La patronal recurrirá la modificación legal que permite no hacer accesibles las estaciones a cambio de tener personal. Acusa al Gobierno de beneficiar a los negocios tradicionales y penalizar a los consumidores
08 feb 2019 . Actualizado a las 05:00 h.La patronal de las estaciones de servicio automáticas, es decir, aquellas que no disponen de personal, acusan al Gobierno del Principado de retorcer las actual legislación para boicotearles, de beneficiar a las gasolineras tradicionales y penalizar así a los consumidores que están pagando unas de las tarifas de combustible más caras de España. Esta triple queja no se va a quedar en meras palabras sino que el colectivo pasará a la acción. El primer paso será recurrir la reforma legislativa adelantada por La Voz que obliga a tener empleados en las instalaciones que no sean 100% accesibles, las que no eliminen todas las barreras. Creen que se trata de una estrategia para forzarles a cambiar su filosofía y obligarles a contratar trabajadores, del mismo modo que en el País Vasco se plantean una normativa que las obligue a cerrar con ráfagas de viento por encima de 18 kilómetros por hora o que otras comunidades intentan exigir que tengan aseos higiénicos abiertos o que garanticen tener permanentemente guantes.
«Todos persiguen lo mismo. La capacidad creativa de los Gobiernos regionales no parece tener límites. Lo que quieren es proteger al oligopolio que forman las estaciones tradicionales», lamenta Manuel Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae). En el caso de Asturias, el Ejecutivo tramita una modificación de la ley de consumo en la que obliga a las gasolineras autoservicio a tener personal si no son 100% accesibles, con el objetivo de garantizar los derechos de los usuarios con discapacidad o movilidad reducida. Jiménez dice que eso es una excusa, «una estrategia envolvente», que en realidad persigue obligar a las empresas autoservicio a incorporar profesionales y que justifica que las gasolineras tradicionales no realicen obras para eliminar sus propias barreras.
La patronal, en cambio, propone un plan alternativo: obligar a que todas las gasolineras de nueva apertura se inauguren ya adaptadas y que se apruebe un plazo legal complementario para que las más antiguas realicen las obras necesarias. Con dos o tres años sería suficiente. Ese periodo sería tanto para las estaciones autoservicio como para las tradicionales. De hecho, asegura que beneficiaría más bien a las tradicionales, que son las más antiguas y las que menos actualizadas se encuentran. «Nosotros empezamos a operar en 2013. Muchas son nuevas y cumplen ya la normativa. Se encuentran en peores condiciones las tradicionales», explica. No reclama nada que no se esté haciendo ya. La normativa para sustituir los tanques antiguos por los de doble pared para evitar filtraciones si sufren fisuras ya establece una moratoria. El presidente del colectivo quiere que ese mismo sistema se estudie ahora.
Las inversiones
¿Qué adaptaciones son necesarias? Manuel Jiménez explica que tienen que ser adaptaciones adecuadas para los conductores, que son los encargados de repostar, por lo que son necesarias obras muy concretas. No tiene sentido que haya letras braille o señales sonoras o luminosas para personas con discapacidad visual, porque esa discapacidad ya les impediría conseguir el permiso de conducir. Con esta base en mente, explica que las actuaciones fundamentales son la instalaciones de surtidores táctiles con pantallas más bajas, rebajar aceras y adaptar las mangueras. Esas son las inversiones fundamentales.
El sector puede negociar sobre todos estos aspectos pero no sobre la negativa. De la ley que tramita el Principado dicen que es «una manipulación de la norma, que trata de convertir en obligación». Jiménez explica que España ha realizado una trasposición de la legislación comunitaria que establece la accesibilidad de todos los espacios públicos, «ya sea una gasolinera o un teatro». Por eso no entiende que ponga paños calientes y que permita sustituir la accesibilidad por contratar a un trabajador. Cree que es un atajo, una trampa que buscan para que los empresarios no hagan obras.
Pero lo peor es que está convencido de que es «una envolvente para engañar al consumidor», a todos los consumidores no solo a aquellos con alguna discapacidad o con movilidad reducida. Si se aprueba la normativa que está elaborando el Gobierno asturiano, estos últimos no tendrán unas instalaciones adaptadas para que puedan repostar de manera autónoma. Todos los clientes, de manera global, «seguirán soportando unas de las tarifas más caras de España». Jiménez explica que las trabas para la apertura de gasolineras automáticas merman la competencia y disparan los precios. Pone ejemplos territoriales concretos. Lérida es una de las provincias más baratas. Allí los negocios sin personal se han generalizado. Las provincias vascas están entre las más caras. En su caso la implantación es residual. Cita una comunidad autónoma con precios muy caros y una renta por cápita mucho menor que la vasca: Galicia.
Todos estos son los argumentos que esgrime el sector para defender su modelo de negocio. Ante el Principado lo que va a hacer es ejercer sus derechos. La patronal está convencida de que la modificación legal que prepara «excede a sus atribuciones». «El hecho de tener personal no exime a las estaciones de servicio de ser accesibles, al igual que las estaciones de metro, de autobuses o de tren, también deben ser accesibles, aunque haya personal dentro de ellas», insiste. Por eso van a recurrir la normativa. Jiménez explica que Asturias, como sucede con Extremadura, no se quemó en la primera andanada legislativa contra las gasolineras autoservicio que lanzaron algunas comunidades autónomas y que frenó la Unión Europea. Al ver los acontecimientos guardó en un cajón la norma que tenía para prohibir las gasolineras automáticas. Pero ahora está buscando nuevas perspectivas para hacer lo mismo. Eso denuncia Aesae y eso pretende impedir.