El año en que Asturias cambió el chip sobre violencia de género y agresiones sexuales

El 8-M y la sentencia de La Manada han espoleado a una sociedad que se reivindica como más feminista frente a un sistema patriarcal. Las víctimas reciben mayor respaldo en sus denuncias

Protestas en Asturias por la sentencia de la Manada
Protestas en Asturias por la sentencia de la Manada

redacción

Asturias conmemora hoy el Día Internacional contra la Violencia sobre las Mujeres y lo hace con la sensación de que la perspectiva y la visión general en torno a ese tipo de violencia que durante años ha sometido a las mujeres está cambiando. Hay un cambio de chip. Ha ido evolucionando durante los últimos años con las campañas que animaban a las propias víctimas a denunciar a su maltratador; con otras que instaban a familiares, amigos y vecinos a no ser cómplices con su silencio de los violentos maridos, parejas o exparejas; con medidas de asesoramiento y apoyo para las que las que deciden dar el paso y denunciar no se sientan solas; con cambios en la legislación y hasta con un Pacto de Estado que, en diciembre del 2017, ratificaban los distintos grupos parlamentarios, las comunidades autónomas y las entidades locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero ha sido en este año 2018 cuando se ha producido un verdadero punto de inflexión en torno a la violencia de género y las agresiones sexuales. La huelga de las mujeres del 8-M y una sentencia para La Manada no tan ejemplar como se esperaba, generaron unión y movimientos sociales que han conseguido girar el foco y que la atención se ponga en la existencia aún de un sistema patriarcal que hay que transformar «porque nos está matando», dice la integrante de Asamblea Moza d’Asturies, Sara Combarros.

De ese cambio de perspectiva se ha hecho eco el Gobierno del Principado y para este 25-N ha convocado a la ciudadanía asturiana bajo el lema No hay peros que valgan. Sólo sí es sí, constatando que a partir del caso acaecido durante los sanfermines de 2016 se ha cambiado hasta la forma de comunicar para que quede claro que nada justifica una agresión sexual si no hay un consentimiento expreso. El mensaje elegido por la administración regional ha sido bien acogido por el colectivo Abogadas por la Igualdad, que considera que uno de los problemas de las violencias de género y sexuales «es la falta de credibilidad de la mujer» porque aún se mantiene una estructura patriarcal y por los estereotipos de género. Así, señala Elena Ocejo que lemas como ese contribuyen a ese cambio de percepción que se está dando en los últimos meses sobre la violencia de género, un cambio en el que todavía hay que profundizar pero que está echando raíces en el ámbito judicial y social, en opinión de la Fiscal de Violencia de Género en Asturias, María Eugenia Prendes. «Las mujeres estamos tomando fuerza y tomando la palabra, haciéndonos ver y haciéndonos oír», enfatiza esta última pese a reconocer que «aún hay mucho margen para mejorar».

Según la memoria de la Fiscalía asturiana que recoge los datos de 2017, el pasado año se tramitaron más de 2.800 procedimientos penales por violencia de género y de las 395 medidas cautelares solicitadas (que incluyen órdenes de protección tramitadas, prisión provisional y órdenes de alejamiento) se concedieron 285, mientras que 110 fueron denegadas. Pero la preocupación de la fiscal es que pese a los incrementos de las denuncias que se han ido sucediendo en los últimos años y pese al cambio de perspectiva hacia la violencia de género que se ha producido este año «sigue habiendo una violencia oculta que no se sabe y no se conoce». Sin embargo, María Eugenia Prendes considera que «a las mujeres hay que dejar de cargarlas de responsabilidad» y de hacerlas sentir culpables con mensajes dirigidos a ellas «cuando a los que hay que sacar a la luz es a los agresores poniendo el acento en su comportamiento».

Formación de los operadores jurídicos

Este es un ámbito en el que cree que se debe mejorar institucionalmente al igual que señala que se debe evitar que las mujeres sientan «un maltrato institucional» en los juzgados cuando denuncian a su agresores. «Si todos somos profesionales, no hay por qué dudar sistemáticamente del testimonio de las mujeres», comenta la fiscal de Violencia de Género de Asturias, que tampoco considera oportunas las pruebas periciales ni que los peritos se conviertan en pseudoponentes «porque eso es un segundo atentado contra la dignidad de las mujeres», argumenta. Así, Prendes manifiesta que aunque la perspectiva de género está cambiando, «todavía queda camino por recorrer», y en el ámbito judicial apuesta porque sea a base «de la formación de todos los profesionales que trabajamos en estos temas de violencia de género: jueces, fiscales, abogados, policías, médicos…», porque la misma precisa que trabajar en un juzgado especializado no significa estar formado. «Las leyes nos las sabemos, pero necesitamos formación para ver las cosas de una forma diferente», apostilla.

