La ministra Maroto asegura que las medidas dan seguridad sobre el precio eléctrico. Corren peligro 661 puestos de trabajo
20 mar 2019 . Actualizado a las 09:57 h.Lejos de apagar el incendio, las nuevas medidas propuestas por el Gobierno para compensar a la gran industria de los elevados gastos eléctricos y, por tanto, de producción, han avivado las llamas. No son suficientes, al parecer, para igualar los costes con los de los competidores europeos. Alcoa ha alertado ya de que la única fábrica de aluminio primario que le queda activa en España, la de San Cibrao, con 661 trabajadores, está en peligro. O sea, que puede correr una suerte similar a la de sus hermanas de A Coruña y de Avilés, con 369 y 317 operarios, respectivamente. En estas plantas solo operan las fundiciones, pues en febrero se paró temporalmente la producción de aluminio, que será algo definitivo a partir de julio si no aparece un inversor dispuesto a comprarlas.
Como ajena a toda esta polvareda, la ministra de Industria, Reyes Maroto, manifestó que no tiene «certeza todavía» de que la multinacional haya tomado una decisión sobre San Cibrao. En todo caso, entiende que no hay motivos para tal alarma de posible cierre porque el estatuto del consumidor electrointensivo, que contiene esas medidas compensatorias, «da una seguridad a Alcoa sobre el precio de la energía».
Es más, subrayó que el documento -que está a exposición pública para su aprobación a finales de abril, justo antes de las elecciones- le hace albergar más esperanzas de que junio llegará con «una garantía de un inversor» para Avilés y A Coruña.
Maroto abundó en que con el estatuto hay una «garantía mayor» para las 153 empresas electrointensivas del país que generan 150.000 empleos.
La patronal de la industria gran consumidora de energía (la asociación AEGE) no se ha pronunciado todavía ni sobre el anuncio alarmante de uno de sus principales asociados, ni sobre las medidas de apoyo que propone el Gobierno para aliviar al sector.
Fuentes de la multinacional del aluminio informaron ayer de que presentarán alegaciones al estatuto, con la esperanza de que el texto final se modifique e incluya las medidas que necesita la industria. ¿Cuáles son? Aquellas que garanticen «unos costes en energía en la línea de nuestros competidores europeos».
El presidente del comité de empresa de Alcoa Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, ha considerado que es «una tomadura de pelo» que «en absoluto resuelve lo que se perseguía ni crea el marco estable que se esperaba». De la Uz afirma que el secretario general de Industria, Raúl Blanco, «mintió» cuando dijo que iba a crear las figuras de las empresas electrointensivas e hiperelectrointensiva, «cuando, al final, nos meten a todas en el mismo saco». «Nos parece todo desastroso, no entendemos por qué nos han estado mintiendo todo este tiempo», ha declarado Gómez de la Uz, que cree que «lógicamente» esto disuade a los posibles compradores de las fábricas de Avilés y A Coruña.
La alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, ve el proyecto del Gobierno «manifiestamente mejorable» y confía en que mejore durante el periodo de alegaciones. La regidora ha recalcado que es preciso que el estatuto incluya una mejor definición de las empresas megaelectrointensivas y de las compensaciones económicas en cuando a la cuantía y a los conceptos. «También necesitamos un horizonte temporal de compromisos más allá de lo que veníamos sufriendo, de que, año a año, se revisaba el servicio de interrumpibilidad, las empresas tienen que saber que en un horizonte de tres o cinco años se mueven en un marco normativo estable y con una definición de las compensaciones económicas estables», ha declarado Monteserín.
