Más de 15.000 hogares asturianos perderán el martes su derecho al bono «térmico»

El presidente de la UCE denuncia la «opacidad del Gobierno, que no aporta información». El colectivo presenta denuncias contra las comercializadoras

Dacio Alonso, presidente de la UCE
Dacio Alonso, presidente de la UCE

Oviedo

La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha presentado una denuncia ante la Consejería de Sanidad y Consumo, así como a la Consejería de Industria, contra las comercializadoras de las que la asociación ha tenido quejas. Estas compañías eléctricas son EDP, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo. El día 31 de diciembre finaliza la segunda prórroga para renovar el antiguo bono social eléctrico, del que según las estimaciones de la UCE «más de 15.000 hogares de Asturias, pierden su derecho a los descuentos y al nuevo bono térmico». Los datos han sido aportados por el presidente de UCE, Dacio Alonso, que ha indicado que «hay una opacidad» por parte del Gobierno y ha indicado que «no aportan datos ni información».

Alonso no entiende «cómo un dinero público destinado a ayudar a las familias pobres se encomienda exclusivamente a las compañías eléctricas» y ha calificado de «vergonzosa» la actuación del Gobierno. En este sentido, ha cargado contra el Gobierno de Asturias por no hacer una campaña informativa y ha explicado que han atendido 2.109 consultas mediante la campaña realizada por la propia asociación durante los meses de agosto y septiembre para informar a la ciudadanía. El bono fue aprobado en octubre del 2017 y la primera prórroga finalizaba en abril de 2018, ha explicado. «Para esa fecha el número de solicitudes no llegaba al 15%» y ha apuntado «que se hizo una nueva prórroga hasta octubre de 2018 en la que se recogieron solo un 20% de solicitudes». El responsable de UCE ha añadido que «esto supone un fracaso total porque no se hizo lo suficiente para que la gente lo solicitase».

Desde UCE alertan de que «las familias que no hayan presentado la solicitud de renovación tampoco podrán disfrutar del nuevo bono térmico», bono que consiste en una transferencia económica que puede oscilar desde los 40 euros a los 120 euros. «Además de perder el bono, se les incrementará la tarifa sobre energía un 30%, con el bono antiguo la rebaja se aplicaba sobre potencia y energía», ha añadido Alonso. Con ésta ya son tres las denuncias presentadas en lo que va de año por incumplimientos de las compañías eléctricas. Según lo expuesto, las anteriores denuncias estaban relacionadas con la paralización de la facturación y con los cortes de suministro eléctrico que afectaron a más de 15.000 usuarios durante cinco días en el temporal de octubre. Ante estos hechos han indicado que «sigue sin haber respuesta por parte de la Administración a los expedientes sancionadores». En consecuencia, la Unión de Consumidores recomienda para reducir el coste de la tarifa eléctrica volver al mercado regulado y contratar discriminación horaria. En este sentido, Alonso ha apuntado que harán una campaña informativa durante el próximo año.

Abuso de las eléctricas

La Unión de Consumidores ha explicado cada uno de los «abusos» que las compañías han desarrollado para dificultar el acceso de la familias al bono social. La mayoría de las quejas recibidas están relacionadas con la dilación o el retraso que sufren los usuarios, tras haber presentado la solicitud hace más de un mes. En otros casos, la solicitud viene denegada por ser pensionista y tienen que volver a presentarla por motivos de renta. Asimismo, han recogido casos de envío de cartas disuasorias y confusas que no explican los motivos por los que se deniega la solicitud y otros en los que han solicitado documentación innecesaria, como la Declaración de la Renta, o solicitudes denegadas porque faltaba la firma del solicitante en el formulario. Por otro lado está el caso de una compañía, que ha cambiado su dirección de correo electrónico que figuraba inicialmente en la solicitud sin comunicar la decisión a los usuarios. Informa Europa Press

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