«A mi bisabuelo le pusieron una multa de 30.000 pesetas y tuvo que venderlo todo a un falangista»
ASTURIAS
Los expertos aseguran que la nueva ley obligaría a revisar decenas de miles de procesos en Asturias y también a resarcir multas y expropiaciones
20 sep 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La nueva ley sobre los juicios franquistas que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez es, en opinión de los expertos, una bomba jurídica y económica. Para Luis Miguel Cuervo, investigador y excoordinador de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, «solo en el archivo militar de Ferrol hay 40.000 asturianos encausados en consejos de guerra», que operaron tanto en la revolución del 34 (estos, en principio, no estarían previstos en la ley), como en la Guerra Civil y la posguerra.
A esto habría que sumar los juicios celebrados por tribunales ordinarios pero que abrieron procesos por motivos políticos, sindicales u otros que la actual constitución española no prevé, según señala el catedrático de Derecho Leopoldo Tolivar.
Si el legislativo aprueba una normativa declara nulos todos juicios, las repercusiones económicas serían «enormes», según coinciden en señalar tanto Tolivar como Cuervo. En primer lugar, por la indemnización que supondría en el caso de fusilamientos o penas de cárcel, pero también por las multas y por las propiedades requisadas de manera más o menos legal en su momento, o de forma totalmente ilegal.
Cuervo pone un ejemplo muy fácil de entender: «A mi bisabuelo le pusieron una multa de 30.000 pesetas, una cantidad muy elevada en los años 30 que no podía pagar. Así que tuvo que vender su casería al jefe de Falange local, y pasó de propietario a quedar de criado en su tierra». Su delito: Durante la guerra daba mítines desde el hórreo.
El investigador explica que, sobre todo durante la guerra se produjo abiertamente un expolio, pero más tarde «intentaron regularizarlo y así llegaron las famosas multas» que los afectados difícilmente podían afrontar si no era vendiendo su patrimonio.
Cuervo, que visitó en muchas ocasiones el archivo de Ferrol, señala que, en primer lugar sería necesario sistematizar la información de que se dispone. «No hay nada digitalizado debido a la dejadez de los sucesivos gobiernos asturianos, a diferencia del vasco, por ejemplo».
Miles de expedientes se llenan de polvo en las estanterías; algunos son breves pero otros ocupan cientos de folios. «Es una tarea que tenemos pendiente en Asturias, y es imprescindible para empezar a investigar», indica Cuervo.
La ley anterior, como recuerda Tolivar, ya había previsto que muchos de los juicios franquistas eran ilegítimos, pero no hablaba de nulidad ni, por tanto, de indemnización. Su abuelo, el rector Leopoldo Alas, fue uno de los fusilados en Oviedo por los rebeldes franquistas. Lo que ahora prepara el Gobierno Sánchez es otra cosa, en principio, muy diferente a la ley de Zapatero de 2007. «Pero yo soy muy escéptico en cuanto a su viabilidad, sobre todo en el aspecto económico», dice Tolivar.
Fosas y medallas
La ley todavía va más allá: prevé anular medallas, condecoraciones y títulos nobiliarios concedidos por el franquismo. No hay una gran cantidad de estos en Asturias, donde sin embargo sí se produjo una intensa represión en la posguerra.
Acometer la exhumación de los fusilados y enterrados en fosas comunes será otro aspecto complejo y costoso de la normativa. Cuervo explica que, hasta ahora, tanto la financiación como los mismos trabajos corrieron a cargo de activistas, y que se trata de una tarea extremadamente compleja: «Muchos testigos, los hijos de los fusilados o sus vecinos, por ejemplo, son mayores. Están muriendo. Y los que están vivos no quieren hablar porque, aunque parezca mentira, aún siguen teniendo miedo».
