Familias de jóvenes con gran dependencia denuncian la falta de plazas en los CAI: «Llevamos un año y medio con este problema»

Los Centros de Apoyo a la Integración son recursos diurnos dirigidos a personas adultas que, debido a su grado de dependencia o diversidad funcional, no pueden acceder al mercado laboral ni continuar una formación reglada una vez finalizada su etapa educativa. El objetivo de estos espacios es promover la autonomía personal, mejorar la calidad de vida y favorecer la inclusión social de sus usuarios, quienes necesitan una atención adaptada para desarrollar sus capacidades y mantener sus habilidades. Asturias, aunque cuenta con varios CAI distribuidos por todo el territorio, se enfrenta, según los propios usuarios, a un problema acuciante: la falta de plazas suficientes para atender una demanda que aumenta año tras año y genera listas de espera cada vez más prolongadas.

«El problema de todo esto es que no sé está haciendo nada por aumentar el número de plazas», denuncian las familias de los jóvenes que este mes de junio finalizan su etapa en los centros de educación especial y no tienen asegurado su ingreso en uno de los CAI que hay en la comunidad. «Se me hace imposible que no haya previsiones cuando los de Servicios Sociales saben perfectamente cuántos niños van a terminar el colegio, es decir, sabe cuántas plazas nuevas se necesitan, además de conocer de primera mano las necesidades específicas de cada uno, porque se reúne con nosotros, los padres, por lo menos una vez al año», dice Elvira Sánchez, una de las madres que se quedará en una situación de vacío asistencial.

Fue hace unos meses cuando esta vecina de Oviedo supo que su hijo Lucas, con una malformación congénita grave que le provoca una discapacidad del 79% y una necesidad constante de apoyo, dejaría de recibir la atención integral que precisa para su desarrollo una vez que finalice el curso en el colegio público de Latores. «Al comunicarme que había perdido la ayuda a la dependencia porque, en teoría, iba a pasar a un CAI, comprobé que se me había asignado un copago de casi 60 euros al mes por la plaza. Presenté una reclamación y fue entonces cuando me informaron de que en realidad no tenía ningún centro asignado, ya que están todos completos», explica, antes de advertir de que esta situación tendrá un impacto muy negativo en el joven, que necesita mantener una rutina estable para evitar desregulaciones, además de precisar ayuda para desenvolverse en su día a día.

Para Guillermo, otro ovetense de 21 años con el máximo nivel de dependencia, también supone un grave perjuicio no poder continuar con la dinámica educativa que ha seguido hasta ahora. «Aunque avanza de forma muy lenta, va progresando poco a poco. Por eso, si ahora le interrumpen sus rutinas y sus terapias, se va a estancar e incluso puede retroceder, ya que sufrirá una desregulación y, en consecuencia, un aumento de las conductas estereotipadas», explica su madre, Begoña Sánchez, que, de quedarse sin plaza en el CAI, se verá obligada a dejar de trabajar para poder hacerse cargo de sus cuidados. «Aunque es un niño muy bueno y tranquilo, no puedo dejarlo con nadie porque tiene mucha fuerza y, si se altera, resulta muy difícil controlarlo. Solo seríamos capaces de atenderlo nosotros (sus padres) y su hermano», añade.

Esta madre del centro de educación especial de Latores ya había sido informada en enero de 2025 de que el número de plazas en los distintos CAI de Asturias era muy reducido. «En la reunión que mantuvimos con las trabajadoras sociales nos dijeron que estaban trabajando para que se aumentaran, pero ha pasado más de un año y medio y la situación sigue igual. No disponer de plazas significa que, si hay concertadas 20, esas 20 están ocupadas hasta que se producen bajas», explica. En su caso, añade, tras conocer la trabajadora social su situación llegaron a ofrecerle una plaza en ASPAYM, aunque no era la opción más adecuada para su hijo con autismo de grado 3, pero la propuesta no ha llegado a término.

