¿Quien cuida de nuestros hijos para ir a trabajar? Los profesores afirman que no es su labor

Los padres preguntan qué hacer con los niños mayores de 6 años. Los sindicatos de la enseñanza afirman que los docentes están realizando su trabajo y que la conciliación requiere a otros profesionales


Oviedo

El proceso de desescalada del coronavirus en educación se presenta polémico. El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no habrá vuelta a las aulas hasta septiembre y que este curso terminará como hasta ahora con alumnos y profesores trabajando desde sus casas no crea reticencias pero, sin embargo, los interrogantes se abren al contemplarse en la fase dos —que de cumplirse los plazos podría llegar a finales de mayo— la apertura de las aulas para algunos supuestos, como clases de refuerzo voluntarias o para atender a los alumnos de Educación Infantil, hasta seis años, siempre que los padres acrediten problemas de conciliación. Esto abre una abanico de dudas entre padres y profesores.

Por parte de los sindicatos de profesores advierten de que la prioridad tienen que ser los criterios sanitarios y que los docentes están desarrollando su labor, por lo que exigen que sean otros grupos los que se hagan cargo de esos menores que requieran ir a un centro. Por parte de los padres la pregunta es: ¿Qué pasa con los niños de más de 6 años si tengo que ir a trabajar?  «El fin de los centros educativos no es la conciliación, son las empresas y las administraciones públicas la que tienen que garantizar los medios de conciliación», ha afirmado la secretaria del sector de enseñanza de UGT Asturias, Maxi Fernández, Maxi Fernández. «Existen otros profesionales para realizar esa labor y pone como ejemplo los campamentos de verano 11x12 que llevan a cabo ayuntamientos y monitores. Para la reanudación de las actividades en los centros «se tiene que priorizar los criterios sanitarios» por lo que exigen que "se realicen pruebas diagnósticas de PCR a los trabajadores y trabajadoras que desempeñen actividades en los centros».

En este mismo criterio se basa el representante de Suatea, Tino Brugos. «Cualquier medida tiene que garantizar la salud», señala. Las familias tienen que conciliar pero los centros educativos «estamos para cubrir otras necesidades que son las educativas, el esfuerzo del profesorado adaptándose a una situación extrema ha sido enorme y también el profesorado tiene que conciliar», explica.

Brugos recuerda que los docentes con el teletrabajo están realizando jornada de manaña y tarde, con los alumnos pero también con coordinaciones con los centros, con las familias. Por ello, a la espera de que la Consejería de Educación dicte alguna instrucción, en su opinión esto demuestra la «necesidad de abrir un proceso para cubrir bajas con interinos», al tiempo que insiste en esa necesidad de garantizar la salud «un tema muy delicado cuando además se está hablando de educación infantil».

Para Gumersindo Rodríguez, presidente de ANPE, el profesorado requiere que se aclaren las propuestas para esta desescalada en el ámbito educativo ya que, explica, el refuerzo «ya se está haciendo, se trabaja en el repaso del aprendizaje y con materias adaptadas». Además, el curso no se alarga y se acaba de la mejor manera posible. Señala que el profesorado «está desbordado porque está realizando un trabajo ímprobo que no se está reconociendo y aquí no se perdió ni un día de trabajo». Por ello, explica que en una de las últimas reuniones con la Consejería de Educación ya quedó claro  que el curso se termina el 30 de junio y que en julio no habrá refuerzo sino que habrá «actividades lúdicas y asistenciales por parte de ONG's que pongan personal y medios propios».

Por eso, desde ANPE se reclama el carácter educativo y no sólo asistencial y lúdico de la Educación, además de la dificultad en estas edades para mantener las medidas de seguridad e higiene a que nos obligan las autoridades sanitarias. Además, exige que ningún profesor ni alumno puede volver al aula sin las medidas de seguridad e higiene como test generalizados para la población escolar (alumnos y profesores), mascarillas, geles desinfectantes y guantes, «cuyo suministro dista mucho de estar asegurado, así como la necesaria higiene previa de los centros educativos, adecuación de las ratios de las aulas y de los espacios a fin de mantener el distanciamiento de seguridad».

Borja Llorente, secretario general de Enseñanza de CCOO, dejar el curso para septiembre es «lo más razonable» y para cumplir con los avances de esa desescalada «se tiene que respetar los derechos de los trabajadores» y organizar bien a las plantillas, es decir, «si hay profesorado que tenga que ir presencialmente se debe garantizar el cumplimiento de la jornada, no que se le amplíe indiscriminadamente». Pero todo ello, insiste, contando con un «buen plan de prevención que garantice que no haya más contagios». A su juicio, si ya es en verano «la actividad ya no es lectiva». 

Por parte de los padres, tanto la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Asturias (FAPA) Miguel Virgós como la Concapa (Confederación Católica de Padres de Familia y Alumnos) están estudiando los términos de esa desescalada. No obstante, la presidenta de la FAPA Miguel Virgós, Clara Díaz, reclama que esa conciliación «vaya más allá de los seis años». «¿Qué pasa con los padres que tengan niños mayores de seis años?», se pregunta. Afirma que hay muchas parejas que van a tener que ir a trabajar, a devolver las horas de trabajo que durante el endurecimiento del estado de alarma se quitaron y que ahora no pueden «tirar» de abuelos o amigos para dejar los niños. La posición de la asociación la resume en esta frase: «Escolarización obligatoria, conciliación obligatoria». En cuanto a las clases de refuerzo considera que pueden ser «casos muy localizados» pero señala que habrá que estar pendientes de ver cómo se articula.

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