Los trabajadores asturianos apoyan a sus compañeros gallegos y apuestan por la continuidad de la planta. Califican la actitud de los políticos que exigen el fin de la actividad de «incongruente y populista»
30 jul 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El futuro de la fábrica de Ence en Pontevedra está en el aire. La Audiencia Nacional ha anulado la prórroga de la concesión de Costas y, aunque desde la compañía tienen pensado agotar la vida judicial y dar batalla, el cierre de la planta es una opción que está encima de la mesa. En un principio, podría parecer que el fin de la actividad en Galicia beneficiaría a la planta de Navia al aumentar la carga de trabajo, pero desde el comité aseguran que el impacto sería mínimo. Además, los trabajadores asturianos salen en apoyo de sus compañeros de Pontevedra, reclaman que la factoría siga funcionando y critican con dureza a los políticos que piden el fin de la actividad.
Javier Rodríguez, presidente del comité de empresa en Navia, deja claro que «como representantes de los trabajadores, apoyamos a los compañeros de Pontevedra». «No estamos para nada de acuerdo con los políticos porque no entendemos cómo pueden defender a Alcoa, con razón, y después al día siguiente pedir el cierre de otra empresa», asegura Rodríguez. «Es una incongruencia y populismo», añade.
En cuanto al impacto de ese posible cierre en Navia, Rodríguez sostiene que sería mínimo. «Las inversiones en Navia -que suponen 450 millones- están planificadas y a un paso de empezar y son independientes de lo que pase en Pontevedra», explica. Además, apunta que «aquí estamos a tope de actividad, no podríamos absorber su carga de trabajo y no hay nada previsto respecto a que se pueda traer esa producción». En su opinión, «esa actividad se la llevaría la competencia a Portugal y Brasil, ni siquiera a España» y descarta la posibilidad de construir una nueva planta en Navia: «eso no es viable. Construir una planta nueva en Europa no es competitivo».
Los pasos a seguir por la empresa
Una vez conocida la sentencia de la Audiencia Nacional, Ence explicó que va a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo y que «agotará todas las vías jurídicas posibles en defensa de la continuidad de nuestra biofábrica hasta 2073». Si el Supremo no les da la razón, recurrirán a la justicia europea.
La empresa estima que el proceso legal se podría alargar entre 1 y 3 años, incluyendo los recursos que se formulen ante las más altas instancias judiciales y, en el caso de que finalmente no les den la razón, reconocen que «tendríamos que cerrar la planta en el plazo que determine el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico».
Inversiones en Navia
El plan estratégico de la empresa 2019-2023 incluye un proyecto para construir una nueva línea de 340.000 toneladas de capacidad en la biofábrica de Navia, aunque desde la compañía reconocen que «podría ser mayor». Esta ampliación ya cuenta con los terrenos y con «prácticamente» todos los permisos necesarios para iniciar su construcción, que llevaría unos dos años. «Sería una línea algo más pequeña que la de Pontevedra pero mucho más eficiente», sostienen desde Ence. En todo caso, este proyecto, que aspira a contar con fondos europeos, es totalmente independiente del cierre de Pontevedra.
La importancia de Pontevedra
Ence detalla que la biofábrica de Pontevedra supone una tercera parte de la caja libre que genera el negocio de celulosa y una cuarta de la que genera el grupo, «incluyendo el negocio de Energía Renovable y en un escenario de precios medios del ciclo de la celulosa».
Además, la empresa recuerda que desde que el Estado les concedió la extensión de la concesión en 2016, «hemos invertido en Pontevedra cerca de 130 millones, de buena fe y confiados en la prórroga otorgada y atendiendo a las exigencias establecidas en ella». «En caso de que los recursos presentados por la compañía se hubiesen agotado sin éxito, haríamos una reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado», aseveran desde la compañía.