El Gobierno trata de evitar el cierre de Alcoa con una subasta eléctrica solo para medio año
ASTURIAS
Las industrias beneficiarias exigen pujas a más largo plazo
13 nov 2018 . Actualizado a las 07:58 h.Dicho y hecho, pero a medias. Como anunció el jueves pasado la ministra de Industria, Reyes Maroto, habrá una nueva subasta para adjudicar incentivos a las empresas que, como Alcoa, tienen una alta dependencia de la energía.
Será del 10 al 14 de diciembre, pero solo tendrá validez para los primeros seis meses del 2019. Es decir, que las industrias solo obtendrán en la puja descuentos en la factura de enero a junio. A partir de ahí, incertidumbre, exactamente lo que menos desean las empresas, que exigen subastas a más largo plazo para realizar previsiones a medio plazo.
El procedimiento de concurrencia competitiva entró en vigor en el ejercicio del 2015. Desde entonces, todas las pujas adjudicaron energía con incentivos para un año completo, salvo el 2018 y ahora también el 2019. El motivo, que se trata de un mecanismo provisional sujeto a reformas.
La convocatoria de la próxima puja se efectúa en plena crisis de una de sus principales adjudicatarias, Alcoa, que tiene en marcha un proceso para cerrar las fábricas de aluminio primario de Avilés y A Coruña y despedir a sus casi 700 trabajadores de plantilla.
De hecho, Maroto anunció la subasta como una posible solución a los problemas de las plantas, ahogadas por el elevado coste energético, pese a los incentivos públicos que reciben para reducirlo. La multinacional estadounidense alega que el precio de la electricidad ya no es el principal problema de las instalaciones, así que está por ver si las plantas de A Coruña y Avilés siguen activas para cuando se celebre la puja.
La multinacional se llevó en las subastas organizadas hasta el momento alrededor de 500 millones de euros. Estos pagos por interrumpibilidad bonifican a las empresas que están dispuestas a suspender su consumo en caso de necesidad. Hasta finales de mayo se habían emitido ya más de 600 órdenes de interrupción por criterios económicos, según datos de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE). Esta organización criticó el resultado de la última subasta por suponer un «drástico recorte» en la retribución anual del servicio, de 209 millones al año, un 40 % menos que en el 2017, y advirtió que esto repercutiría en la competitividad de las industrias electrointensivas.
