La UTE que demolió las baterías de coque de Avilés se llevó la obra por hacerla a la mitad de precio que sus competidores
ASTURIAS
La adjudicación se encuentra ahora investigada por la UCO, que pretende determinar si el contrato generó una mordida de 400.000 euros
16 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La Unión Temporal de Empresas (UTE) que demolió las baterías de coque de Avilés —formada por Construcciones y Excavaciones Erri Berri y Afesa Medio Ambiente— se llevó en 2021 la adjudicación de la obra —ahora investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por una presunta mordida de 400.000 euros— por una oferta económica de 2,85 millones de euros, menos de la mitad que ofrecían el resto de competidores, que la hacían por 6,14 millones y 6,93 millones, respectivamente. Aunque la UTE adjudicataria no fue la mejor valorada en el apartado técnico, su propuesta permitió ejecutar la obra por un precio prácticamente un 50% menor, un factor decisivo en un concurso en el que el criterio económico tenía más peso que la calidad técnica.
Al concurso convocado por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) concurrieron las tres empresas que superaron el umbral técnico inicial: la UTE Erri Berri-Afesa, la UTE Lezama Demoliciones-Constructora Los Álamos y Eiffage Infraestructuras. El sistema de valoración establecía una ponderación del 55% para los criterios económicos, frente a un 45% correspondiente al juicio de valor técnico de la obra. En la primera fase, centrada en la calidad técnica de las propuestas, la UTE Lezama-Los Álamos obtuvo la mejor puntuación, con 81,25 puntos sobre 100. Los informes destacaron su conocimiento del emplazamiento y una planificación detallada de la obra y de las medidas de seguridad. La propuesta de Erri Berri-Afesa fue considerada adecuada, aunque menos desarrollada en algunos aspectos, y recibió una valoración técnica inferior, con 63,25 puntos sobre 100.
El resultado cambió de forma significativa al abrirse las ofertas económicas. El contrato se estructuraba como un precio neto resultante de restar al coste de la demolición los ingresos derivados de la venta de la chatarra y otros materiales recuperables. En este apartado, la UTE Erri Berri-Afesa presentó una oferta de 2,85 millones de euros, frente a los 6,14 millones ofertados por Lezama-Los Álamos y los 6,93 millones de Eiffage. Esta diferencia permitió a Erri Berri-Afesa obtener la máxima puntuación posible en el apartado económico, neutralizando la ventaja técnica de su principal competidor y alcanzando una puntuación global final de 81,26 puntos, frente a los 68,15 de Lezama-Los Álamos.
Un precio calificado de «anormalmente bajo»
Dada la diferencia abismal de precio, la Mesa de Contratación calificó inicialmente la oferta ganadora como «anormalmente baja o desproporcionada», lo que obligó a la empresa a justificar su viabilidad. La UTE defendió su propuesta aportando estudios de mercado sobre el valor de la chatarra, acreditando el uso de maquinaria propia para reducir costes y justificando que los salarios y subcontrataciones cumplían con los convenios —incluso algunos por encima— y la normativa vigente. Tras analizar la documentación, los técnicos consideraron que la oferta estaba suficientemente justificada y que no existían riesgos económicos ni incumplimientos laborales o medioambientales, por lo que la Mesa de Contratación confirmó la adjudicación.
Ahora, años más tarde, este contrato es uno de los que actualmente se encuentran bajo investigación judicial en una causa dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. La UCO analiza ahora si varias adjudicaciones vinculadas a empresas relacionadas con la SEPI, entre ellas la de las baterías de coque de Avilés, pudieron estar afectadas por irregularidades en el proceso. La investigación permanece bajo secreto sumarial y, por el momento, no se ha cuestionado formalmente la validez administrativa del procedimiento de adjudicación ni la ejecución de la obra, que se tramitó conforme a los informes técnicos y a la decisión de la Mesa de Contratación.
El foco judicial se centra ahora en esclarecer si, más allá del expediente administrativo, existieron actuaciones externas que influyeran en el proceso o en el reparto de posibles comisiones por valor de 400.000 euros que, presuntamente, habrían acabado en manos del grupo integrado por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. En este caso, a través del presidente de la Mesa de Contratación, los investigados habrían intervenido en el proceso de adjudicación a cambio de 400.000 euros, que fueron canalizados al grupo en algunos casos a través de operativas que tenían la aparente finalidad de encubrir el origen de los fondos y provocar una desconexión entre este origen y sus destinatarios finales
El Ayuntamiento de Avilés, por su parte, ha subrayado que no participó en ningún momento en el proceso de adjudicación del contrato. El concejal de Desarrollo Urbano y Económico y portavoz municipal del PSOE, Manuel Campa, ha recalcado que la licitación y la adjudicación de la obra correspondieron íntegramente al Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y son «totalmente ajenas a este Ayuntamiento». Campa ha defendido que el desarrollo del suelo industrial de las antiguas baterías es un proyecto estratégico para la ciudad y ha señalado que las investigaciones deben seguir su curso para esclarecer cualquier irregularidad, insistiendo en la necesidad de que los procedimientos de contratación pública sean «ágiles y transparentes».