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Más de 100.000 asturianos por debajo del umbral de pobreza no tienen cobertura

Un estudio de la asociación de directores y gerentes alerta de que apenas dos de cada diez percibe el salario social. Aún así el Principado está entre las regiones con una red más extendida y con una mejor cuantía

Pobreza energética
Pobreza energética

REDACCIÓN

Renta mínima de inserción en una comunidades; en otras, prestaciones; y en Asturias, salario social. El salario social del Principado apenas llega a beneficiar a dos de cada diez asturianos por debajo del umbral de la pobreza. Aunque pueda parece un porcentaje muy escaso, está en realidad en el grupo de cabeza de los territorios españoles. País Vasco y Navarra, con un régimen foral distinto, se encuentran en otra liga. A continuación, en un suspiro, aparecen Aragón Cantabria y Asturias, entre el 18,8% y 17,4%. Las desigualdades entre territorios son de tal tamaño que en Castilla-La Mancha, por citar solo un ejemplo, solo beneficia al 2,1% de la población que lo necesita. Dicen los directores y gerentes de los servicios sociales, a la luz de estos datos, que lo que urge en España, más que trabajar por la cohesión territorial, es trabajar por la cohesión social, sobre todo, en una época en la que han detectado nuevos perfiles.

Pobreza y exclusión ya no van de la mano. Muchos pobres son trabajadores que se levantan a las cinco de la mañana pero que son incapaces de llegar a final de mes por los sueldos de miseria que perciben. El responsable de estudios de la asociación, Gustavo García Herrero, acusa al Estado de fomentar la desigualdad entre territorios y de condenar a las personas con una acuciante escasez de recursos a ser «unos limosneros», al obligarles a ir de ayuda en ayuda -del bono eléctrico, a la subvención al alquiler o tickets para comida- en lugar de garantizarles unos ingresos suficientes. García Herrero explica que es un derecho, que debe ser homogéneo en todo el territorio. «Alguien imagina que el divorcio fuese legal en Asturias y no en Aragón», cita como ejemplo. Luego las comunidades tendrían que dedicarse a trabajar para aminorar el riesgo de exlusión. 

Los datos

Así consta en el último estudio realizado por este colectivo y publicado recientemente bajo el título Situación y evolución de las rentas mínimas de inserción en España y en cada unas de las comunidades autónomas (2011/2017). El estudio es de la asociación pero los datos corresponden al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Se han quedado en 2017 porque todavía no se han publicado las cifras por comunidades de 2018. De acuerdo a estos indicadores, el 12,3% de los asturianos se encuentran en riesgo de pobreza, lo que en cifras absolutas se traduce en 127.217 personas. Los perceptores del salario social a finales de 2017 eran 22.122. Eso implica que la tasa de cobertura es del 17,4%. La media nacional es menos de la mitad: el 8%.

El colectivo no se ha quedado únicamente con este dato, con el estudio de los beneficiarios. También ha decidido analizar las cantidad recibidas y cuánto suponen un función de la riqueza de los territorios. Para hacerse una composición de lugar han comparado el ingreso anual por cada titular del salario social con la renta media por hogar en esa comunidad autónomas. Según ese indicador, los primeros son los extremeños, seguidos de catalanes y asturianos. Los datos del Principado revelan que la percepción del salario mínimo supon el 17% de la renta media que ingresan los hogares. Asturias está mucho mejor que otras regiones pero la realidad de los perceptores continúa siendo muy dura. Los números totales ayudan a verlo. La renta media por hogar es de 31.744 euros. El ingreso del salario social, 5.385 euros.

En esos siete años que analiza el estudio de la asociación de directores, el Principado siempre ha estado por encima de la media nacional tanto en la cobertura como en la cuantía. Hubo un repunte de beneficiarios en 2016 que se ajustó en 2017. La cuantía descendió ligeramente en 2014 y 2015 pero luego se ha mantenido. Ambos parámetros se mantienen bastante estables. En otros territorios hubo variaciones más intensas

La valoración

El discurso de la asociación de directores y gerentes de los servicios sociales, con estos datos en la mano, es que urge un pacto de estado para garantizar un ingreso mínimo vital, reciba el nombre que reciba. Gustavo García Herrero explica que todos los partidos llevan en sus programas alguna garantías de ingresos, aunque con modelos diferentes. El problema es que nadie se ha sentado a hablar de ello. «Incumplen sus programas de manera sistemática en un tema muy grave y eso es una irresponsabilidad», denuncia. García Herrero recuerda que se trata de una competencia exclusiva del Gobierno central que están dejando en manos de las autonomías por su absoluta inacción. Esa garantía de ingresos estaba en una iniciativa popular presentada de manera conjunta por Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, que no salió adelante.

La clave para comenzar a desentrañar esta compleja madeja de pobreza e inclusión está en entender, según el colectivo de directores y gerentes, que se está atacando un problema del siglo XXI con herramientas del siglo XX. Las herramientas son los salarios sociales y las rentas de inserción. El auténtico problema del siglo XXI es que el pobre no está ya en riesgo de exclusión sino en personas con vidas más o menos normalizadas pero sin ingresos suficientes para subsistir. «Mientras no entendamos esto no solucionaremos nada», insiste el responsable del estudio.

El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, también aporta su razonamiento. «La pobreza en País Vasco o en Andalucía no es la misma. No son necesarios los mismos recursos para subsistir en un territorio o en otro», explica Ramírez. No se arriesga a dar cantidades sobre cuánto tiene que ser un ingreso mínimo vital pero sí reconoce que «cuanto más elevado, mejor».

  

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