Alcoa concede 15 días más «improrrogables» para negociar el ERE

La compañía asegura que quiere avanzar en la negociación y encontrar una solución para ambas partes

Trabajadores de Alcoa durante la asamblea celebrada en Avilés donde los representantes de los empleados de la planta asturiana y de la A Coruña
Trabajadores de Alcoa durante la asamblea celebrada en Avilés donde los representantes de los empleados de la planta asturiana y de la A Coruña

El plazo para la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) de las plantas que Alcoa va a cerrar en La Coruña y Avilés (Asturias) se ha prorrogado de nuevo, esta vez hasta el 15 de enero, aunque la dirección ha dicho que esta fecha ya sí será improrrogable. Según han informado a Efe fuentes de la dirección de Alcoa, tras la reunión que han mantenido con los representantes sindicales, en el mismo día que expiraba el plazo de la última de las prórrogas, se ha decidido extender por segunda vez el periodo de consultas sobre el ERE extintivo que la multinacional tiene planteados para su centros de La Coruña y Avilés, que emplean a 686 personas. Las mismas fuentes han indicado que han vuelto a trasladar a los representantes de los trabajadores su disposición a mantener un diálogo que «permita avanzar en la negociación y lleve a encontrar la mejor solución para ambas partes».

Finalmente, el acuerdo fue posible porque ambas partes se comprometieron a presentar propuestas. La de la empresa será un plan social para los empleados despedidos; la de los sindicatos, alternativas al cierre, aunque aún tienen que elaborar la propuesta concreta. Esta en ningún caso pasará por aceptar el cierre de las instalaciones ni la pérdida de empleos, según resaltaron representantes sindicales al final de la reunión.

La legislación española establece un período de 30 días para el desarrollo de las negociaciones entre la empresa y los representantes de los trabajadores en los ERE, aunque en este caso, con la nueva ampliación acordada, llegará a los 75 días. Fuentes de la multinacional destacaron que se trata del segundo aplazamiento que concede y que con él habrá negociado durante dicho plazo, cuando la legislación española establece en 30 el período de información y consultas. La compañía ya había anunciado que estaba dispuesta a ampliar el plazo, pero solo si apreciaba avances significativos en las conversaciones. En realidad, no las hay, al menos no en el sentido que le gustaría a la compañía, que no ha conseguido que los sindicatos acepten negociar los despidos y el cierre de las plantas. Pero las mismas fuentes explicaron que sí han visto al menos voluntad negociadora y que la legislación permite ampliar el período de información y consultas para buscar alternativas al expediente o para pactar las condiciones de los despidos. Los representantes de los trabajadores se agarran a la primera opción.

Las próximas y decisivas reuniones han quedado fijadas para los días 8, 9, 10, 14 y 15 de enero.

La multinacional mantuvo la incógnita sobre si prorrogaría o no los plazos hasta el final. Así que la de este jueves podría haber sido el último encuentro. Con ese motivo, los trabajadores de Avilés volvieron a manifestar a las puertas de la fábrica asturiana. Los coruñeses decidieron plantarse en Madrid, a la entrada del hotel donde se decide sobre su futuro. Un centenar de operarios se manifestaron fuera. La reunión duró casi diez horas. Parte del encuentro se dedicó a resolver los desacuerdos de los sindicatos con el contenido de las actas de las reuniones, que no recogen todo.

Tres meses de incertidumbre

Alcoa anunció en octubre pasado que va a cerrar dos de sus tres plantas en España, las de La Coruña y Avilés, y sólo mantendrá la de San Cibrao, en Cervo (Lugo), pues consideran que las otras dos fábricas no son competitivas. El pasado 5 de diciembre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acordó con el fabricante estadounidense de aluminio crear una mesa de negociación que sirva de canal de comunicación para analizar las posibles ofertas de compra que se puedan recibir por las dos fábricas que plantea cerrar. La intención de Industria y de los gobiernos autonómicos en que se ubican las fábricas es la de encontrar inversores que compren las instalaciones y desarrollen proyectos industriales en ellas.

Además, el Gobierno consiguió el pasado 20 de diciembre que se convalidara el real decreto-ley que aprobó el Consejo de Ministros con medidas de apoyo a la industria electrointensiva, entre ellas la elaboración de un Estatuto para la Industria Electrointensiva en el plazo de seis meses. El grupo popular en el Congreso ha dicho que va a presentar una enmienda a la totalidad durante la tramitación del texto como proyecto de ley para modificar las medidas del mismo que afectan al sector eléctrico y que pueden encarecer la factura de la luz. El real decreto-ley incluye medidas de apoyo a la industria electrointensiva y la regulación de las redes cerradas de distribución en zonas industriales.

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