Copia traducida o repetir el discurso: las opciones para usar asturiano en la Junta

Esta propuesta, impulsada por el PSOE, ha sido consensuada por la junta de portavoces del parlamento asturiano para resolver el conflicto planteado por Vox

Los diputados de Vox en la Junta General del Principado, Ignacio Blanco y Sara Álvarez Rouco.
Los diputados de Vox en la Junta General del Principado, Ignacio Blanco y Sara Álvarez Rouco.

Si un diputado del parlamento asturiano alega a partir de ahora no haber entendido una intervención realizada en bable en la Cámara autonómica, el compareciente o el parlamentario diputado que la haga deberá entregar una copia escrita en castellano o repetir su discurso en este último idioma utilizando el mismo tiempo que el empleado en su primera alocución.

Esta propuesta, impulsada por el PSOE, ha sido consensuada hoy por la junta de portavoces del parlamento asturiano para resolver el conflicto planteado por Vox que, desde el comienzo de la legislatura, adujo no entender algunas de las intervenciones realizadas en asturiano, que no tiene carácter oficial en el Principado, y llevóo la cuestión al Tribunal Constitucional.

En concreto, el recurso se presentó contra la reforma del Reglamento de la Junta General del Principado que hizo extensivo a cualquier compareciente, incluidos los miembros del Gobierno, el derecho a usar el asturiano en la Cámara autonómica del que ya disfrutaban los diputados.

El Constitucional desestimó el recurso de Vox al considerar que dicho precepto no regulaba su cooficialidad sino que únicamente reconocía determinados efectos en el seno del parlamento y que la imposibilidad de ejercer las funciones por los diputados que adujeran no entender el asturiano se salvaba al atribuir a la Mesa la potestad de adoptar las medidas oportunas para que su desconocimiento no suponga un obstáculo para ejercerlas.

El acuerdo, que contempla que todas las intervenciones en asturiano se reflejen en ese idioma y en castellano en las publicaciones oficiales de la Cámara, ha suscitado un consenso suficiente entre los grupos para garantizar su aprobación y ahora se trasladará a los servicios jurídicos para que elaboren un texto para proceder a su aprobación definitiva por parte de la Mesa.

Mientras que Vox ya se había mostrado favorable a resolver el conflicto disponiendo de una copia en castellano de las intervenciones en asturiano, Podemos ha mostrado su rechazo a la propuesta al considerar que todos los diputados entienden las intervenciones y que así se ampara «un boicot» a la normalización lingüistica del asturiano, según su secretario general, Daniel Ripa.

Ripa ha incidido en que el acuerdo seguiría aplicándose, aunque se aprobase la coficialidad del asturiano, y en que supone «una discriminación» para quien lo use dado que, en caso de que los diputados se nieguen a traducir su intervención, su discurso será eliminado del Diario de Sesiones, serán llamados al orden y podrán ser expulsados y que, en caso de que la traducción no sea literal, prevalecerá en los documentos oficiales la versión pronunciada en castellano.

Para el portavoz adjunto del PP, Pablo González, el principio de acuerdo alcanzado hoy permite «dar normalidad a lo que es normal» y protege «el gran activo común» que es el castellano dado que, de no adoptarse ninguna medida tras la sentencia del Constitucional, se acabaría llegando al «esperpento» de tener que recurrir a la traducción simultánea.

Su homólogo de Foro, Adrián Pumares, ha considerado que no es «un problema de incomprensión sino de intolerancia» y, tras cuestionar que realmente haya alguien que no comprenda las intervenciones en asturiano, ha puesto en duda la capacidad de esos diputados para representar a la sociedad asturiana «si no comprenden su lengua». 

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La histórica sentencia que avala la constitucionalidad del uso de la lengua asturiana en la Junta General del Principado ya se había filtrado la semana pasada tras un encendido debate entre los magistrados que terminó por rechazar el recurso de Vox. Este jueves se ha dado a conocer de forma pública la sentencia del Tribunal Constitucional y también los dos votos particulares de los magistrados que le han puesto pegas, el de su vicepresidenta, Encarnación Roca, y el concurrente de Pedro González-Trevijano

El debate jurídico que se ha zanjado ahora comienza con el inicio de la nueva legislatura en la Junta General, en la primera comparecencia de la consejera de Cultura, Berta Piñán, que quiso expresarse en asturiano. Esto le valió las protestas airadas de Partido Popular y Vox, y la consecuente reclamación a los letrados del parlamento autonómico que determinaron entonces que el derecho a hablar en asturiano ante la cámara correspondía sólo a los diputados y no a los miembros del Gobierno. Se hizo una reforma para extender esa capacidad a diputados, consejeros y cualquier persona; y entonces el grupo de Vox elevó la causa al Constitucional que ahora le ha dado luz verde definitiva.

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