Llega el día D de las listas de espera sanitarias en Asturias

Susana D. Machargo REDACCIÓN

ASTURIAS

Los pacientes esperan en una de las salas de espera de las consultas externas del HUCA.Pacientes esperan en una de las salas de espera de las consultas externas del HUCA, en una imagen de archivo
Pacientes esperan en una de las salas de espera de las consultas externas del HUCA, en una imagen de archivo

El decreto de tiempos máximos de espera entra en vigor hoy. Los últimos datos reflejan un incumplimiento generalizado de los plazos. El Principado ultima una herramienta informática centralizada

12 nov 2018 . Actualizado a las 11:41 h.

Hoy, 8 de noviembre de 2018, es el día día D y la hora H de las listas de espera sanitaria. Entra en vigor el decreto 59/2018 sobre garantía de tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado (Sespa), información sobre las listas de espera y registro de demanda asistencial. Es decir, a partir de esta jornada, el Sespa tendrá que comenzar a cumplir por ley unos plazos para atender a los pacientes, tanto para las primeras consultas como para las pruebas diagnósticas o las intervenciones quirúrgicas. El problema es que está lejos de cumplirlos. Las listas de espera del mes de septiembre, las últimas hechas públicas por el Principado, confirman un grado de cumplimiento ínfimo. No obstante, el Gobierno regional señala que está haciendo todo lo posible por cumplir.

«El problema es que esto es algo que no ocurre de un día para otro. Se han metido en un auténtico atolladero», señala Carlos Ponte, presidente de la Federación de la plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública Asturiana, que ha participado en el proceso de discusión de este decreto. Desde que salió el primer borrador de decreto, ha afirmado reiteradamente en todos los foros en los que ha participado que hay algunos aspectos positivos del decreto, pero que contiene «lagunas, insuficiencias y enfoques erróneos», que en su conjunto no le han permitido dar su conformidad. Entre ellas, destaca la incoherencia entre los objetivos y la realidad. Es más, cree que esos incumplimientos podrían tener repercusiones legales. Si un paciente se siente perjudicado podría, incluso, llegar a los tribunales.

«Con el propósito de cumplir adecuadamente las prescripciones normativas establecidas, resulta oportuno indicar que actualmente se está trabajando en medidas organizativas para continuar no sólo mejorando los tiempos garantizados sino también el resto de procedimientos y consultas»: en estos términos se expresa la propia Consejería de Sanidad cuando está a punto de llegar el momento clave. «El Servicio de Salud quiere cumplir los tiempos máximos que se garantizan en el decreto», insiste.

Beneficios

Volviendo al terreno de los práctico, ¿en qué va a notar un paciente a partir de hoy la entrada en vigor del decreto? En primer lugar, podrá tener una acreditación oficial del día en el que entra en lista de espera, para qué servicio o prueba. Si se cumple el tiempo máximo previsto para la consulta, prueba o intervención que ese enfermo tiene pendiente, podría presentarse en un mostrador de atención al paciente del Sespa y exigir que se cumpla la legislación. En teoría, también podría recibir información invididualizada sobre la posición en la que está colocado en la lista y cómo va su expediente. Sobre este último aspecto, Carlos Ponte plantea sus dudas, ya que tiene constancia de que había problemas informáticos para poner este apartado en marcha. En principio, debería ser posible ya que se crea un registro único de pacientes, que va a permitir planificar y ordenar la actividad y, además, se garantiza «la información veraz y la transparencia en los datos, de forma que la población pueda conocer puntualmente los tiempos de respuesta de los centros sanitarios», indica la legislación. Garantiza también el acceso a la información «de forma individualizada y confidencial».

Los tiempos son de público conocimiento. Se han manejado durante meses de debates y se han añadido en un anexo al decreto, publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) el pasado 8 de octubre. Fija un tiempo máximo de espera para la primera consulta en diez servicios. Ese máximo será de dos meses en Ginecología, Oftalmología, Traumatología, Dermatología, Otorrinolaringología, Neurología, Cirugía General, Urología, Aparato Digestivo y Cardiología. Cinco pruebas diagnósticas contarán también una espera máxima, que no se podrá sobrepasar, de dos meses. Se trata de las colonoscopias, mamografías, ecografías, resonancías y tacs. Las operaciones consideradas prioritarias tendrán una demora tope de 180 días. Son seis procesos diferentes: cirugía cardiaca valvular, cirugía cardiaca coronaria, cataratas, prótesis de cadera, prótesis de rodilla y histerectomía.

