El BOPA recogerá este miércoles la resolución que incluye rebajas en impuestos para alrededor de 2.500 pueblos asturianos
18 feb 2020 . Actualizado a las 13:11 h.La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, ha afirmado este martes que el Gobierno ha aplicado unos criterios económicos y demográficos «rigurosos» para determinar las zonas rurales que podrán acogerse a las rebajas fiscales, cuya resolución está abierta a «sugerencias y mejoras» que serán valoradas.
Cárcaba se ha pronunciado así en su respuesta a la diputada del PP Cristina Vega en el pleno de la Junta General, donde ha manifestado que la resolución se publicará mañana en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) y se abrirá un periodo de información pública.
La consejera ha dicho que los criterios para definir los 2.500 núcleos rurales que podrían beneficiarse de las deducciones fiscales han sido objeto de un «riguroso» análisis jurídico, técnico y presupuestario.
«No queremos que ocurra como en otras comunidades autónomas donde fueron declaradas anticonstitucionales», ha apuntado antes de admitir que para implantar esta medida ha habido que hacer frente a las «restricciones presupuestarias».
Las deducciones fiscales incorporadas al presupuesto vigente contemplan una deducción de 100 euros por nacimiento o adopción del segundo hijo o sucesivos en el impuesto sobre la renta (IRPF); de mil euros por el establecimiento como autónomo o trabajador por cuenta propia y de 50 euros por gastos en el transporte público.
Cárcaba se ha mostrado confiada en que estas ayudas serán «efectivas» para los núcleos beneficiados.
Según la estimación realizada la pasada semana por el Gobierno, todos ellos cuentan con una población de menos de diez habitantes o esta se sitúa entre 10 y 50 pero entre el año 2000 y 2019 la vieron reducida en un veinte por ciento o más.
Por su parte, Vega ha criticado que el Principado solo ha tenido en cuenta el número de habitantes y ha considerado que algunas de las deducciones planteadas son una «tomadura de pelo», como las relativas al transporte público.
La diputada del PP ha pedido que se haga una clasificación «rigurosa» que se adecue a los criterios del Eurostat; informó EFE.
