Asturias marca sus líneas rojas de financiación: la pérdida de habitantes no debe suponer menos recursos

El Principado confía en llegar a un acuerdo con los partidos para negociar un modelo común de financiación autonómica

Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias

Redacción

El documento elaborado por el Gobierno regional de cara a la futura negociación de la reforma de la financiación autonómica, que ha entregado este martes a los grupos parlamentarios, defiende como criterio para definir el futuro modelo que la pérdida de habitantes no debe implicar una merma en los recursos. Así, el borrador elaborado por el Ejecutivo reitera la necesidad de que la negociación se aborde de forma multilateral y que busque el máximo consenso para obtener como resultado un modelo que garantice un nivel equivalente de servicios públicos a toda la ciudadanía con independencia de su lugar de residencia. Además, aboga por reforzar la solidaridad y la cohesión interterritorial y, para alcanzar ese objetivo, pide que la financiación se fije en función del coste real de la prestación de los servicios, y no únicamente del número de habitantes o la recaudación tributaria imputada a cada territorio como sostienen otras comunidades.

La estimación de ese coste requiere, según el Principado, atender a factores como el envejecimiento de la población, segregando en mayor medida el porcentaje que supere los 65 años; el encarecimiento que suponen las dificultades orográficas y la dispersión de la población así como la repercusión del declive demográfico. Para el Gobierno asturiano, la baja natalidad y el despoblamiento requieren un tratamiento específico y, por tanto, subraya, la pérdida de habitantes no debe aparejar una merma de recursos. Asimismo, incide en que el modelo se base en las necesidades de gasto y no en la capacidad fiscal de cada territorio de forma que no quepa aplicar el denominado principio de ordinalidad y que el sistema proporcione mayores recursos a determinadas comunidades simplemente por tener mayor recaudación tributaria dado que determinadas comunidades se verían privilegiadas.

Según informa EFE, el futuro sistema debe además dotarse de más recursos para corregir los déficit de financiación generados durante la vigencia del actual modelo, que ha generado territorios sobrefinanciados, y garantizar el principio de suficiencia, de modo que las comunidades dispongan de los recursos precisos para financiar los servicios de su competencia tanto el presente como en el futuro, plantea el Gobierno asturiano. Para el Ejecutivo que lidera Adrián Barbón, el futuro modelo debe responder a un criterio de nivelación total por lo que rechaza que asegure únicamente determinados servicios mientras permite que en la prestación de otros, también importantes, haya diferencias entre territorios.

Tal y como había avanzado el presidente asturiano, la propuesta inicial de su gabinete plantea que la reforma se acompañe de una revisión del sistema tributario que incluya una armonización de mínimos que acote la competencia fiscal entre comunidades y que garantice que las rebajas indiscriminadas de impuestos tengan también impacto sobre los ingresos autonómicos. En este ámbito, el Principado plantea redefinir la recaudación normativa de los tributos cedidos de manera que a cada territorio se le imputen los recursos que le correspondan sin que se sobreestimen los ingresos autonómicos. El Gobierno ha avanzado además a los grupos que mantendrá la política de alianzas con otras comunidades desarrollada durante la pasada legislatura para plantear criterios comunes ante la reforma del sistema que permitió un acuerdo previo con Galicia, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Aragón que la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, no descarta ampliar a otras autonomías.

Voluntad de acuerdo de la oposición

Según informa Europa Press, tras la reunión, la portavoz en la Junta General del Principado de Asturias del principal grupo de la oposición, Teresa Mallada (PP), ha mostrado su voluntad de consenso en esta materia y ha dicho a los periodistas que espera que Barbón defienda los intereses de los asturianos «por encima de cualquier otra cosa». Desde el PP han apuntado al Gobierno que se debería tener cuenta en el reparto de los fondos el número tan elevado de parados de más de 55 años y de larga duración que existen en Asturias, así como el hecho de que el Principado sea la comunidad autónoma con una tasa de actividad más alta. Mallada también solicita que el fondo de convergencia tenga en cuenta el producto interior bruto (PIB) per cápita y no la renta per cápita.

También ha hablado del encuentro la portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, quien calcula que la mesa para hablar de la reforma de la financiación autonómica se activará a mediados del año que viene. Ha pedido al Gobierno que, además de reclamar más ingresos, efectúe un «esfuerzo» a la hora de gestionar el gasto público. Así, ha solicitado un estudio del coste actual de los servicios, para analizar cómo se puede gestionar de una manera «más eficiente». Ciudadanos también plantea que exista «más transparencia» y simplificación en todo lo que tiene que ver con una financiación autonómica que evite las «diferencias entre españoles» y que respete principios constitucionales como el de la igualdad.

Desde Vox, la diputada regional, Sara Álvarez, ha destacado que la postura de su partido es «la de trabajar por los asturianos. Lejos de debates partidistas», y que exigirán un modelo de financiación «que beneficie a Asturias y, por tanto, a los asturianos». «Estudiaremos el documento que nos han presentado» y «fijaremos nuestra postura y trasladaremos nuestras propuestas», ha señalado Álvarez tras la reunión. Por parte de Foro su portavoz Adrián Pumares ha recordado la predisposición de su partido a llegar a acuerdos en esta materia siempre que el diálogo se centre en «defender los intereses de Asturias y de los asturianos». Ha criticado en este punto cómo el presidente Pedro Sánchez trató de «abrir el melón» de la financiación de manera «bilateral» con determinadas comunidades.

Este, ha dicho, debe ser un debate «multilateral» en el que el Principado pueda defender sus «peculiaridades» y un sistema «justo» que respete los principios constitucionales de solidaridad e igualdad entre españoles y territorios. Buena disposición ha encontrado también la portavoz de IU, Ángela Vallina, quien al término de la reunión ha destacado que «es posible» llegar a un consenso en esta materia en Asturias. Ha considerado acertado abordar este asunto «fuera de la campaña electoral» del próximo 10 de noviembre, y ha señalado que es «fundamental» buscar alianzas con regiones que están en «situaciones muy parecidas» a Asturias, con problemas «muy similares» de financiación.

Insularidad asturiana

Por parte de Podemos, su portavoz Lorena Gil ha dicho que el Gobierno de Asturias debe incorporar otras cuestiones como la necesidad de contar con un sistema de escuela de 0 a 3 años público y gratuito o la necesidad de compensar a Asturias por la contaminación que ha padecido mientras ha producido electricidad para otros territorios. Además, Gil ha dicho que debería reclamarse un concepto que vendría a ser «una especie de insularidad», en relación a los problemas de conectividad que tienen los asturianos cuando quieren entrar o salir del Principado, con un peaje muy elevado por carretera o con una conexión ferroviaria deficiente. Por último, Gil ha dicho que debería compensarse a Asturias por la brecha salarial existente.

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