El juzgado militar admite a trámite la segunda apelación contra el archivo del caso. Reclama que se corrija «la exigua» instrucción, se llame a declarar a los denunciados y se localice el parte que se presentó en su contra
29 jun 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Un juzgado militar acaba de admitir a trámite la segunda apelación del coronel asturiano que presentó una denuncia por un caso acoso sufrido en una residencia militar de Madrid el verano pasado. El recurso reclama que se mantengan abiertas las diligencias previas para que, al menos, se puedan practicar pruebas que considera básicas, como tomar declaración a los denunciados, algo que todavía no se ha hecho. También recoge que es clave que, como mínimo, se reclame el parte por falta grave que el principal acusado, el general y director de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, José María Millán Martínez, presentó cuando estaba intentando que abandonara la habitación que había ocupado durante 16 años. El letrado que representa los intereses del denunciante observa «inexactitudes o errores» en los hechos probados de lo que sucedió entre los meses de junio y agosto de 2019, que constan en el auto de archivo. Considera, además, que hubo «una exigua instrucción» y un procedimiento que denota «prisas por el archivo» y por el que llegaron a presentar una queja por desatención ante el Consejo General del Poder Judicial.
El caso se remonta al verano de 2019. El 11 de junio, el coronel asturiano pasó a la reserva y tenía que abandonar el alojamiento logístico militar de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, en Madrid. En esos momentos, llevaba ya cuatro años inmerso en un proceso en la justicia ordinaria para recuperar su única vivienda. Aunque se la habían asignado en el mes de abril, quedaban flecos procesales pendientes, como una impugnación de la tasación de costas, cifrada en 14.000 euros. Así que reclamó que se le concediera un margen de unas semanas para abandonar la habitación que había sido su casa durante algo más de tres lustros. Aunque inicialmente no hubo ningún problema, en cuestión de unas horas todo cambió. Denuncia que comenzaron unas actuaciones de acoso y chantaje, incluso con la presentación de un parte de falta grave contra él que, curiosamente, que nunca llegó a originar un expediente disciplinario. Terminó abandonando el alojamiento a finales de agosto, cuando pudo tomar posesión de su casa y tras renunciar a los 14.000 euros. Entonces decidió recurrir a los tribunales.
El coronel asturiano quiere demostrar que sufrió un caso de acoso. La apelación señala que «lo sucedido ese verano del 2019 presenta indicios de delito por sí solo» y que reviste «carácter penal». Pero es que, además, considera que está conectado con un caso anterior que agravaría los hechos. Trata de probar que está relacionado con el hecho de que fuera el primer militar en denunciar un caso de mobbing dentro del Ejército español, que supuso el procesamiento del entonces coronel Luis Gómez Armero y que obtuvo una amplia repercusión mediática. El recurso indica que esta es la hipótesis que manejan para explicar por qué el director de la Escuela Militar de Guerra cambió de actitud y pasó de permitir que el coronel asturiano, ya en la reserva, permaneciera en la habitación hasta que pudiera recuperar su vivienda a apremiarle para que se fuera.
El letrado reclama información, aclara contenidos y rebate lo que considera algunas insinuaciones contenidas en el segundo auto de archivo de la causa, tras una primera apelación que fue admitida. En primer lugar quiere conocer el histórico de sanciones completo de su representado, con todo lo anotado, incluso las evaluaciones para ascensos, asignaciones de destinos y otras circunstancias especiales.
La apelación insiste en que el coronel asturiano llevaba intentando recuperar su casa desde el año 2015 y que no fue hasta el verano del 2019 cuando pasó a la reserva, por lo que no se le puede acusar de ser «poco previsor», como cree que insinúa el auto de archivo. Además, aporta otra serie de datos que se han obviado en el relato de los hechos y que considera fundamentales para entender la situación. Explica que no había ninguna urgencia real para que abandonara esa habitación. En primer lugar, el militar que iba a ocuparla se encontraba en una operación e iba a tardar varios meses en regresar. Por otra parte, en aquellos momentos, había, al menos, otras 40 habitaciones libres. Detalla las fuentes exactas de estos datos y califica de «indispensable» que se recojan como hechos probados.
El letrado incorpora otro asunto de relevancia y es la reunión que alguien en nombre del coronel demandante mantuvo con Zaida Cantera, la excomandate retirada y a la que consideran experta en acoso, al haber sido una víctima y haber conseguido una condena. Cantera les explicó que, a su entender, la jurisprudencia constitucional existente confirma que el militar asturiano no tenía que abandonar la que había sido su habitación durante 16 años, al tener un derecho adquirido sobre ella. También les aconsejó grabar todas las conversaciones para poder rebatir argumentaciones en las que se le acusara de denunciar sin pruebas. Así lo hizo el coronel. Algunas de esas grabaciones las ha aportado al caso.
Su objetivo último, además de demostrar que fue acosado por diferentes mandos militares, es conseguir que aparezca ese parte por falta grave que interpusieron contra él, que considera un chantaje y que no ha podido ver nunca físicamente. La apelación detalla que se sabe que existe un oficio reservado de remisión, de fecha 17 de julio de 2019, que se comunicó de manera verbal. Pero nunca se pudo comprobar en ningún libro físico ni tampoco en un soporte informático. Aunque se obtuvo el compromiso de que se le mandaría por correo electrónico, esto nunca sucedió. Lo intentó sin éxito en más de una ocasión. Este parte también aparece en las conversaciones grabadas que se han aportado a la causa. Por eso no considera correcto que en el auto de archivo se mencione que «al parecer» ese documento existe. Considera que es algo confirmado y que es necesario incorporar.
Hay otro aspecto que conecta a este asturiano con Zaida Cantera y que también le empuja a rescatar aquel caso de mobbing del coronel Armero. Considera que es «muy importante» proteger a antiguos denunciantes y más a los implicados en casos muy significativos. Por eso reclaman las máximas garantías procesales, sin resquicios que puedan perjudicar a los denunciantes. La apelación insiste en buscar una explicación a por qué se echó al militar de la habitación cuando no le urgía al siguiente propietario, cuando había otras 40 libres y cuando, además, inicialmente nadie había mostrado ningún inconveniente. «En el auto que ahora se recurre no se explica ningún posible motivo por el que [el director de la Escuela Militar de Guerra] decidió dejar de ayudar a mi cliente. Si desde el principio hubiera mantenido la postura de desalojo urgente, poco o nada habría que decir ahora, pero el hecho de variar su compromiso, no exteriorizar sentir dejar de poder ayudar, cuando lo había hecho con otras personas, es indicativo de que su propósito había pasado a ser el de perjudicar, a pesar de que la disponibilidad de habitaciones era muy grande», argumenta el texto para reclamar que se investiguen, al menos, los principales indicios.