El ministerio se aviene ahora a negociar un plan de gestión y control del lobo

Todo parece indicar que el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido escuchar las reivindicaciones de las tres principales organizaciones agrarias españolas (COAG, ASAJA y UPA) en lo que la estrategia del lobo se refiere. La postura de estas entidades, compartida por muchas comunidades autónomas, era que se vinculara la inclusión del cánido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (Lespre) a la elaboración de una nueva estrategia nacional que definiese cómo debía ser la gestión y el control del lobo. Una iniciativa que el ministerio rechazó en numerosas ocasiones, pues apostaba por elevar directamente la protección del animal. Sin embargo, en el último encuentro celebrado entre las organizaciones agrarias y el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, Jorge Marquínez, la postura del Gobierno «ha dado un giro de 180 grados», explican en COAG. Transición Ecológica está ahora dispuesto a negociar desde cero un nuevo plan de gestión y control del lobo que garantice su coexistencia con la ganadería extensiva, explica un comunicado de las entidades agrarias. El ministerio, por su parte, explicó que decidió aplazar hasta el último trimestre de este año la publicación de la orden ministerial que elevará la protección del cánido, un aplazamiento que se realiza para evitar un «vacío legal» y no paralizar los planes de gestión de la especie durante este período.

 Lo más importante es que, según aseguran COAG, UPA y ASAJA, los altos cargos del ministerio se comprometieron a vincular la entrada en vigor de la orden que incorpora al lobo al Lespre a la elaboración previa de la nueva estrategia de gestión del lobo. Un documento que, además, deberá ser aprobado por unanimidad. Esto significa que, tal y como reclamaban también algunas comunidades autónomas, entre ellas Galicia, el ministerio deberá primero negociar una estrategia de gestión del lobo y, posteriormente, podrá elevar la protección de esta especie incluyéndola en el Lespre. Las tres organizaciones agrarias reiteraron  la importancia de que este proceso parta de un análisis actualizado del número de manadas y ejemplares que existen en España. También, de que recoja un paquete de medidas concretas para facilitar la coexistencia del lobo con la ganadería, desde fórmulas que permitan un control poblacional hasta ayudas para implementar medidas de prevención y compensaciones públicas frente a los daños, al margen del presupuesto de la PAC. 

Un vacío normativo

Transición Ecológica asegura que lo que se le dijo a las organizaciones agrarias es que la Orden Ministerial para la inclusión del lobo en el Lespre en la que está trabajando establecerá un procedimiento para que no haya un vacío normativo entre el momento efectivo de la inclusión de la especie y la aprobación de la Estrategia para la Conservación y la Gestión del Lobo. Un documento que, asegura, estará listo dentro de unos meses pero siempre antes de que termine el año. Argumenta el ministerio que inclusión del cánido en el listado produce un efecto inmediato en los vigentes planes de gestión de las comunidades autónomas, que están construidos sobre la premisa de que el lobo es cinegética al norte del Duero. Al reclasificar la especie, los planes de gestión vigentes decaerían, con el consiguiente vacío normativo. Con el retraso de la medida, lo que se hace es dar cobertura a la gestión en esos meses en que todavía no estará lista la Estrategia que se aprobará antes de finales de año. El ministerio insiste que el lobo se va a incluir en el Lespre según lo previsto.

 La noticia ha sido acogida con sorpresa entre las organizaciones ecologistas como la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel). Esta entidad asturiana fue la que puso en marcha el proceso para incluir al cánido en el Lespre y recuerda ahora que «este es un procedimiento reglado en el que no es admisible que haya un parón o una marcha atrás. Llevamos meses esperando a que esto se publique en el BOP y seguimos esperando», asegura su presidente, Ignacio Martínez. También recuerda que hay en marcha un recurso contencioso-administrativo contra el ministerio por no sacar adelante este proceso. Y añade que, de confirmarse el cambio de postura de Transición Ecológica, «tendríamos que estar pidiendo la dimisión de alguien porque no se puede actuar así». 

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