El portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, explica que Asturias realizará sus propios cálculos sobre la mengua de fondos de la UE
28 nov 2018 . Actualizado a las 13:18 h.El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, explicó este miércoles durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que el Ejecutivo asturiano está en el proceso de realizar sus propios cálculos sobre la pérdida de recursos que podría suponer el recorte previsto de los fondos comunitarios en el próximo marco financiero plurianual (2021-2027). Martínez también destacó que a lo largo de la jornada de ayer habían mantenido conversaciones con la Xunta de Galicia para aunar esfuerzos en este asunto. Es precisamente desde el gobierno gallego desde donde se lanzó una valoración pesimista del calado de esta mengua de fondos; hasta un 37% menos para Asturias (unos 277 millones sobre el total del alrededor de 1.000 que suponen las ayudas recibidas por el Principado desde Europa) y que llegan al 46% en el caso de Galicia.
«No nos vamos a quedar parados ante una hipotética pérdida de recursos», señaló Martínez quien en todo caso resaltó que el Principado tendrá que establecer primero por sus propios medios la cuantía de esa merma a la par que señaló que se aunarán esfuerzos con la comunidad vecina para trata de ejercer toda la presión posible. En todo caso, las posibilidades de que las comunidades en sí pueden hacer valer su voz en solitario ante Bruselas son escasas. «Se está negociando en estos momentos ante la U(E y también con Madrid porque se trata de un paquete conjunto y el Gobierno de España tendrá la última palabra en el reparto» entre comunidades, destacó el consejero de presidencia quien insistió en que el Principado «va a actuar con todos los mecanismos» a su alcance para que no haya una reducción de los recursos.
En parte la cuestión de este debate se debe a que ese marco financiero plurianual (que deberá regir para el periodo 2021-2027) fijó muchos de sus criterios en los años más duros de la crisis, de manera que varias comunidades vieron reducido su estatus, y en el caso de Asturias, y también de Galicia, se ha pasado a considerarlas de territorios más desarrollados (en cuando al porcentaje del PIB respecto a la media comunitaria) a comunidades en transición. Paradójicamente, los fondos europeos destinarán un monto mayor, hasta un 5% más, a las ayudas pero Asturias y Galicia perderían aportaciones porque en cada grupo se mide por criterios distintos. Tanto Asturias como Galicia comparten varios problemas comunes, como una enorme incidencia del envejecimiento de la población, y desde la Xunta se apuesta porque se tenga en cuenta ese criterio para poner freno a la reducción de recursos. Pero el factor demográfico encontraría pocos aliados entre el resto de comunidades del Estado, e incluso para alguna de ellas podría resultar perjudicial. Desde Asturias se estudia promover, de forma similar a su propuesta en el debate en la reforma de la financiación autonómica, que se establezca un mecanismo para aunque haya una nuevo diseño del reparto de fondos, nunca puedan ser menores que los ya obtenidos con anterioridad.
El Fondo Europeo de Desarrollo (Feder) aporta 317 millones de euros, una cantidad similar a los 325 millones aprobados para desarrollo rural. El Fondo Social Europeo, que financia políticas de empleo, inclusión social e igualdad de oportunidades, entrega 87 millones y las políticas pesqueras de la FEMP, otros 24 millones. La suma de esas cuatro fuentes da una transferencia de más de 750 millones de euros desde Bruselas, que, sumados a la cofinanciación de algunos proyectos con fondos propios de la comunidad autónoma o inversiones del Gobierno central español, permitirán abordar proyectos, desde carreteras a I+D+I pasando por mejoras para el mundo rural, por valor de más de 1.000 millones de euros.
