45.205 bienes ilegales: estos son los concejos que más estafaban al Catastro

El procedimiento de regularización se ha completado en 52 municipios y se está ultimando en el resto


Redacción

45.205 ese es el número de edificaciones ilegales que han aflorado en Asturias con el procedimiento de regularización que está llevando a cabo el Catastro. La operación, que quedó formalmente cerrada a fecha 31 de diciembre de 2018, todavía no tiene números definitivos. Esos más de 45.000 bienes sin regularizar se concentran en 54 concejos, entre ellos los más populosos del Principado. La gran mayoría eran de carácter rural pero los inspectores también se han encontrado fraude en la zona rural y, más curioso aún, se han encontrado con casi 1.000 pisicinas ilegales. En plena España Verde, un total de 872 propiedades contaban con estanques que no habían declarado. Representan casi el 2% del total.

Los inspectores han peinado todo el Principado para poder localizar las irregularidades. Esto ha permitido también hacer un ránking con los concejos donde más trampas se han realizado hasta ahora o, como mínimo, donde más han evitado regularizar nuevas construcciones, ampliaciones o cambio de uso de edificios. Lo curioso es que en Asturias el municipio con más fraude no coincide con los dos con más habitantes. Oviedo y Gijón, por ese orden, ocupan el segundo y el tercer puesto. Es Siero, en cambio, donde más trabajo se han encontrado los empleados del Catastro. Completan el ránking de los cinco primeros dos concejos costeros de clara vocación turística, nuevamente por este orden, son Villaviciosa y Llanes.

Los números de la inspección

El trabajo ha sido lento pero concienzudo. La administración ha empleado a un total de 2.300 trabajadores que han empleado todo tipo de recursos, desde trabajo de campo a drones o Google maps. Los números sirven para demostrar cómo se ha ido tirando del hilo. Hace justo un año, al inicio de 2018, la campaña iniciada por la Dirección General del Catastro para detectar construcciones ilegales en Asturias cumplía tres años y se hacía balance. Desde 2013 y hasta mediados del 2017, esta redada masiva impulsada desde Hacienda había permitido aflorar más de 27.000 inmuebles ocultos. Justo un año después el balance es casi del doble (45.205) y la recopilación de cifras todavía no ha concluido.

El Catastro ha regularizado esos 45.205 bienes, de los que la inmensa mayoría (42.824) eran de carácter urbano. Solo 2.381 eran rurales. Cuatro de cada diez eran construcciones nuevas que no se habían notificado. Tres de cada diez eran ampliaciones o rehabilitaciones que no se legalizaron una vez terminada. Casi tres de cada diez fueron reformas o cambios de uso en los que se siguió el mismo tipo de procedimiento: nada se dijo oficialmente. El pequeño porcentaje que resta hasta el 100% es que el corresponde a las piscinas, 872 en números redondos, un 1,93% en proporción sobre el total.

Las inspecciones físicas ya han terminado. Al menos, la fecha tope ofrecida oficialmente era el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, el registro que maneja la Dirección General del Catastro todavía no ha consultado los resultados de los siguientes concejos: Bimenes, Boal, Cangas del Narcea, Carreño, Degaña, Gozón, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Langreo, Mieres, Pesoz, Ponga, Quirós, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Sobrescobio, Teverga, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Villayón. Entre estos territorios, hay muchos de la parte rural o con escasa población, pero también están las dos cabeceras de las cuencas del Nalón o del Caudal, el de mayor extensión de Asturias (Cangas del Narcea) y alguno con un gran número de construcciones por su vocación turística, como Langreo. Esto implica que la cifra final será más elevada.

Los propietarios saben pronto que el Catastro ha estado husmeando. Cuando se detecta algún bien no registrado, la agencia regional del Catastro envía una notificación al contribuyente. Cuenta con un plazo de 15 días para presentar alegaciones y para justificar lo que considere oportuno. Si existe un error, los asesores suelen aconsejar que se adjunten fotografías para demostrarlo. El infractor tiene que pagar una tasa de 60 euros y se expone, además, a pagar todos los cargos que pueden venir de su ayuntamiento, que es la administración responsable de recaudar los impuestos vinculados a los bienes inmuebles, la popular contribución.  

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