El Gobierno insiste sobre la liberación del peaje del Huerna: «No podemos asumir las implicaciones jurídicas y económicas»

La Voz OVIEDO

ASTURIAS

Varias personas con una pancarta, durante la manifestación en contra del peaje del Huerna, a 17 de octubre de 2025, en Oviedo, Principado de Asturias (España).
Varias personas con una pancarta, durante la manifestación en contra del peaje del Huerna, a 17 de octubre de 2025, en Oviedo, Principado de Asturias (España). Imanol Rimada | EUROPAPRESS

La secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena Rodríguez, pide esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la legalidad en la decisión que tomó el Gobierno del PP de ampliar la concesión.

28 oct 2025 . Actualizado a las 13:50 h.

La secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena Rodríguez, ha vuelto a descartar la liberalización del peaje del Huerna (AP-66) alegando que el Gobierno «no puede asumir las implicaciones jurídicas y económicas» que supondría el rescate, aunque ha insistido en esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la legalidad en la decisión que tomó el Gobierno del PP de ampliar la concesión.

En la comisión de Transportes del Congreso, la diputada del PP Esther Llamazares ha pedido explicaciones al Ministerio por las medidas previstas por el gobierno «ante el dictamen motivado de la Comisión Europea sobre la concesión de la autopista del Huerna».

Y ante esto, Rocío Báguena se ha remitido a las declaraciones del ministro Óscar Puente de hace unas semanas, en las que aseguraba que el Gobierno central no contempla intervenir en este peaje del Huerna hasta la decisión del TJUE. Como hiciera el propio Puente, la secretaria de Transportes ha culpado al Gobierno de José María Aznar de prorrogar la concesión de ste peaje.

En cualquier caso, ha recordado que el dictamen de la Comisión Europea sobre el rescate del peaje del Huerna no es vinculante, insistiendo en que la liberalización de la AP-66 tiene unas implicaciones jurídicas y económicas que el Gobierno «no puede asumir». Por ello, ha recalcado que corresponde al TJUE determinar si hay legalidad o no en la decisión del Gobierno del PP, aunque ha reivindicado las bonificaciones que ha puesto en marcha el Ejecutivo de Pedro Sánchez para usuarios recurrentes de esta autopista.

También ha respondido a la solicitud del PP de disponer de la documentación del expediente de la AP-66, replicando que es una cuestión judicializada y que se conocerán todos los detalles del proceso «cuando haya finalizado», informa Europa Press.