Entre los proyectos que quedan en el aire a la espera de un acuerdo se encuentran el estatuto de industrias electrintesivas y la culminación de la Variante de Pajares
27 jul 2019 . Actualizado a las 09:30 h.El contraste era evidente. Mientras en el Congreso de los Diputados se certificaba el fracaso de la investidura por la falta de entendimiento entre PSOE y Unidas Podemos, a 450 kilómetros al norte, en Oviedo, los diez consejeros del nuevo Ejecutivo asturiano tomaban posesión de sus cargos de forma oficial y ponían en marcha la nueva legislatura autonómica. Pero las sombras de un sitio eclipsaban las luces del otro. Las primeras declaraciones de Adrián Barbón al término de su primer consejo de Gobierno eran precisamente para destacar la «mala noticia» de lo sucedido en el parlamento nacional y también para advertir que esta falta de acuerdo, tanto si aboca a un retraso en la formación del gobierno como si, en el peor de los casos, aboca a unas nuevas elecciones, supondría un grave quebranto para cuestiones especialmente relevante en la comunidad y citó dos: la culminación de las infraestructuras pendientes y la aprobación del estatuto de las industrias electrointensivas.
En difícil ponerle números a lo que supone en euros la falta de gobierno central para el Principado, pero sí que se cuenta por millones, por centenares de millones. El caso del estatuto de las electrointensivas es paradigmático. Las reformas que deben acontecer en el proceso de transición energética afectarán de manera determinante a la industria asturiana. La descarbonización va mucho más allá del cierre (desde diciembre del año pasado) de las explotaciones mineras autóctonas y se extiende al cierre de las centrales térmicas que, a día de hoy, suponen la mayor parte de las generadoras de electricidad en el Principado. La industria electrointensiva es aquella en la que el precio de la energía supone uno de sus principales costes de producción. Es el caso del acero y también del aluminio. De hecho en la víspera de la celebración de las elecciones general es cuando se señaló en Oviedo, por los problemas de Alcoa, el monto de la inversión que tenía prevista el Ejecutivo en esta materia, unos 200 millones de euros.
En abril, el Gobierno en funciones señaló que tenía previsto elevar las ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 de 91 a 200 millones de euros como medida para abaratar los costes energéticos de las empresas electrointensivas como Alcoa. Fue una solución de urgencias después del obstáculo topado por las alegaciones planteadas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) y las consultas realizadas ante la Unión Europea ante el texto que había preparado el Gobierno. Esos 200 millones podían moverse, aún estando el Ejecutivo en funciones, dentro de las partidas presupuestarias dentro de las medidas compensatorias para paliar los efectos de la reducción de emisiones de CO2. Pese a todo, el compromiso de los socialistas era el de cerrar en esta nueva legislatura un estatuto definitivo. El peso de la industria en la economía regional, con más del 20% del PIB asturiano, había llevado a Adrián Barbón a destacar que su primera medida como presidente sería la de impulsar un arancel medioambiental (que es en todo caso una competencia europea, pero con para la que esperaba contar con el impulso decisivo del Gobierno central) para proteger el sector secundario en un mercado global en el que se encuentra en desventaja contra compañías asiáticas y en un contexto de permanente amenaza de guerra comercial por parte de la administración Trump en EEUU.
Sobre el papel y con la mayor parte de las obras ya diseñadas para culminar la infraestructura, la Variante de Pajares debería estar abierta en verano del año que viene. Los dos túneles -uno con ancho ibérico para el paso de pasajeros y mercancías, y otro con un triple hilo que facilte la transición al ancho de vía internaciona- se abrirán al paso de los trenes en un mes sin precisar de mediados de 2020 para la circulación en pruebas. Se trata de un requisito imprescindible para garantizar la seguridad de las líneas antes de que por ellas puedan trasladarse mercancías y personas y podría prolongarse varios meses más. En los presupuestos presentados por el Gobierno (que no fueron aprobados y por los que se adelantaron las elecciones) se preveía una inversión de 114,1 millones para la Variante de Pajares; 71,2 millones consignados para la parte asturiana, más otros 42,9 millones en la leonesa. Este monto se incluía en el dinero que tenía previsto invertir en la entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta Velocidad (Adif-AV), que proyecta partidas económicas en las cuentas hasta el año 2021. Adicionalmente, Adif contemplaba una inversión en Asturias en 2019 que ascendería a 65,5 millones de eurso, destacando los 41,9 millones que se destinarán a cercanías y los 11,2 para la Superestructura Langreo y renovación integral Gijón-Laviana.
Se trata de cifras que no llegaron a aprobarse pero que permiten proyectar el cálculo de las previsiones para Asturias en el caso de las infraestructuras pendientes si el nuevo gobierno se hubiera formalizado.
A todo ello debería sumarse también una de la principales deudas históricas del Estado para con la comunidad, la ejecución de los fondos mineros que tuvieron que ser reclamados por vía judicial. En la primera legislatura de Rajoy, el Ejecutivo congeló los fondos en el contexto de los recortes y, después de las reclamaciones ganadas ante los tribunales por parte de la administración asturiana, el entonces ministro de Industria José Manuel Soria demoró las entregas haciendo que tuvieran que reclamarse proyecto a proyecto. Principado y Gobierno central firmaron convenios para su ejecución pero no todos llegaron a cumplirse. En mayo de este 2019 se había anunciado que el Principado volvería a disponer de fondos mineros durante los próximos tres años en los que se preveía invertir 97,9 millones de euros en la ejecución de los 73 proyectos preseleccionados junto al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) cuyos convenios deberían firmarse este año.
Así Asturias recibiría el 54,5 por ciento de la cuantía global de estas ayudas para el periodo 2013-2018 en todo el país, que se situará en 132,9 millones, la cifra autorizada en los Presupuestos Generales del Estado pese a que el gasto inicial previsto para ese quinquenio era de 250 millones de euros.