Un informe detecta irregularidades en las ayudas para construir la residencia del Montepío
ASTURIAS
El Tribunal de Cuenta detecta «irregularidades e incumplimientos significativos» tanto en la tramitación como en la ejecución y la justificación. Detecta los mismos problemas en subvenciones a otras entindades
10 feb 2020 . Actualizado a las 13:16 h.El Tribunal de Cuentas ha detectado «irregularidades» e «incumplimientos significativos» en la tramitación, ejecución y justificación en la subvención concedida al Montepío para la construcción de la residencia «La Minería» entre los años 2010 y 2017. Así se refleja en el informe aprobado por el organismo sobre la fiscalización de las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras y que hace referencia a este equipamiento, cuya construcción está en el foco de la investigación abierta para determinar el origen de la fortuna oculta de 1,4 millones que el histórico líder sindical José Ángel Fernández Villa regularizó en la amnistía fiscal de 2012.
A la regularización de fondos, en este caso por importe de 360.000 euros, se acogió también uno de sus más estrechos colaboradores en el sindicato y presidente del Montepío de la Minería Asturiana hasta 2014, José Antonio Postigo. En sus conclusiones, el informe refleja que ninguna de las líneas de subvenciones para la promoción de la reactivación de comarcas mineras del carbón se incardinó en un plan estratégico de los previstos en la Ley General de Subvenciones.
También sostiene que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras «careció de medios técnicos y humanos suficientes para gestionar adecuadamente las líneas de subvenciones de infraestructuras y de proyectos empresariales». En relación a la línea de subvenciones de infraestructuras, de concesión directa y cuyas beneficiarias era las comunidades autónomas, el informe observa que el marco normativo regulador era «ambiguo y escasamente riguroso, con deficiencias y debilidades que afectaron a la planificación, ejecución y justificación de las actuaciones, así como al control interno».
Unido a ello, ha recordado que, por ello, varias subvenciones concedidas con cargo a esta línea han sido objeto de procesos judiciales penales. El Tribunal de Cuentas sostiene que la selección de las infraestructuras a subvencionar «no comportaba ningún examen de viabilidad de las actuaciones a financiar, ni se concretaban suficientemente los criterios de priorización y la documentación técnica a aportar en cada proyecto». En cuanto a la justificación de estas ayudas, era «escasamente preciso, lo que implicó un excesivo grado de discrecionalidad en la documentación admitida como justificación de los distintos beneficiarios».
Asimismo, la fiscalización ha detectado «deficiencias e irregularidades» en la justificación de las subvenciones concedidas especialmente en las correspondientes a las entidades sin fin de lucro. Por otro lado, en relación con el análisis de las subvenciones de concurrencia competitiva para proyectos empresariales generadores de empleo, el informe observa que las bases reguladoras «adolecieron de un grado de complejidad muy elevado». Paralelamente, se produjeron «algunas incoherencias» en la definición de los plazos de referencia para los beneficiarios y en la definición de algunos requisitos, «lo que ocasionó un cierto grado de inseguridad jurídica entre los actores de este procedimiento, así como retrasos».
En relación con Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), la fiscalización señala que «no impulsó suficientemente» los procedimientos de reintegro de las ayudas ni tampoco desarrolló actuaciones de seguimiento y reclamación de los derechos que asumió como consecuencia de la liquidación de la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón, procedentes de litigios pendientes y cantidades identificadas como posibles reintegros. En lo que respecta al grado de consecución de los objetivos de las ayudas para reactivación económica de las comarcas mineras, el informe concluye que determinadas infraestructuras financiadas nunca se pusieron en uso, siendo, en particular, reducido el grado de ocupación en las inversiones realizadas en polígonos industriales, según recogió Efe.
Unido a ello, ha advertido de que ni los programas presupuestarios, ni los Planes del Carbón, ni las disposiciones normativas por las que se han regido las ayudas para reactivación de las comarcas, han dispuesto de objetivos e indicadores «adecuados y concretos que permitieran efectuar un seguimiento y valorar la consecución de las metas de los mismos y su impacto». Por otra parte, añade que ni las comunidades autónomas ni las CCAA ni el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón efectuaron los estudios de seguimiento previstos en los planes.
Del análisis realizado sobre los datos demográficos y las estadísticas industriales o empresariales correspondientes a Asturias, León y Teruel, el Tribunal «no ha obtenido una evidencia sustancial de que los recursos aplicados hayan tenido un impacto en la mitigación de la disminución de la población». Por todo ello, el Tribunal de Cuentas ha realizado una serie de recomendaciones dirigidas al Ministerio para la Transición Ecológica para la mejora de la planificación, regulación y gestión de las ayudas a las comarcas mineras del carbón.