condiciones para Hunosa se negociarán en unas semanas

Reunión de los sindicatos mineros con el ministerio
Reunión de los sindicatos mineros con el ministerio

Langreo

Casi diez horas han tardado el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) y los sindicatos UGT-FICA y C OO en alcanzar un principio de acuerdo para dotar de una transición justa a la minería del carbón, un preacuerdo que da una prórroga al sector evitando su cierre el 31 de diciembre si las empresas deciden continuar con la flexibilización de la devolución de las ayudas pero que concreta a la par un plan social para dar la mayor cobertura posible a los trabajadores en caso de que no sea así y medidas de reactivación para las comarcas mineras. Estas condiciones pactadas en Madrid serán por las que se rija el ámbito de la minería privada, ya que en el mismo preacuerdo se contempla que Hunosa, por sus especiales características y su particular relevancia, estará sujeta a su propio plan de empresa, un plan que los sindicatos esperan empezar a negociar en unas semanas, una vez que este preacuerdo sea firme con la firma de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La reunión comenzaba a las once y media de la mañana de este lunes en la sede del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y no fue hasta casi las nueve de la noche cuando trascendió que Gobierno y sindicatos habían llegado a un principio de acuerdo que quedaría por escrito con la firma de un acta por parte del propio secretario de Estado de Energía, José Domínguez, y los representantes sindicales de UGT-FICA y CCOO. Estos ya habían anunciado antes de acudir a la reunión su intención de no finalizar ninguna reunión más sin acuerdos globales y concretos. Así, el acta de tres páginas rubricado es un resumen de un documento de 32 páginas que constituye el marco de actuación para el sector de la minería, así como para el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027.

El primer punto al que hace referencia el acta es que quedan establecidas las bases de las medidas necesarias «para una transición justa en la minería del carbón y las comarcas mineras a partir del 31 de diciembre de 2018 teniendo en cuenta la situación del sector y la finalización de las ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de las explotaciones mineras, de acuerdo con las exigencias de la normativa europea, para el periodo 2019-2027». Dicho esto, el escrito contempla que «se promoverá el uso del carbón autóctono competitivo» como forma de favorecer «el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a la minería», si bien estipula ámbitos temporales para las distintas actuaciones. Así, el plan para la restauración de explotaciones en las comarcas mineras se fija entre 2018 y 2023; las medidas excepciones para las empresas, entre 2019 y 2015; y las medidas de reactivación de las comarcas mineras para el periodo 2019-2017.

Aunque este preacuerdo deja la puerta entreabierta a la continuidad de la minería competitiva, es bastante concreto en lo que al plan social se refiere para dar la mayor cobertura posible a los trabajadores que se puedan ver afectados por el cierre de las explotaciones a las que pertenecen. Así, se precisan bajas indemnizadas para los trabajadores con la condición de plantilla propia anterior a 31 de diciembre de 2017 y con la cuantía actual; prejubilaciones para trabajadores que tengan al menos 48 años de edad equivalente, con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda o, al menos, 20 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón en la empresas privadas; y otras ayudas para los trabajadores afectados que no puedan acogerse a las anteriores situaciones, como puede ser el reconocimiento de la prestación por desempleo por el periodo máximo legal con independencia de sus periodos de ocupación cotizada. Además, se incluye en el preacuerdo la consideración de excedentes mineros a aquellos trabajadores que hayan prestado servicio en empresas auxiliares (contratas y subcontratas) de las empresas mineras.

En lo que se refiere a la reactivación de las comarcas mineras, se prevé «un plan de acción urgente» que incluye la continuidad de las medidas de impulso económico y reactivación de los territorios mineros afectados, la restauración de explotaciones, un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética y la elaboración de contratos de transición justa para las comarcas afectadas por el cierre de Minas. De igual modo, el preacuerdo cita medidas para el apoyo a nuevas tecnologías, formación, trabajadores excedentes y seguridad minera.

Este preacuerdo, que busca «salidas no traumáticas» para los trabajadores y los territorios mineros, deberá hacerse firme con la firma ya del acuerdo por parte de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. A partir de ahí se celebrarán comisiones de seguimiento del plan durante el periodo 2019-2027 para vigilar que se da cumplimiento a este marco de actuación.

Pendiente queda todavía para los sindicatos la negociación del Plan de Empresa de Hunosa, ya que en el preacuerdo firmado este lunes se estipula que la empresa estatal minera «por sus especiales características y su particular relevancia en el conjunto del sector y en la cuenca central asturiana, estará sujeta a su propio plan», el cual tendrá características propias tanto en el ámbito social como en los compromisos específicos en el ámbito de la reactivación económica y su transición a un nuevo modelo económico.

Valoración de los sindicatos

Los sindicatos acudían a la reunión prevista para este lunes en la sede del Ministerio de Industria con el firme objetivo de arrancar «un acuerdo global» para el sector minero. Después de casi 10 horas de negociación, la jornada culminaba con un principio de acuerdo con el que el SOMA-FITAG-UGT se declaraba «razonablemente satisfecho», mientras que desde CCOO manifestaban que es «el mejor acuerdo al que se pudo llegar en las circunstancias actuaciones y dada la situación del sector, de las empresas y de los propios trabajadores».

José Luis Alperi, secretario general del SOMA, justificaba su valoración en que el preacuerdo «evita dar carpetazo al carbón autóctono el próximo 31 de diciembre poniéndole una losa de hormigón» y, en todo caso, da «cobertura a todos los trabajadores». No obstante, el responsable sindical ha apostillado que queda por ver «qué es minería competitiva», ya que considera que dependerá de cómo evolucione el mercado y si las empresas privadas que están en concurso de acreedores o liquidación son capaces de salir de esos procesos.

Por su parte, el secretario de la Federación de Industria de CCOO de Asturias, Damián Manzano, ha destacado que se haya logrado la flexibilización en la devolución de las ayudas de las empresas que continúen más allá de 2018, así como la promoción del carbón autóctono como un modo de favorecer el empleo. En la parte social ha destacado que en vista de la situación de las empresas privadas asturianas se acordaran «salidas no traumáticas» para los trabajadores de 48 años en edad equivalente y la creación de una bolsa de empleo para que los trabajadores que no se encuentren en esta situación sean quienes realicen las labores de restauración medioambiental. Manzano también ha puesto de relieve que se haya logrado una dotación de 250 millones de euros para reactivación de las comarcas mineras.

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