El frustrado proyecto ferroviario para exportar pasta de Ence desde Gijón acaba en los tribunales
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El TSJA rechaza la petición de ADIF, que culpaba al Principado de que no se ejecutase el convenio y le reclamaba siete millones
16 sep 2025 . Actualizado a las 10:12 h.Hace 17 años, el Principado, Feve y Ence llegaron a un acuerdo para transportar por tren la pasta desde la fábrica de Navia hasta el puerto gijonés de El Musel, como alternativa a Mirasol (Ribadeo). Se construiría un ramal de 2,5 kilómetros para conectar la factoría con la vía del ferrocarril de ancho métrico y la papelera pasaría de producir 300.000 toneladas de pasta de celulosa anuales a 500.000, de las que 420.000 serían enviadas en barco al norte de Europa. Las tres partes rubricaron en el 2010 un convenio para ejecutar las obras, según el cual el Gobierno autonómico aportaría 3,5 millones, la compañía ferroviaria la misma cantidad y la empresa otros dos millones. Dicho proyecto, que languideció con el tiempo, ha acabado en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) rechazó en una reciente sentencia la petición de ADIF, encargada de la obra, que reclamaba siete millones de euros al Ejecutivo asturiano responsabilizándolo de no haberse ejecutado el acuerdo.
ADIF, sucesora de Feve con posterioridad a la firma del pacto, imputaba al Principado un comportamiento ilegal por falta de cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio. Así, señalaba que el Gobierno asturiano no respondió a los requerimientos efectuados en relación de las obras y el pago de su coste. Sí lo hizo Ence, y por ello la compañía ferroviaria atribuía en exclusiva a la Administración autonómica la responsabilidad sobre la pérdida de vigencia del acuerdo.
De este modo, consideraba ADIF que el convenio ha de liquidarse, y que el Principado «debe abonar el importe reclamado en aplicación de la cláusula rebus sic stantibus —aquella que permite modificar un pacto por circunstancias extraordinarias e imprevisibles—, y el coste total de las obras». Además, solicitaba que «debe aplicarse subsidiariamente el principio que veda el enriquecimiento injusto, devengarse el IVA y abonarse por parte del Ejecutivo asturiano los intereses de demora desde el 7 de julio del 2023, fecha de la primera reclamación extrajudicial».
El Principado se oponía al no compartir los criterios de liquidación del convenio, alegando que también resultó «notablemente perjudicado» por la frustración del proyecto y que sí abonó 2.871.641 euros de los 3,5 millones establecidos como límite en el acuerdo a tres bandas. También argumentaba que en este caso no puede considerarse que circunstancias extraordinarias e imprevisibles frustrasen la ejecución de la obra. Así, proponía un reparto de las cantidades a pagar, en el que correspondería al Ejecutivo asturiano abonar 581.301 euros.
«Las alegaciones que hace ADIF carecen manifiestamente de pertinencia para fundamentar un requerimiento de pago por parte del Principado», expone el TSJA, que entiende que «tampoco puede considerarse» ajustada la cantidad reclamada de 7.054.999 euros «cuando el convenio de colaboración establecía que las obligaciones del Principado tenían un límite de 3,5 millones». Además, considera acreditado que el Gobierno de Asturias pagó 2.680.935 euros para financiar las obras y otros 187.283 euros por las expropiaciones de los terrenos. Así, insta a las tres partes implicadas a acordar la extinción del convenio y proceder a su liquidación dentro de las cláusulas establecidas en el pacto. Contra la resolución cabe recurso de casación.
El interés por el pacto decayó con el tiempo por un lado por el encarecimiento de las obras sobre el importe inicialmente previsto, y también porque Portos de Galicia ofreció ventajas a Ence para que siguiese usando el puerto ribadense de Mirasol.