Javier Fernánez gestionará el primer presupuesto aprobado por la izquierda

La Voz REDACCIÓN

ASTURIAS

PACO RODRÍGUEZ

El pleno rechaza las 250 enmiendas parciales presentadas por PP, Foro y Ciudadanos y saca adelante las cuentas para 2019

28 dic 2018 . Actualizado a las 13:36 h.

El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado, tras rechazar todas las enmiendas parciales presentadas por la oposición, el presupuesto de la comunidad autónoma para 2019, el segundo que sale adelante en esta legislatura y el primero pactado por el PSOE con Podemos e IU. El presupuesto aprobado se eleva a 4.524 millones de euros -un 0,8 por ciento más que el rechazado en 2017- y destina el 68 por ciento de sus fondos a gasto social y 357 millones a inversiones. PP, Foro y Ciudadanos, que la semana pasada vieron rechazadas sus enmiendas de totalidad, no han conseguido sacar adelante ninguna de las 250 parciales presentadas a un texto que, a su juicio, reitera las erróneas políticas de los últimos años y que no servirá para sacar a Asturias de la crisis.

El Gobierno del socialista Javier Fernández cierra sus seis años de mandato en Asturias gestionando un presupuesto pactado, por primera vez en esta legislatura, con Podemos y que cuenta además con el respaldo de IU tras haberse apoyado en el PP en 2015 y 2017 para sacar adelante las cuentas.

Este primer acuerdo entre el PSOE y Podemos «deja atrás una austeridad injusta» pese a que haya costado cuatro años romper una alianza entre socialistas y populares que trajo «malos presupuestos para Asturias y que en España trajo nada más y nada menos que a Mariano Rajoy», según el portavoz morado, Enrique López, A su juicio, ante un PSOE subido «a la ola de los recortes» Podemos ha logrado la legislatura autonómica no sea «baldía» pese a que no sea «fácil» moverse en el ámbito institucional dado que «la moqueta tira mucho» a la vez que ha advertido de que un verdadero gobierno de cambio en Asturias «será de Podemos o no será».

Por su parte, la diputada socialista Margarita Vega ha calificado de «inviables, incoherentes, inapropiadas y perjudiciales» las enmiendas planteadas por una derecha a la que ha reprochado su alianza en el Senado para elevar el techo de gasto público que impide que las comunidades autónomas cuenten con más recursos.

Por el contrario, para el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons el hecho de que el Gobierno de Javier Fernández opte al final de su mandato por entregarse «a la izquierda radical» genera una coyuntura política que «no pinta bien para Asturias». De «pésima noticia» ha calificado el parlamentario popular la aprobación de unas cuentas que responden a un pacto que no está hecho a la medida de los asturianos sino de intereses partidistas de las tres formaciones que han suscrito un acuerdo que supone «un retroceso claro» para Asturias y que agrava sus problemas.

Para IU, se trata de un buen presupuesto, útil para Asturias, que crea empleo y fortalece los servicios públicos y que es fruto del acuerdo entre una mayoría parlamentaria sin que haya razones para que su aprobación «asuste tanto a la derecha», a juicio de la parlamentaria de la coalición Concha Masa.

Según Foro, las cuentas de 2019 son «continuistas» respecto a ejercicios anteriores aunque ahora hayan sido elaborados «por el tripartito de izquierdas» y constituyen «una copia» de las políticas que han llevado a Asturias a su «lamentable» situación actual.

Por su parte, Ciudadanos ha cuestionado el carácter progresista de las cuentas a la vez que ha calificado de «inocentada» que «la propaganda gubernamental» pretenda destacar el gasto social previsto en el presupuesto con el que se cerrará la legislatura dado que «no tiene nada ni de progreso económico ni de progreso social».

Entre las enmiendas parciales incorporadas a iniciativa de PSOE y Podemos la de mayor cuantía es la destinada a aportar 385.000 euros a Gijón al Norte para impulsar el Plan de Vías y consignan otros 70.000 euros para el bulevar de Santullano, en Oviedo. Además, IU y PSOE han añadido a través de enmiendas parciales un fondo adicional de tres millones de euros que blinda a los ayuntamientos ante los posibles problemas generados en los tribunales por los planes de empleo de los últimos años en caso de que tuvieran que devolver las ayudas.