El comisionado para el reto demográfico del Gobierno está vacante desde marzo

Asturias y Aragón ya cuenta con figuras similares. Galicia prepara una ley para coordinar las políticas públicas en esta materia

Imagen de la última Conferencia de Presidentes (2017), donde el problema demografico fue uno de los asuntos principales
Imagen de la última Conferencia de Presidentes (2017), donde el problema demografico fue uno de los asuntos principales

La protesta de la España vaciada poco antes de que se iniciara la campaña electoral hizo que los partidos, incluidos aquellos con clara raigambre urbana -Unidas Podemos y Ciudadanos-, pusieran el ojo en los inmensos territorios despoblados del interior del país y del noroeste. Fue la primera vez que este asunto tenía cierta prioridad en los cenáculos de una campaña electoral. Bastante antes de la campaña de las generales del 28 de abril -fue a principios del 2017-, el Gobierno de Mariano Rajoy creó el Comisionado frente al Reto Demográfico -este es su nombre oficial- dentro del Ministerio de Política Territorial y puso a una gallega, Edelmira Barreira, al frente. Cumplía así uno de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes.

Tras la moción de censura, Pedro Sánchez colocó a Meritxell Batet al frente de Política Territorial y Función Pública, y la ahora presidenta del Congreso mantuvo en la estructura ministerial el comisionado, poniendo al frente a otra mujer con raíces gallegas a pesar de haber nacido en Valencia: Isaura Leal.

Pero llegaron los sucesivos períodos electorales y la maquinaria partidista se impuso a las prioridades gubernamentales. Isaura Leal fue elegida para formar parte de la lista del PSOE por Madrid para las generales, y de hecho ha salido elegida diputada. Por ello, fue cesada como comisionada del Gobierno en asuntos demográficos el pasado 22 de marzo. Desde entonces nadie ha ocupado su puesto y en la actualidad no puede ocuparse porque el Gobierno en funciones no puede aprobar este tipo de nombramientos. Hubo una oportunidad para nombrar a alguien entre el cese y el resultado electoral del 28A, «pero se consideró que no merecía la pena nombrar a alguien para que estuviera durante un breve período en el cargo», explican en el ministerio.

Otro proceso electoral -en este caso los comicios europeos- se llevó también al que era secretario de Estado de Política Territorial, precisamente el departamento en el que está integrado el comisionado para la política demográfica. José Ignacio Sánchez Amor es ahora eurodiputado socialista.

A estas vacantes no cubiertas se suma la dramática situación del Ministerio de Política Territorial, el único que no cuenta con ministro al convertirse Meritxell Batet en presidenta del Congreso, la tercera autoridad del Estado. Es el ministro de Agricultura, Luis Planas, el que asume tangencialmente esta cartera. Y de facto, es el secretario de Estado de Función Pública -una de las dos ramas del ministerio- el que lleva los asuntos corrientes.

La oficina del comisionado, no obstante, sigue funcionando, pero solo en lo que respecta al trabajo rutinario. Su director, Ignacio Molina, es uno de los mayores expertos en despoblación en el mundo académico. Pero el comisionado está descabezado políticamente, aunque funcione en el ámbito técnico y los asuntos corrientes. Un ejemplo más de la parálisis que provoca la situación política del país.

Comisionado asturiano

Mientras, el Gobierno del Principado de Asturias acaba de nombrar a su propio comisionado frente al Reto Demográfico, el geólogo y escritor Jaime Izquierdo, «como gran conocedor del mundo rural asturiano». Esta oficina dependerá directamente del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón. Asturias sigue así la estela de comunidades como Aragón, donde esta problemática también es muy acuciante. Este territorio lleva ejecutando políticas contra la despoblación desde el año 2000 y cuenta con el Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional desde el 2015.

 

La Xunta de Galicia, por su parte,  tiene desde hace tiempo preparado un borrador con la que será la Ley de Impulso Demográfico de Galicia, que se marca como principal objetivo coordinar las políticas públicas para lograr la revitalización demográfica, especialmente en aquellas zonas más afectadas por la despoblación y el envejecimiento. Pero también incluye cambios en la estructura de la Administración autonómica para que la apuesta por este tipo de políticas pueda ser coordinada. Así, se prevé crear la Comisión para o Impulso Demográfico, un órgano de colaboración adscrito a la consellería competente -en la actualidad Política Social-, en el que estarían representados los municipios y las Diputaciones. Su principal objetivo será consensuar una estrategia demográfica para el conjunto de las administraciones públicas de Galicia. Todas las consejerías tendrán un representante en la citada comisión, que en principio serían los propios consejeros, aunque pueden designar un suplente con rango mínimo de director general. En paralelo, se creará una Comisión Técnica para o Impulso Demográfico, adscrita a la consellería, con un responsable y un representante de cada área de gobierno de la Xunta. Este departamento estará encargado de elaborar la Axenda Demográfica anual del Gobierno autónomo, entre otros cometidos.

En línea con la comunidad autónoma de Aragón, también se plantea la creación del Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, un órgano colegiado pensado para funciones de asesoramiento y de participación social. Elaborará todo tipo de informes, pero habrá uno anual que está fijado por la propia normativa. El Gobierno gallego prevé aprobar esta nueva ley antes de que termine la legislatura.

El Ejecutivo de Sánchez aprobó su estrategia nacional después del cese de la comisionada

Justo después del cese de Isaura Leal al frente del comisionado, la entonces ministra de Política Territorial, la catalana Meritxell Batet, llevó al Consejo de Ministros del 29 de marzo las directrices generales de la Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico. Se trata de un plan de carácter «global y transversal», para que todos los departamentos del Gobierno central se impregnen de políticas contra la despoblación, un modelo multidisciplinar que también emplea la Xunta en el anteproyecto de la Lei de Impulso Demográfico.

Estas directrices se centran en los tres aspectos acordados en la última Conferencia de Presidentes: la despoblación, el envejecimiento y los efectos de la población flotante. También incluye un diagnóstico sobre la situación actual de la población en España.

Objetivos prioritarios

Estas directrices tenían siete objetivos principales, algunos de ellos reiterados en la propuesta programática de Pedro Sánchez de cara a la investidura, en cuyas reuniones previas sí estuvo presente la excomisionada Isaura Leal.

Por un lado, se insiste en la importancia de dar cobertura de banda ancha a todo el territorio, algo que ya estaba previsto hace tiempo en la Agenda Digital Europea 2020. Por otro, se deja claro que los servicios básicos deben prestarse en condiciones de equidad en todo el territorio. Se habla de redistribución y cohesión territorial, de simplificar la burocracia en los ayuntamientos pequeños, y de implicar a la iniciativa privada para crear oportunidades en las esquinas más olvidadas del país. Y apoyar el relevo generacional en las actividades económicas de la España vacía, así como asegurar que la crianza de los hijos pueda realizarse con garantías en cualquier parte.

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