Consumo vigilará la especulación de precios de guantes, mascarillas e hidrogeles

La Agencia del Principado vigilaráposibles prácticas comerciales desleales durante el estado de alarma.

Un repartidor de butano realiza una entrega este lunes en el barrio ovetense de Ventanilles (Oviedo).
Un repartidor de butano realiza una entrega este lunes en el barrio ovetense de Ventanilles (Oviedo).

Mascarillas a 12 euros, hidrogel a 25, alcohol a 10 euros el bote. La picaresca no descansa ni con la pandemia. Así que la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo del Principado ha tomado cartas en el asunto. Este organismo autonómico ha iniciado una campaña de vigilancia de precios para controlar su evolución y para evitar posibles prácticas comerciales desleales durante el estado de alarma generado por la epidemia del coronavirus. Consumo ya está realizando una monitorización diaria de precios de artículos de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, productos higiénicos, droguería, parafarmacia y equipos tecnológicos y de telecomunicaciones. Esta labor se desarrolla en colaboración con el Ministerio de Consumo y presta especial atención a la venta de equipos de protección individual, como son los guantes, las mascarillas y el gel hidroalcohólico, los tres productos difíciles de conseguir.

En las últimas semanas han proliferado las quejas de compradores. La mayor parte de la farmacias asturiana ha colgado el cartel de que no hay existencias de mascarillas e hidrogeles pero unos pocos sí que cuentan con algo de material. El precio de las mascarillas para las empresas ha pasado de un coste de 12 céntimos a 90 céntimos, según ha comentado recientemente una empresaria del sector en Asturias. Pero con intermediarios termina llegando al consumidor a precios que rondan hasta los 12 y 15 euros. El mercado online también compite y así grandes plataformas ofrecen lotes de 50 mascarillas quirúrgicas a menos de 17 euros pero con un plazo de entrega de mes y medio. Todo esto es lo que vigila ahora la administración.

Otro de los terrenos que abarca esta campaña es los servicios funerarios. La Agencia de Consumo, que actualiza de manera constante su web, también está efectuando un seguimiento particular a los precios de las funeraria, que no pueden ser superiores a los vigentes antes del 14 de marzo de 2020. Antes de la contratación del servicio, la funeraria debe facilitar un presupuesto detallado de todos los servicios y adjuntar un listado de los precios antes de la declaración del estado de alarma. En su caso, la empresa funeraria que hubiese cobrado de más deberá proceder a su devolución.

Los derechos de los consumidores

El Principado recuerda que el Gobierno central ha aprobado una serie de medidas para proteger a los consumidores ante los problemas que pueda ocasionarles la situación excepcional: como las cancelaciones de vuelos, los viajes turísticos, los eventos deportivos, los espectáculos o la paralizacion de la actividad de gimnasios o academias.

En el caso de los viajes en avión, el consumidor tendrá derecho a cancelar el vuelo sin penalización. La compañía puede ofrecerle una alternativa de vuelo y, si no se llega a un acuerdo en el plazo de 60 días deberá de reembolsarle la cuantía abonada. En cuanto a las reservas de hoteles u otros eventos como espectáculos o pruebas deportivas que no puedan realizarse en la fecha prevista, se adoptan las mismas medidas.

En los servicios de carácter periódico, como son los gimnasios o las academias, el prestador podrá ofrecer la opción de disfrutar posteriormente de las actividades o reducir el importe abonado en las cuotas futuras. Si el cliente no acepta ninguna de estas alternativas, tendrá que devolver el dinero. Tampoco podrán cobrar nuevas cuotas hasta que no se reanude el servicio.

En el caso de los asturianos que haya perdido su empleo o sufrido una pérdida de ingresos o de facturación de al menos el 40% podrán solicitar la suspensión del pago de su hipoteca o crédito al consumo. Además, está prohibido el corte de suministro de agua, luz y gas a estos consumidores vulnerables o en riesgo de exclusión social. 

Por su parte, los consumidores que hayan adquirido un bien que no puedan recibir, podrán solicitar la resolución del contrato en un plazo de 14 días. No obstante, la empresa tiene la opción de ofrecer una solución alternativa de fecha diferente de entrega o un vale sustitutorio que el comprador deberá aceptar. Si transcurridos 60 días no ha habido acuerdo, la empresa devolverá el dinero.

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