Estos son los concejos asturianos que más dinero deben

Los ayuntamientos grandes tienen una deuda de gran volumen pero cuando se pone en relación con el número de habitantes aparecen las sorpresas


Si cada asturiano tuviera que rascarse el bolsillo para saldar la deuda viva que tienen sus ayuntamientos habría tres concejos en los que sus vecinos saldrían claramente perdiendo. Sus números absolutos no son los peores. Ese honor queda reservado a los más grandes. Pero cuando se analizan los números rojos por habitante, entonces la panorámica es bien distinta. Así cada persona empadronada en Amieva tendría que sacar de la cartera 2.176 euros para que su municipio quedara a pré. Los ponguetos tendrían que desembolsar 1.697 euros y los pixuetos, de Cudillero, 1.018. Los tres conforman el pódium. Si queremos ver los diplomas de honor entonces se puede añadir a Sala, que adeuda 891 euros por vecino; a Somiedo, con 830 euros; y también a Quirós con 681 euros.

Así ha quedado reflejado en el último informe de deuda viva de las entidades locales que acaba de haber público el Ministerio de Hacienda y que demuestra que, en realidad, los ayuntamientos afrontan la crisis económica derivada del coronavirus con las cuentas mucho más saneadas que en la anterior recesión, la del 2008. A fecha 31 de diciembre de 2019, la deuda de la corporaciones locales ronda los 23.236 millones de euros, lo que supone y un descenso del 10% con respecto al 31 de diciembre de 2018 y casi un 50% por debajo que en la misma fecha de 2012. El fuerte ajuste económico de la anterior contracción económica y la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera ha conseguido que la administración más cercana al ciudadano luzca boyante.

Los números asturianos también lo reflejan. Por citar dos indicadores, en total, los concejos deben 210,5 millones. En 2012 esa cifra era más del doble. En concreto, 481,2 millones de euros. Además, el listado de entidades locales del Principado que no deben ni un céntimo es extenso y abarca de oriente a occidente y del interior a la costa, desde pequeños ayuntamientos a otros por encima de los 10.000 habitantes. En total, rozan los 40 los que lucen cuentas saneadas, como Valdés, Villaviciosa, Carreño, Laviana, cangas de Onís, Parres, Navia, Colunga, Cabrales, Morcín, Soto del Barcos, los tres Oscos, Taramundi, Candamo o las Peñamelleras son solo algunos ejemplos.

Los números totales sitúan a Gijón a la cabeza, con casi el doble de deuda que Oviedo. El primero suma 98,2 millones de euros. El segundo, 56 millones de euros. Le sigue el tercero en población, Avilés, con 11,9 millones de euros. El cuarto, también siguiendo el orden del padrón, es Siero con apenas medio millón de euros. Los sierenses solo deben 11 euros por vecino. En cambio, los gijoneses lo elevan a 361, los ovetenses, a 255 euros y los avilesinos, a 153 euros. Sus datos per cápita están, por tanto lejos de Ponga, Cudillero y Amieva.

Pero, a su vez, los concejos asturianos más endeudados están lejos de las cifras que reflejan otras entidades locales en otras provincias. El récord absoluto lo ostenta una diminuta localidad de Castellón, con apenas 716 vecinos. Cada uno tendría que depositar 7.200 euros para acabar con los números rojos. Tres veces más que Amieva y siete veces más que Ponga, por compararlo con los dos primeros asturianos.   

La evolución en los últimos ejercicios en términos generales ha sido positiva en la mayor parte de los concejos pero el ránking ha permanecido inamovible en el último año. De hecho tanto Amieva como Ponga y Cudillero han empeorado sus resultados ligeramente. En términos relativos, nuevamente en relación con el número de vecinos Amieva ha pasado de deber 2.130 euros por habitantes a 2.176. Ponga ha pasado de 1.443 euros a 1.697 y Cudillero de 1.016 euros a 1.018. Son variaciones muy pequeñas pero a peor.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a nivel del Estado y la Federación Asturiana de Concejos (FACC) en el Principado llevan meses presionando para que el Gobierno flexibilice la normativa en vigor, aquella del 2012, y les permite utilizar los ahorros que tienen en el banco. Es una hucha suculenta y más en tiempos de necesidad, con el coronavirus haciendo estragos. Los ayuntamientos han recortado de donde han podido para priorizar el gasto en asuntos sociales pero cuentan con unos remanentes que en estos momentos les vendrían muy bien.

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