Las asociaciones tan sólo hacen una excepción en la evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, la FP y 4º de la ESO
17 abr 2020 . Actualizado a las 17:28 h.Las asociaciones de padres y madres solicitan a la Consejería de Educación que de por finalizado el actual curso escolar, con la excepción y centrando los planes de continuidad, en su caso, para la celebración de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, la Formación Profesional y la titulación de cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria. Esta petición la hacen en un comunicado conjuntamente la Federación de Padres Miguel Virgós y la Concapa de Asturias. En el escrito aluden a la situación de estres que están pasando las familias a causa del confinamiento por la propagación del coronavirus y consideran que después de esta situación que se lleva atravesando ya algo más de un mes, los padres afirman que «ni los centros, ni el profesorado, ni las familias estamos preparados para dar la continuidad pretendida al curso actual con un mínimo de garantía de equidad». Por ello, piden que se aproveche «la fortaleza que toda la comunidad educativa está demostrando para prepararnos a volver a las aulas, cuando la pandemia lo permita».
Los padres afirman que les queda un problema que «realmente preocupa enormemente a las familias y que es la conciliación cuando se salga del confinamiento» y se tengan que devolver en muchos casos las horas no trabajadas para mantener los puestos de trabajo. Por ello, reclaman que este tiempo se dedique a «prepararnos tanto formativamente como emocionalmente para que la vuelta al colegio de nuestros hijos y nuestras hijas no sea traumática y que no se quede nadie descolgado del sistema». Los padres destacan la madurez que están demostrando los niños a la hora de afrontar el confinamiento y aseguran que «se merecen más que un monumento y son los grandes olvidados en esta penosa situación».
Desde ambas asociaciones se señala que «hay familias que agradecen el que a sus hijos e hijas se les asignen tareas, principalmente porque gozan de las condiciones apropiadas para poder realizarlas». Critican que las administraciones se pasen las responsabilidades unas a otras. «El ministerio deja en manos de las Comunidades Autónomas el proceder de cada una con unas pautas generales, por descentralización de competencias, que las Comunidades Autónomas dejan el proceder a los centros, por su autonomía, y que los centros dejan el proceder a su profesorado, por su libertad«, apuntan. Sin embargo, indican que «el profesorado no es experto en gestión de crisis, ni falta que hace. Su responsabilidad es la de formar a nuestros hijos e hijas y se le están añadiendo unas cargas que no pueden pasar desapercibidas. Y todo esto redunda en las diferencias de proceder, lo que agudiza la incertidumbre, el estrés y el sin sentido que se está trasladando inmerecidamente a los hogares».
Por ello, señalan que ante una situación excepcional y, si cabe, experimental, con un trabajo encomiable por parte del profesorado, trabajo que sin duda alguna será provechoso, pero que, como cualquier otro experimento, «se debe probar con voluntariado y entendemos que no de forma impositiva a un alumnado que hasta el 12 de marzo llevaba recibiendo enseñanza de forma presencial un 70% del contenido curricular. ¿Con ese porcentaje del 70% no se puede evaluar? ¿Es un servicio esencial concluir los 60 días lectivos de los 177 del curso escolar?», se preguntan. Y, si legalmente lo es, «¿merece realmente la pena trasladar a los hogares la carga que se expuso o, por el contrario, buscar fórmulas dentro de la legalidad para cesar en esta carga?», finalizan.
