Las residencias privadas denuncian que se sintieron «abandonadas» por el Principado

La presidenta de la patronal que aglutina más plazas asegura que no tuvieron una reunión con la consejera de Bienestar Social hasta 40 días después de que se decretase el estado de alarma

La presidenta de la Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad, Teresa Álvarez
La presidenta de la Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad, Teresa Álvarez

Oviedo

La presidenta de la Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad, Aarte, Teresa Álvarez ha indicado en la Junta General que en las primeras semanas de la crisis sanitaria del coronavirus se sintieron «abandonados por la administración», con un «bombardeo de pautas y protocolos que cambiaban constantemente incluso varias veces al día». A ello había que sumar el desabastecimiento del mercado para adquirir EPIs y falta de personal para poder contratar como refuerzo al quedarse algunos de baja.

La representante de la patronal geriátrica asturiana que más plazas aglutina, 3.062, y más centros representa, 56, ha comparecido en la Comisión de Estudio de la gestión de la crisis sanitaria COVID-19. Allí ha relatado que no fue hasta el 24 de abril, cuarenta días después del inicio de la pandemia, cuando fueron recibidos y se reunieron con la consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Hasta entonces no había comunicación «bilateral», ni obtuvieron respuestas a sus demandas. En esa reunión trasladaron a la administración que se habían sentido abandonados, por lo que la consejería «se disculpó» e inició una comunicación más fluida.

«A partir de ahí la comunicación fue más fluida con varias reuniones», ha indicado la compareciente. No obstante ha indicado que mientras el mando único lo tenía la consejería de Salud, no tuvieron interlocución con esa consejería, ni lo han tenido aún, por lo que peticiones y propuestas no han sido escuchadas. Ha explicado que tras la petición que se realizó al Gobierno asturiano, la semana del 23 de marzo se incluyó a la red de residencias privadas en el reparto de material de seguridad de manera semanal, pero ese material era «escaso». «No era material suficiente pero era lo que había dadas las condiciones de desabastecimiento del mercado, por ejemplo para una residencia con 100 plazas nos daban cuatro EPI's», ha indicado Álvarez.

Así ha manifestado que antes de ese 23 de marzo en las residencias privadas, «en muchos centros», había guantes y mascarillas, pero no los EPI's para trabajar con contagios de coronavirus porque «no son centros sanitarios». También ha defendido que las residencias privadas cuentan con suficiente personal. A preguntas de los grupos ha explicado que sí es cierto que las primeras semanas les llegaron bolsas de basura con instrucciones para su uso como EPI. También ha relatado como el reparto de material de seguridad era diferente dependiendo de cada una de las áreas y no era un reparto homogéneo ni seguían los mismos criterios.

Fue el 12 de abril cuando recibieron en los centros los test rápidos y a finales de abril se procedió a la realización de pruebas PCR al personal, por lo que en algunos casos esos test no se han utilizado. «Nosotros creemos que la realización de las pruebas masivas podía haber comenzado antes», ha indicado.

Retornos hospitalarios sin PCR

Ha explicado que en las primeras semanas se llevaban a cabo retornos hospitalarios a residencias sin realización de PCR, con el consiguiente peligro de contagio y la necesidad de aislamiento que se trasladaba a los centros. «Estamos hablando del inicio de la pandemia cuando sí hubo algunos contagios por personas que habían retornado del hospital», ha indicado. En este sentido ha manifestado que su principal objetivo siempre fue solicitar pruebas para detectar positivos y derivarlos a centros hospitalarios. Teresa Álvarez ha explicado que la red residencial asturiana es muy heterogénea y atiende a perfiles muy diferentes y esta diversidad es la que los protocolos de salud no han sabido recoger, algo que trataron de trasladar a la administración.

Situación actual

Respecto a la situación actual, la representantes de la patronal ha indicado que ya se han retirado las redes de seguridad que se habían establecido y los controles periódicos previstos, lo que no consideran adecuado debido al peligro de rebrotes, informa Europa Press. «Creemos que esas medidas deberían mantenerse. Es cierto que hay protocolos claros y aprovisionamiento de material pero eso no impide que en cualquier momento pueda darse un positivo en un centro y un rebrote», ha explicado Álvarez.

Teresa Álvarez ha indicado que el reto que hay por delante es integrar la atención sanitaria con la atención a la persona, por ello plantean que las residencias se integren de manera plena, real y efectiva en la atención primaria. Y es que a su juicio no pueden ser ciudadanos de segunda y deben recibir la misma atención que quienes viven en sus hogares particulares. «No estamos hablando de centros sanitarios, sino que son centros sociales, domicilios y hogares de personas muy vulnerables», ha indicado. Mantener la figura del interventor es otra de las propuestas de la patronal, ya que consideran que la misma se ha mostrado realmente positiva.

La respuesta de la consejería

Por su parte, la consejería de Derechos Sociales se ha defendido de estas acusaciones y ha asegurado que «el día 4 de marzo ya se enviaron los primeros protocolos de procedimiento de actuación frente a sospecha de casos covid, tanto a los centros públicos como privados. Y así se hizo de forma sistemática con nuevos protocolos sanitarios, que siempre se derivaron a las residencias privadas y públicas. Además, ha afirmado que «el día 22 de marzo el Sistema de Alerta Temprana incorporó a todos los centros privados, para detectar los casos con la mayor celeridad y así poder intervenir desde Salud».

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