Los gigantes de la distribución calculan un incremento en los costes de transporte de entre el 9 y el 13 %
15 may 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Los planes del Gobierno para imponer peajes en toda la red de carreteras del Estado a partir del 2024 ha puesto en pie de guerra a transportistas y gigantes de la distribución. En el plan de inversiones y reformas remitidos a Bruselas se incluye la propuesta de cobrar para sufragar el coste de mantenimiento de las infraestructuras y garantizar que quienes más usan estas vías pagan más por ellas.
La medida no ha sentado nada bien, ni a usuarios ni a profesionales. No solo por los efectos que podría tener sobre la competitividad de las empresas, también porque puede suponer un lastre para la convergencia de regiones periféricas como Asturias, más aisladas de las principales arterias comerciales. «No tiene sentido para la convergencia y la competitividad. Puede ser un lastre importante», asegura el decano de la Facultad de Administración e Dirección de Empresas (USC), Roberto Bande.
De hecho, el Gobierno asturiano rechazó la propuesta, por boca de su portavoz, Melania Álvarez, al destacar que «el peaje no puede ir directamente contra los usuarios en un territorio como Asturias». La portavoz señaló que la red de autovías estatales es «muy limitada» en el Principado y que dos de las autopistas de la comunidad (la AS-I y la AS-II) son de titularidad autonómica. Además incidió en que Asturias ya tiene que pagar una elevado y prolongado peaje por su única conexión por autopista con la meseta a través del Huerna.
Eso mismo es lo que sostiene la patronal del gran consumo Aecoc, que agrupa a 30.000 empresas entre distribuidores y fabricantes (entre ellos Mercadona, El Corte Inglés o Inditex). Este viernes alertó de la «pérdida de competitividad» que provocaría la implantación de estos peajes en las autovías españolas. Calculan un incremento de los costes de transporte de entre el 9 y el 13 %, una subida que podría trasladarse a los consumidores, afectando a sus bolsillos con precios más altos a los que están acostumbrados, señalan.
Por este motivo, la entidad exige que el transporte de mercancías quede exento de un posible tributo por el uso de las autovías. «La consecuencia directa de la introducción del pago por uso en las vías de alta capacidad sería un mayor coste del transporte por carretera que se trasladaría, de eslabón a eslabón, a lo largo de la cadena a los cargadores, a los productos y, en última instancia, a los consumidores», han señalado sus responsables, según recoge Efe. De acuerdo con sus cálculos y en función de la tarifa a aplicar (entre 14 y 19 céntimos por kilómetro, según las diferentes propuestas), los peajes supondrían un coste de entre 1.400 y 1.900 millones de euros para las empresas de gran consumo.
El 47 % de las exportaciones van por carretera
Además, han destacado que también se «debilitarían» las exportaciones españolas, ya que el 47 % de las mercancías que vende el país fuera de sus fronteras en valor se trasladan al mercado de destino por carretera. «Por tanto, el pago por uso de las carreteras sería un nuevo impuesto a las mercancías, ya que no existe una alternativa. El ferrocarril, aunque todos deseamos su crecimiento, no es una alternativa real», han explicado desde Aecoc.
La patronal ha considerado que la medida entrañaría un riesgo añadido de cara a la siniestralidad (por el traspaso de tráfico pesado a vías secundarias) y ha instado a la Administración a evitar decisiones «que lastren la competitividad de las empresas» en el contexto actual de recuperación de la economía.
