Patronal y ayuntamientos respaldan rebajas fiscales para concejos despoblados

Barbón se muestra abierto a estudiar una fiscalidad singular contra el reto demográfico. La patronal propone también rebajas en IRPF, Sucesiones o Patrimonio


En su primera visita como presidente del Principado a un concejo, Adrián Barbón eligió Yernes y Tameza por ser el menos poblado (apenas 126 habitantes censado), como un gesto y también como plataforma para remarcas sus primeras propuestas como jefe del Ejecutivo para abordar los problemas de despoblación y envejecimiento en Asturias. Allí puso fecha, en septiembre, para la puesta en marcha de las dos comisiones (una parlamentaria y otra presidencial) para plantear ideas frente al invierno demográfico pero también señaló que, entre ellas, está abierto a estudiar la posibilidad de implantar rebajas fiscales en los territorios que padecen de forma más intensa este problema. «Estamos dispuestos a estudiarlo todo», destacó el presidente a la hora de referirse a medidas como la discriminación fiscal positiva en favor de los habitantes de estos territorios o la implantación de una fiscalidad «progresiva» para favorecer la generación de la actividad económica, además de ayudas directas.

No se trata de una iniciativa improvisada, el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Ignacio García Palacios, destacó que ya había surgido en varios debates en el seno de la organización; «sí se alzaron voces muchas veces en ese terreno, se planteó este tema a modo de iniciativas posibles», sin llegar a concretar qué tributos específicos se podrían bonificar pero con un planteamiento general de ofrecer «un tratamiento beneficioso para zonas con despoblamiento y situación de declive».

«Cualquier medida que sirva para a beneficiar a quien reside en la zona rural es de interés. Y en este caso creo que la idea del presidente es muy acertada, al menos el hacerse eco de ella y mostrar sensibilidad sobre ese tipo de actuaciones», señaló García Palacios, también alcalde de Navia. En todo caso, destacó que las rebajas fiscales deberían implantarse de forma que no supusieran una merma de ingresos para los ayuntamientos, en muchos casos muy pequeños y recordó que servicios como «la recogida de la basura o el agua» tienen que ser ofrecidos por la administración local y «pueden ser más costosos en una zona rural muy extensa que en áreas urbanas». 

Por su parte desde la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) señalaron que esta medida «podría coadyuvar a la reducción de un problema que tiene múltiples y complejas variables entre sus causas. En todo caso, queremos recordar una vez más el hecho de que Asturias en su conjunto está perjudicada por una clara discriminación fiscal respecto a otras regiones españolas». En este sentido, la patronal apuntó que «no sólo se trata de abordar la vertiente fiscal, sino otras muchas que faciliten e incluso estimulen la fijación de población en zonas rurales. Y para ello, en los tiempos en los que vivimos habría que comenzar, a nuestro juicio, comenzando por resolver de una forma rápida y eficaz la dotación de conexiones de banda ancha en estos territorios, que son vitales no sólo ya para la actividad económica, sino para la vida diaria».

Pero ¿cuáles serían esas propuestas de rebajas fiscales? ¿sería realmente útil para atraer la repoblación el incentivo de pagar menos impuestos? De momento, y a falta de conocer los planteamientos que pudieran darse en las futuras comisiones, sí se conocen las propuestas de la patronal española, que presentó un informe en este sentido en paasado mes de enero.

«Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados en España», fue el estudio elaborado por la Red SSPA (formada por FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel y los Grupos LEADER de Desarrollo Rural de Soria, Cuenca, Teruel) y señala una doble bonificación por parte de las administraciones autonómicas y central. Por un lado, y respecto a tributos cedidos a las comunidades autónomas, señala al impuesto sobre el Patrimonio (IP), impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), eI impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISyD) y también el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Además propone que el Estado ofrezca una deducción en la cuota del IRPF «sobre las rentas obtenidas en estos territorios»; y también bonificaciones en los casos de las cuotas de Patrimonio «para residentes sobre la parte de Patrimonio Neto (PN) radicado en el municipio»; de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para residentes o para Sucesiones y Donaciones «para los causantes con motivo de adquisiciones mortis causa o intervivos cuando el causante hubiera tenido su residencia habitual a la fecha en un municipio elegible».

El informe justifica la posibilidad de graduar la fiscalidad en función del territorio acudiendo en primer lugar a los regímenes especiales que ya existen en el caso español para Canarias o Ceuta y Melilla, territorios de ultraperiferia. En el estudio se acuña la idea de «ultraperiferia demográfica» para señalar a municipios que, en realidad, puedan estar a una escasa distincia de núcleos urbanos pero con su acentuado envejecimiento y despoblación pueden poner en peligro la prestación de servicios en esos territorios.

Los autores concluyen el estudio con una simulación de la aplicación de estas rebajas en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel y, en sus conclusiones, aseguran que supondría un incremento de rentas y fortalecimiento del tejido empresarial por algo más de 200 millones de euros en esos territorios.

«Lo más importante, sin duda, para frenar el declive de estos territorios es promover actividades económicas en ellos: el apoyo a sectores empresariales tradicionales que contribuyen a fijar población, como el forestal o el agroalimentario, u otros poco desarrollados aún en nuestra región y país que tienen que ver con la conservación del medioambiente, como las energías renovables, la agricultura ecológica o las nuevas tecnologías aplicadas al medio natural. Así como diseño de un modelo turístico de calidad», señalaron desde FADE.

Asturias perdió el pasado año 5.331 habitantes, una cifra equivalente al 0,52%, la mayor pérdida de población en términos relativos del país, debido principalmente al mayor número de defunciones que de nacimientos. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a finales de junio, la población asturiana se situó a 1 de enero de 2019 en 1.022.293 habitantes, frente a los 1.027.624 de un año antes. El Principado ganó el pasado año 2.574 habitantes por un saldo migratorio positivo con el extranjero. Sin embargo, este flujo no fue suficiente para compensar la pérdida de población por el gran número de defunciones (13.234) y el escaso de nacimientos (5.731), que arrojaron un saldo vegetativo negativo de 7.503 personas. Además, Asturias perdió otros 366 habitantes por los movimientos migratorios entre las comunidades.

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