Fapas lleva a tribunales al Gobierno regional por romper su convenio de colaboración

Roberto Hartasánchez sostiene que la falta de sintonía en las políticas sobre el lobo ha sido el detonante

Roberto Hartasánchez
Roberto Hartasánchez

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo del Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) contra la Consejería de Medio Ambiente por la anulación de forma unilateral del convenio de colaboración que, desde hace 14 años, les vinculaba en materia de conservación de la biodiversidad.

El presidente de Fapas, Roberto Hartasánchez, ha explicado que su organización ha participado activamente durante 14 años en las estrategias de conservación de la biodiversidad en Asturias, pero a raíz de la creación de la Viceconsejería de Medio Ambiente, el «desencuentro» ha sido «absoluto» porque su ONG no ha sido «sumisa».

Hartasánchez ha asegurado que empezó a apreciar un cambio en la actitud del Principado a raíz de una reunión que mantuvo con el viceconsejero, Benigno Fernández Fano, el 25 de septiembre de 2018, donde, ante su solicitud para realizar un estudio sobre el lobo, le confirmó que no aceptaría «ningún estudio científico que no hiciera la administración».

Según su versión, el viceconsejero valoraba la absoluta capacidad de la administración regional para «poner orden en la problemática del lobo, principalmente incrementando el número de lobos a matar», y, en contraposición, Fapas defendía que su objetivo era «trabajar en conservación de la biodiversidad», por lo que a partir de ahí «se torció la cosa», ha dicho.

El presidente de la ONG ha incidido en que la política de la Viceconsejería se centraba en la erradicación de la fauna silvestre de los espacios protegidos de Asturias bajo el pretexto de los daños que causan a intereses rurales, sin contemplar otras medidas de gestión que permitan la conservación de la biodiversidad y la defensa de los intereses agrarios y ganaderos.

A su juicio, su «no sumisión» a la estrategia del Principado de aparecer ante la sociedad como «protectora del mundo rural matando lobos» y sus investigaciones durante 30 años sobre la evolución de la fauna salvaje que ponían en evidencia que su política ambiental de la fauna silvestre «era torticera», ha afirmado, ha sido el detonante para que la administración anulara de forma unilateral el convenio de colaboración.

Además, Hartasánchez ha indicado que la administración regional ha tratado de situar a su ONG «en la ilegalidad» al sostener «falsamente», ha advertido, de que nunca había solicitado permisos y autorizaciones para trabajar en conservación e investigación cuando sí disponía de todos los permisos, en especial con el seguimiento y control del oso pardo.

El TSJA ha admitido a trámite, a través de un decreto de la letrada de la Administración de Justicia, el recurso contencioso-administrativo del FAPAS contra la resolución por la que se extinguía el convenio marco de colaboración, celebrado el 9 de noviembre de 2004 entre el Principado y Fapas.

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