La tasa es especialmente elevada en la docencia. El fallo acusa a España de no adoptar medidas adecuadas para prevenir y sancionar abusos en la temporalidad
23 feb 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) puso el foco sobre spaña en la sentencia dictada este jueves y en la que falla que nuestro país no cumple debidamente el Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada en el caso de los interinos, singularmente en los de larga duración (que define por haberse prolongado esta situación más de tres años) y que pese a que ha habido reformas en la legislación sigue sin recoger medidas adecuadas para prevenir y sancionar abusos como en la temporalidad, como los contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente.
La primera de sus conclusiones es que «un trabajador indefinido no fijo debe considerarse un trabajador con contrato de duración determinada, a efectos de dicho Acuerdo Marco, y, por lo tanto, está comprendido en el ámbito de aplicación de este último». Asturias es un territorio en el que se dan altos porcentajes de interinidad en la administración pública, tanto en la local como en la autonómica, donde es muy elevada (todavía muy lejos de ls estándares europeos) en varios departamentos pero especialmente en la docencia.
La pasada legislatura, en el año 2019, el Principado respondió en una pregunta parlamentaria en la Junta General con los datos de cada campo y rozaban los 5.000 casos; sin embargo, según recalcó el presidente de CSIF Asturias, Sergio Peña, la situación no ha mejorado. «Va a aumentar mucho en la administración autonómica al haber destapado todos esos contratos de las medias jornadas en los docentes, los contratos fijos discontinuos, los contratos de refuerzo que no se tenían en cuenta. Pueden ser 7.000 personas».
En 2021 se marcó el objetivo de que la interidad no fuera nunca una tasa mayor que el 8%, apenas se cumple.
«Seguramente en el caso de la comunidad, de la administración autonómica, no vamos a bajar del 20%, en la local, en los ayuntamientos sí ha bajado estos años y debe rondar el 10%, pero quizá lo va a cumplir la Universidad [de Oviedo] que puede llegar al 8%, ha tenido mucha estabilización». Hay alrededor de 50.000 trabajadores públicos en el Principado (contando todas las modalidades de contratación, también las muy eventuales). Peña apuntó que en los contratos más reciente se incluye una clausula para el cese automático a los tres años, precisamente para no llegar a la marca que ahora la tribunal europeo ha señalado como un notable defecto de la manera de actuar de España.
El responsable de CSIF Asturias indicó en todo caso que «no es que no haya habido procesos de estabilización, lo que pasa ha servido también, en parte se han utilizado, para la promoción». Peña señaló que en el caso de la docencia a principios de curso se cuentan por miles los contratos de media jornada para el profesorado «y eso no se quería contar como interinos» y que ha habido casos de personas en Asturias que ha llegado a acumular más de 20 años en situación de interino.
Según recogió la agencia Europa Press, el tribunal considera en todo caso que corresponde a la Justicia española modificar la jurisprudencia nacional consolidada si ésta se basa en una interpretación incompatible con los objetivos de la legislación europea, particularmente con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada.
El TUE responde con este fallo a una petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que interprete el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, a raíz del caso de tres trabajadores de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid.
Dichos trabajadores estuvieron durante muchos años (desde 1994 en los dos primeros casos y desde 1998 en el tercero) con contratos temporales sucesivos, por lo que el TSJM pide al TUE que interprete el acuerdo marco en relación a la eficacia de las medidas destinadas a evitar el abuso de los contratos o relaciones laborales de duración determinada en el sector público.
Las cifras de 2019 ya eran demoledoras en la relación de puestos de trabajo de personal funcionario en la Administración del Principado asciendía a 4.157 puestos de los que eran ocupado por interinos un total de 961, el 23,11%; en el caso de la administración de Justicia se contaba con 1.314 puestos de trabajo de los que 99, el 7,5%, eran interinos. La tasa más alta era la de personal funcionario docente con hasta 3.619 interinos para un total de 11.691 funcionarios; eso era el 30,96%.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas cifras están desactualizadas por completo ya que, debido a la pandemia, aumentó de forma relevante la contratación de personal público en Asturias. A todo ello se fue sumando, en diversos sectores, las primeras oleadas de jubilaciones en bloques muy amplios, con la retirada de cohortes enteras que empezaron a trabajar en la década de los 80 del pasado siglo, parte del baby boom, la generación más numerosa, y que ha debido reponerse.