El colectivo baraja abrir la vía penal ante el reiterado incumplimiento de sentencias de la Consejería de Educación
26 dic 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Las administraciones deben reservar el 7% de las plazas de empleo público para trabajadores con alguna discapacidad acreditada. Este porcentaje no solo afecta a las oposiciones sino también a la gestión de las bolsas y las listas del personal interino. Esto implica, por ejemplo, en Educación, que de cada 15 docentes convocados para ocupar una serie de plazas, uno tiene que ser un profesional con discapacidad. Como mucho puede elegir el número 15, pero también pueden -si quieren- convocarle incluso antes. Sin embargo, lo que está haciendo la Administración, según denuncia la asociación de Maestros Capacitados, es dejarles siempre para el final y ofrecerles los restos. Es decir, si llaman a 30, ellos eligen el 29 y el 30. Si llaman a 45, ellos eligen el 43, el 44 y el 45. Esto implica que siempre se tienen que quedar los sobrantes que no quieren el resto de compañeros. La consecuencia directa es que entre el profesorado interino del Principado solo el 1% pertenece a esa reserva. Están a seis puntos de cumplir la ley.
Así lo ha denunciado la asociación que lleva años pleiteando en los tribunales y que está barajando la opción de abrir la vía penal contra los políticos de la Consejería de Educación por incumplir con la cascada de sentencias favorables que han ido obteniendo en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Cada vez que consiguen un fallo judicial favorable, la consejería cambia el acuerdo de docentes con discapacidad que tiene suscrito con los sindicatos. La última vez apareció publicada en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) del pasado 10 de diciembre. Pero la redacción es ya tan intrincada que ni siquiera los propios afectados ni las organizaciones sindicales entienden la literalidad del documento. «Ahora parece decir que se elige en orden inversi, que el que docente con discapacidad con menos puntos elige ante que con otros docentes con discapacidad con más puntos», señala un portavoz.
Sea cual sea la redacción, los integrantes de Maestros Capacitados explican que Educación no cumple y que así se lo han trasladado a la propia consejera. Le han explicado el concepto de discriminación positiva, que pretende reducir los obstáculos a los que se enfrentan en su vida diaria y en la incorporación laboral los profesionales con algún tipo de discapacidad. Lo que no entienden es por qué Asturias no realiza la reserva legal cuando otras comunidades sí lo están haciendo, lo que demuestra que ni existe ningún impedimento ni legal ni formal.
El colectivo reclama de manera inminente el llamamiento siguiendo la idea de las listas cremallera y que, como mínimo, cada 15 uno tenga la discapacidad reconocida. No han llegado a tiempo para la convocatoria de aquellos que se incorporan justo después de las vacaciones de Navidad. El último llamamiento de 2019 no ha incluido ninguna novedad. Las reuniones con los gestores de Educación y el con el letrado que representa a los Maestros Capacitados no ha surtido efecto.
«Algunos estamos fuera. Otros se han quedado el camino. Unos poco han desistido», señala una portavoz que lleva ya dos cursos trabajando en otra comunidad autónoma pero que sueña con volver para poder conciliar su vida laboral y familiar. Han vuelto a pedir otra ejecución de sentencia pero con pocas esperanzas. Están inmersos en una batalla que parece no tener fin.