No será posible derivar a centros privados para corregir las deficiencias de la sanidad pública. Esa alternativa, que sí estaba en el primer documento que manejó la propia administración, quedó descartada. Provocó gran rechazo entre algunos grupos políticos de la oposición, como Izquierda Unida, y en colectivos de pacientes. Denunciaban que se trataba de una privatización de facto de la atención que no se podía consentir.

¿Ya cumple el Principado?

Si se analiza el balance del mes de septiembre es sencillo comprobar que la realidad está lejos del decreto. Por especialidades, hay tres que no cumplen con la demora media estructural. El ránking lo encabeza, con casi el doble de los dos meses, Traumatología (115 días). Le sigue Oftalmología, con 75,86 días, y Urología, con 74,60 días. Recuerda Carlos Ponte que las medias son eso, medias. Es decir, que hay muchos pacientes que llevan pendiente de una consulta mucho más tiempo.

La situación empeora cuando se analiza el siguiente paso, las pruebas diagnósticas, por hospitales. El que presenta una mayor saturación es el HUCA. Las resonancias, por ejemplo, está en más del doble del objetivo que se ha marcado la sanidad asturiana, con 125 días. Solo cumple con las colonoscopias, que está en 21 días. Ningún centro hospitalario público acata el decreto en este apartado al 100%. Jarrio, Cangas del Narcea, Cabueñes y Valle del Nalón tienen problemas con las colonoscopias. El Álvarez Buylla, con las ecografías. El San Agustín falla en los Tac. El de Arriondas solo llega con las ecografías. 

El tercer apartado fundamental es el de las operaciones. En este capítulo el Sespa puede respirar con cierta tranquilidad. Los datos, a fecha 30 de septiembre, reconocen que no supera los seis meses de demora en varias intervenciones de las que ha añadido a su reto. Pero sí tiene pacientes que llevan más de 180 días pendientes de pasar por quirófano para someterse a una intervención de cataratas o para colocarles una prótesis de cadera  o una de rodilla.

En qué trabaja Sanidad

«Con el fin de hacer efectiva la garantía de tiempo máximo de acceso, será el Sespa el que establecerá los mecanismos necesarios para mejorar la utilización de los servicios asistenciales, ofertando a las personas usuarias alternativas adecuadas para la prestación de la atención sanitaria», explica la administración. Para conseguirlo está trabajando en una herramienta informática centralizada donde saldrían todos los huecos disponibles dentro la red hospitalaria pública. Al paciente se le ofertarán todas las posibilidades y se le confirmará la cita, una vez concretado con el área sanitaria correspondiente. «Entendemos que trabajando en red se posibilitaría ofertar una cita en dicho tiempo, empleando así la totalidad de los recursos», argumenta.

Sanidad confirma que al usuario, tal y como recoge el decreto, se le entregará una justificación de inclusión en la lista de espera quirúrgica en el momento de la inclusión. De todas maneras, el paciente que quiera podrá solicitar a través del Servicio de Atención al Ciudadano un certificado donde estarán las pruebas y procedimientos quirúrgicos garantizados y de consultas de especial atención y donde constará su situación en lista de espera, con todos los datos que recoge el propio decreto.

El usuario podrá reclamar la garantía de tiempo máximo de acceso al Servicio de Salud, cuando el plazo haya expirado. En ese momento, el Sespa le ofertará el centro con preferencia o le propondrá varias opciones, «teniendo en cuenta para ello circunstancias como la cercanía o sus propias preferencias y siempre dentro de las posibilidades que existan». La consejería explica que ya ha hablado con los Servicios de Atención al Ciudadano para que a los pacientes les oferten el centro si es posible antes incluso de lo soliciten oficialmente, «cuando se pongan en contacto con el Servicio de Atención al Usuario para solicitar la información».

Valoraciones

Carlos Ponte teme conflictos en un doble sentido. El primero con los pacientes, porque considera que la sanidad asturiana no está preparada para asumir el reto que se ha marcado. A su juicio, tendrían que haberse dado plazos progresivos, rebajando de modo paulatino las fechas hasta llegar a un objetivo que se considere aceptable. Con este sistema actual, de dar un único plazo, lo que van a conseguir es quedarse al margen de su propia ley. El segundo está relacionado con los profesionales. Teme que se produzcan tensiones entre las gerencias de área y los profesionales de los diferentes servicios. Los administradores querrán apretar a los trabajadores que, en la mayoría de los casos, hacen todo lo que pueden con los recursos con los que cuentan. Ponte indica que esto pasó, por ejemplo, en País Vasco, así que en Asturias podría reproducirse.