El Principado apremia a que termine el bloqueo en el Gobierno central para cuestiones como la financiación autonómica o el futuro de la industria
02 sep 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El año nuevo, desde que rige el calendario gregoriano, arranca el 1 de enero, pero buena parte de los ciclos vitales comienzan en septiembre. El fin de las vacaciones, la vuelta al cole, los días que se van haciendo más cortos y también los inicios de los cursos políticos, con sus sesiones parlamentarias. La legislatura asturiana no es una excepción y después de un largo verano desde las elecciones y la investidura del nuevo presidente, Adrián Barbón, que terminó la semana pasada de completar el organigrama de su Ejecutivo, se dispone a comenzar con varios retos en el horizonte, desde económicos a sociales, pero con la mirada puesta en el horizonte, al sur de la cordillera cantábrica, y no por melancolía sino porque buena parte de las cuitas que acucian al Principado tienen, sino la solución, al menos el principio de sus remedios en la necesidad cada vez más urgente de que el Gobierno central deje de estar en funciones.
Uno de los pilares de la campaña autonómica de Barbón fue la de que su elección facilitaría el entendimiento con el Gobierno, también socialista en Madrid, de Pedro Sánchez. Y no se trata de una apuesta baladí, además de la sintonía (lógica) de administraciones del mismo color, la falta de acuerdo en el Estado ha acrecentado los quebraderos de cabeza del Principado. Al igual que el resto de comunidades del régimen general (las forales de País Vasco y Navarra son un caso distinto), Asturias está a la espera de recibir un importante monto de fondos para sus arcas que no llegan mientras no haya un gobierno central a pleno funcionamiento. En concreto, se trata de alrededor de 200 millones de euros, de los que unos 75 corresponden a las mensualidades atrasadas del IVA y el resto (algo más de 120 millones de euros) a la parálisis de las entregas a cuenta.
Financiación autonómica e industria
Tras la moción de censura, el Ejecutivo de Sánchez se preparaba en sus presupuestos a acometer esta entrega pero las cuentas no fueron aprobadas (y de hecho fue el motivo que disparó el adelanto electoral). Aún con una prórroga presupuestaria se podría haber saldado con un decreto ley pero la abogacía del Estado advirtió que a ese recurso no podría acogerse el gobierno mientras estuviera en funciones. Y no es al único problema provocado por esta situación. A comienzos de agosto, la ministra de Industria Reyes Maroto, de visita en Asturias señaló que el hecho de que el gobierno se encuentre en funciones les impide poner en marcha de forma definitiva el Estatuto de la Industria Electrointensiva, destinado a rebajar el precio de la energía para las industrias, como en ocurre en muchas de la comunidad, para las que el precio de la electricidad supone uno de los principales costes de producción. Maroto explicó que el borrrador del texto está ultimado a la espera de que pudiera recibir aportaciones de otros agentes implicados «porque todo es susceptible de mejorar» pero que el único impedimiento para su aprobación era que el Ejecutivo tuviera plenas competencias y dejara de estar en funciones.
Precisamente Reyes Maroto está marcada a primera hora de este lunes en la agenda del presidente asturiano. Barbón inicia la primera semana de septiembre con un desayuno de trabajo con la ministra de Industria, en el que también estarán la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, y representantes de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y de las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés. El próximo martes el presidente asturiano mantendrá un encuentro con los alcaldes de la comunidad con el objetivo de abrir «un diálogo sincero» sobre todo en lo relativo a la cooperación local y para hacer frente al reto demográfico al que se enfrenta Asturias.
La legislatura afronta retos de calado y muchos de ellos escapan al mero ámbito de competencia asturiana. Junto a la puesta en marcha del estatuto de la industria electrointensiva, otro de los principales problemas del sector secundario (que supone algo más del 20% de PIB de la economía asturiana) son los plazos y la forma en la que va a llevarse a cabo el proceso de descarbonización con el paulatino cierre de las centrales térmicas. De forma insistente a lo largo de la campaña, Barbón reiteró su demanda de que el Gobierno central impulse en Europa un arancel medioambiental que proteja a la industria del continente frente a la competencia desleal pero este horizonte también se complica no tanto por la permanencia en funciones del Ejecutivo sino por los muy revueltos tiempos internacionales, con una Europa que tiene casi toda su atención puesta en lo que vaya a pasar con un Brexit desmadrado y sin acuerdo en otoño.
Los complejos pactos presupuestarios
Pero los problemas no son menores en caso. Barbón se alzó con una holgada mayoría, de 20 escaños, en las elecciones autonómicas, y la hizo más sólida aún con el apoyo, fraguado ya en la constitución de la mesa del parlamento de los dos diputados de IU. Pero falta uno para sumar la mayoría absoluta, de 23 en una cámara de 45, y esa sólo puede darla o un enrevesado acuerdo acuerdo con grupos conservadores y con el tampoco nada fácil pacto con las menguadas pero determinantes fuerzas de Podemos Asturies y sus cuatro escaños. El acuerdo de las tres fuerzas progresistas para aprobar unos presupuestos sólo fue posible en el último año del anterior mandato, no sin dificultades y nada hace augurar que en el futuro vaya a ser más sencillo.
Si bien Podemos Asturies es una organización muy autónoma y alejada de los conflictos de familias de la organización central; no deja tener su peso en la posibilidad de facilitar sintonía que el acuerdo entre socialistas y morados en Madrid llegue a cuajar. De momento, en el Principado los meses previos no han dejado escenas de entendimiento y, de hecho, la misma constitución de la Junta General llevó al primer enfrentamiento entre PSOE y Podemos por la falta de acuerdo para el reparto de puestos en la mesa.
Un diputado es también lo que falta en la Junta General para que pudiera darse la mayoría suficiente para iniciar una reforma estatutaria que posibilitara reconocer la oficialidad de la lengua asturiana. Por primera vez los socialistas la llevaron en su programa y la medida cuenta con el respaldo antiguo tanto de Izquierda Unida como de Podemos Asturies. Pero también con una oposición feroz de PP, Ciudadanos y Vox. Foro, con dos escaños, llevaba en programas de anteriores mandatos la aquiescencia a reconocer la oficialidad si se llegaba a un consenso mayoritario en el parlamento pero ya en la última campaña de las autonómicas se desmarcó de este respaldo y no se cuenta entre sus partidarios. La oficialidad por la vía de la reforma del estatuto, la única posible, está cerrada de momento, pero el presidente ha remarcado su intención de impulsar el fomento de la llingua en esa apuesta ha destacado la elección de la consejera de Cultura Berta Piñán.
Por otra parte, ya en el discurso de investidura, Barbón marcó una serie de objetivos de la legislatura que deberían desarrollarse en los próximos cuatro años. Entre ellos, duplicar el número de escuelas de 0 a 3 años, aprobar de forma definitiva normas que quedaron aparcadas la pasada legislatura como la Ley Trans o combatir el declive demográfico con el blindaje de los sistemas de protección social (escuelas con cuatro alumnos, ambulatorios) y el acceso a internet y formación digital para la población rural.