La directiva europea de los peajes abre la puerta a cobrar más en regiones de montaña como Asturias
ASTURIAS
El texto, del año 2011, señala que ese recargo debería ser finalista para aliviar daños medioambientales e indica que podría eximirse a territorios de la periferia
07 may 2021 . Actualizado a las 09:44 h.La idea de extender a la generalidad de la autopistas el cobro de peajes no es una excentricidad en el contexto europeo ni mucho menos, son varios los países de la unión que ya lo aplican y, de hecho, ya en el año 2011, una directiva del parlamento europeo instaba a los estados miembros a aplicar este modelo. El texto dedica buena parte de su normativa a asegurarse de que no se darían discriminaciones entre los distintos países al cruzar las fronteras, justifica la medida como una forma de reducir la congestión del tráfico y la contaminación, la ambiental pero también la acústica, y deja en el aire una posibilidad especialmente preocupante para Asturias; que en carreteras de montaña los costes sean más elevados.
La directiva ya tiene una década de antigüedad y surge en un contexto totalmente distinto de los proyectos lanzados en el presente, al albur de los fondos de reconstrucción económica por el impacto de la pandemia. El Gobierno español anunció este jueves que su propuesta pasa por implantar peajes de 1 céntimo por cada kilómetro recorrido en las autovías de la red estatal dajando abierta la puerta a que las autonomías adopten también el mismo sistema su propia red (que en Asturias incluiría la AS-I, al autovía minera y la AS-II, o industrial, que ya tiene un peaje en la sombra al pagar el Principado a un empresa que explota la vía).
En todo caso, el texto de la directiva indica que «en casos excepcionales correspondientes a infraestructuras de regiones de montaña, y previa notificación a la Comisión, podrá añadirse un recargo a la tasa por infraestructura percibida en determinados tramos de la carretera que sufran graves problemas de congestión o cuya utilización por los vehículos provoque importantes daños al medio ambiente».
Pero la directiva señala que ese posible recargo, que debe justificarse por daños mediambientales, debe tener un próposito finalista y su recaudación no podría sumarse a la común ya que impone que «los ingresos generados por el recargo se destinen a financiar la construcción de proyectos prioritarios de interés europeo» de tal manera que lo que se pudiera percibir por cobrar más en esas zonas especialmente protegidas debe contribuir «de forma directa a aliviar la congestión o los daños medioambientales y que pertenezcan al mismo corredor que el tramo de carretera donde se aplique el recargo».
El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Gobierno de Asturias, Alejandro Calvo, fue el primer miembro del Gobierno del Principado en referirse de forma directa a esta iniciativa señalando, según citó Europa Press, que «somos una comunidad donde la red nacional es muy, muy limitada y donde los kilómetros de autovías nacionales son muy limitadas y sin embargo tenemos un elemento clave como es el disponer de un peaje de alto precio para la salida a la meseta».
El peaje del Huerna está prorrogado hasta el año 2050 y tiene un precio en la actualidad de más de 13 euros para turismos y entre 17 y 21 para los vehículos pesados. Existen bonificaciones pero sólo para usarios que crucen la autopista al menos cinco veces al mes y siempre con sistema de telepeaje. Calvo reclamó que se debata la medida y que, en todo caso, el sector del transporte quede exento «si esto se hace en condiciones de homogeneidad también tendríamos mucho que ganar, y yo lo que creo es que tiene que haber un debate sosegado, constructivo y propositivo porque todos estamos a favor de que haya una sostenibilidad real del sistema y un mantenimiento y conservación adecuado de la red, pero que esto tiene que soportarse en condiciones de equidad y por lo tanto lo primero que hay que hacer es preservar de ese sobrecoste a nuestros servicios de transporte público y a los profesionales».
Lo cierto es que la directiva europea también señala que no debe tratarse igual a territorios en la periferia, como se podría considerar a Asturias. Así, el texto de 2011 recoge que «al determinar la red sobre la cual se aplica un gravamen por costes externos, los Estados miembros deben poder optar por no percibir gravámenes por costes externos sobre determinadas carreteras a fin de mejorar el acceso a las regiones periféricas, sin litoral e insulares así como la competitividad de estas».
