La consejera reconoce que las instalaciones eléctricas es la parte que más preocupa. Ordenará las prioridades de actuación
26 nov 2019 . Actualizado a las 13:34 h.Lo sucedido en el colegio Celestino Montoto, de Pola de Siero, donde tuvieron que desalojar a los alumnos y suspender las clases durante varios días por un fallo en el cuadro eléctrico, ha sido el detonante. La Consejería de Educación se ha comprometido a hacer un informe de situación de todos los centros asturianos que tendrá que estar concluido al término del próximo trimestre lectivo, el que comienza en enero. Ese informe incluirá todas las obras que será necesario acometer en los próximos cuatro años, con la urgencia correspondiente. Así ha respondido la consejera Carmen Suárez a una interpelación de Foro en el pleno de la Junta General, sobre las actuaciones que está previsto acometer en los centros educativos del Principado.
Suárez, sin embargo, ha precisado en el Parlamento que ya se están cometiendo actuaciones allí donde han detectado necesidades. Ha reconocido también que lo que preocupa especialmente es todo lo que tiene que ver con las instalaciones eléctricas.
Otros asuntos
No es el único tema que Carmen Suárez ha tenido que responder. La consejera ha hablado de otra de las polémicas de las últimas semana, los problemas con la implantación del nuevo programa de gestión económica (GICE). Ha comentado que los responsables de los centros educativos tienen autorización para pagar a proveedores, a pesar de esas dificultades con el GICE, mucho más complejo que el anterior sistema. «Se les está autorizando a que paguen», ha señalado, siempre y cuando terminen incluyendo las facturas en el sistema. En respuesta a una pregunta del PP, ha explicado que hubo que cambiar el sistema y ha reconocido que la formación pudo no tener las suficientes horas y que el manual que se proporcionó a los profesionales para el manejo era «críptico». El Principado, ante esas dificultades, que son «diferentes en cada centro», ha adoptado una serie de medidas para flexibilizar la situación. Entre ellas, figura una formación más específica «en cascada». Es decir, se irá formando a profesores que, a su vez, formarán a otros. En casos muy justificados, además, se permitirá a los centros cerrar sus cuentas más allá del plazo, dada la situación excepcional.
Por otro lado, a preguntas de Podemos, Suárez ha hablado de la situación de las educadoras de la etapa de 0-3 años de las que el Ayuntamiento de Oviedo prescindió en el mes de septiembre. Suárez dijo que en este punto compartía la preocupación de las trabajadoras pero que nada podían hacer, ya que la contratación depende del ayuntamiento. El secretario general de Podemos, Daniel Ripa, criticó su «pasividad» ante unos «despidos asquerosos».
La titular de Educación también ha respondido a una pregunta de la diputada de Ciudadanos Ana María Coto sobre las medidas a poner en marcha para garantizar la presencia de cuidadores con experiencia y cualificados en los servicios de transporte escolar en general y en el servicio de transporte de alumnos con necesidades especiales a los centros de educación especial en particular. Ha admitido que este curso hubo «cierto retraso» en poner en marcha los contratos. Además, se ha mostrado dispuesta a hablar con las empresas para evaluar el servicio al finalizar el curso. Ciudadanos había planteado que si esa evaluación era positiva se les prorrogase el contrato.