«A mí me da igual que el centro no sea especialista en TEA o que no esté en Oviedo, lo importante es que tenga servicio de transporte y que mi hijo disponga de un lugar al que ir. Necesita seguir con sus sesiones y talleres para ganar autonomía, aunque sea a pasos muy lentos y, sobre todo, seguir formando parte de un grupo, algo vital para ellos. En estos casos, la edad no importa», manifiesta Begoña, quien debe supervisar cualquier acción que haga su hijo. Más allá de comprobar que se ha vestido bien o que se ha cepillado los dientes, debe estar «completamente» pendiente de él, puesto que no tiene noción del peligro. Si algo le llama especialmente la atención, puede reaccionar de forma impulsiva, incluso acercándose sin precaución a un autobús en movimiento, por lo que necesita una vigilancia continua para prevenir cualquier situación de riesgo.

Otra de las familias que este año, en principio, no tendrá una plaza asignada en una CAI es la de Tomás. «El mes pasado tuvimos una reunión con la trabajadora social y ya nos dejó caer que se iba a tener que quedar en casa. No paraban de preguntarme si teníamos a alguien que se pudiese hacer cargo de él o que me pudiese ayudar», cuenta Noelia Vega, su madre, quien desde que diagnosticaron al joven de 21 años con autismo de grado 3 y le reconocieron la dependencia se salió del mercado laboral para dedicarse por completo a su atención y cuidados. «Tengo que estar siempre disponible, incluso cuando va al colegio, porque puede que se ponga malo o lo que sea y tengo que ir a recogerlo», precisa.

Aunque le aseguraron que «tarde o temprano» iban a darle una plaza a su hijo, que no es ni siquiera capaz de hablar, esta vecina de Grado no las tiene todas consigo. «Hay familias que estuvieron esperando siete años, porque realmente no se molestan en buscar un hueco», lamenta, al tiempo que denuncia la lentitud del sistema y la falta de respuestas efectivas ante situaciones de necesidad urgente. Para ella, una solución rápida estaría en habilitar las escuelas o los centros sociales de las zonas rurales que actualmente están sin actividad. «Con que estos niños puedan seguir con su rutina ya basta. Pero, claro, el problema es que requieren muchos recursos y no interesa», añade, convencida de que la falta de inversión está detrás de la ausencia de alternativas para las familias.

«Los CAI funcionan como un centro de día. La diferencia es que, en el caso de las personas mayores, salvo excepciones, realizan actividades, dan un paseo, descansan o hacen distintas dinámicas. Sin embargo, en el caso de estos chicos, como mi hijo, la actividad es constante. Puede que de repente se levanten y empiecen a saltar o echen a correr, que manipulen objetos porque les pica la curiosidad… Vamos que la mayoría no permanecen quietos y eso implica una mayor supervisión», dice, justificando así la necesidad de contar con estos recursos específicos y adaptados a sus necesidades. De igual modo, considera también que es la mejor opción para que no estén siempre con las mismas personas y aprendan a desenvolverse en distintos entornos.

«Las familias deben solicitar el recurso»

Desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, responsable de la gestión de estos recursos, aseguran que la incorporación a un CAI no es automática al finalizar el curso en los centros de educación especial, sino que forma parte de un proceso administrativo y técnico que se inicia precisamente en ese momento. «Una vez finalizada la etapa educativa en junio, las familias deben solicitar el recurso, tras lo cual se realiza la correspondiente valoración del Programa Individual de Atención (PIA) dentro del sistema de dependencia. Este procedimiento permite determinar el tipo de recurso más adecuado para cada persona en función de sus necesidades de apoyo», explican.

A partir de esa valoración, la consejería contacta con las familias para mantener «una entrevista individualizada en la que se analiza cada caso» y se orienta sobre cuál es «la mejor opción dentro de la red de centros de apoyo a la integración». Posteriormente, detallan, se establece el contacto con el propio centro para avanzar en la incorporación, de manera que «la asignación de plaza se realice con todas las garantías y ajustada al perfil de la persona usuaria». «Este proceso, que es el que se viene realizando cada año, busca asegurar que cada persona acceda al recurso más adecuado, evitando asignaciones automáticas que no respondan a sus necesidades específicas», concluyen.

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