En la necesidad de formación de todos los operadores jurídicos coincide con ella Elena Ocejo, de Abogadas por la Igualdad, que señala que es necesaria «para que exista comprensión y empatía y no se ponga en duda a las víctimas», porque asegura que todas aquellas personas que preguntan a las mujeres maltratadas «porqué no lo han denunciado antes haciendo una pregunta reproche» denotan falta de formación. En su opinión, esas personas suponen «un peligro» porque generan en las mujeres «el miedo a dar el paso por temor a no ser creídas si no tienen pruebas». La histórica estructura patriarcal y los estereotipos de género son los otros dos aspectos a los que achaca la «falta de credibilidad en la mujer» y que durante años no se diera visibilidad a la violencia de género y a las agresiones sexuales.

Pero en los últimos meses, en gran medida a raíz de la sentencia a La Manada por la agresión sexual colectiva a una joven durante los sanfermines de 2016, la contestación de los movimientos sociales y feministas en las calles han generado un cambio de chip al que se han sumado chicos y hombres adultos. Ocejo señala que esos movimientos no deben entenderse «como una justicia paralela» sino como una petición «de una justicia con perspectiva de género», porque recuerda que el principio de igualdad «debe ser inspirador de todo el ordenamiento jurídico» y que, por tanto, cualquier sentencia debe dictarse al amparo de eso.

El consentimiento tiene que ser expreso

Por otro lado, valora positivamente el lema con el que el Principado convoca a la ciudadanía para este 25-N, ya que considera que «sólo el sí es sí». «El consentimiento tiene que ser expreso, lo demás es abuso o agresión», defiende la representante de Abogadas por la Igualdad, que se alegra de que haya «más conciencia en general» sobre la violencia de género, las agresiones sexuales y la defensa de la igualdad aunque tenga claro que «la igualdad real todavía está muy lejos».

«Antes se pensaba que lo de la igualdad era una cosa de las feministas, pero ahora ha cambiado la percepción e, incluso, las chicas más jóvenes que antes entendía al feminismo como al recalcitrante, ahora se han visto amenazadas y se han dado cuenta de que no hay igualdad», manifiesta Elena Ocejo, que aunque está convencida de que «es más fácil cambiar leyes que cambiar mentalidades», sí reconoce que las están removiendo con la visibilidad que se les está dando a todos los casos que tienen como víctimas a las mujeres.

La unión intergeneracional, clave para el feminismo

Para Sara Combarros,  integrante de Asamblea Moza d’Asturies «la unión intergeneracional de jóvenes y mayores» ha sido clave para que el 8-M fuera «un punto de inflexión». Ella la define como «una jornada histórica que transformó conciencias y abrió muchos cauces para cambiar cosas concretas», y pone como ejemplo la justicia que, en su opinión, ha quedado más en evidencia que nunca que es «una justicia patriarcal» después de la sentencia a La Manada. «Se evidenció una justicia patriarcal que no nos entiende, nos juzga a nosotras, nos revictimiza y nos desprotege», comenta Sara Combarros. Así se fija en esos dos hechos, sin olvidar el trabajo realizado durante los años anteriores, para corroborar que este año ha sido «un año especial» en el que ha quedado demostrado que «el feminismo es algo que está cambiando Asturias y España en cuanto a la forma de relacionarnos y en la forma de vivir la propia democracia».

«Nos hemos dado cuenta de que sentimos acoso y abuso en el día a día: en la calle, en el hogar, en el trabajo, en las aulas de la Universidad, cuando salimos de fiesta, y los movimientos sociales que se han generado han sido una forma de politizarnos y que todo el mundo se de cuenta de que lo sufrimos y que es por el patriarcado», comenta con la satisfacción de que en los últimos meses se haya construido «un relato colectivo de que ese es un sistema que tenemos que cambiar porque nos está matando».

Para esta integrante de Asamblea Moza d’Asturies es importante que por fin se haya producido esa «conexión intergeneracional entre feministas» y que eso a su vez haya generado «feminismo en la sociedad asturiana y española», un feminismo que asegura ya no sólo lucha por los derechos de los mujeres, sino que es «una lucha para transformar todas las injusticias sociales de este sistema que se queda cojo en muchos ámbitos. Es una lucha que se abre a los conflictos sociales» para hacer «transformaciones profundas», manifiesta Sara Combarros.

Un logro para ella ya es que «la sociedad se está declarando y reivindicando como feminista», lo que a su entender sirve «para que las mujeres víctimas de la violencia de género denuncien» y se visibilicen todos esos casos de acoso y abusos que antes quedaban en el ámbito privado por el miedo de las víctimas a no ser entendidas. «Así acabaremos con la impunidad machista», concluye.

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