IU pide un reglamento que garantice la laicidad de la corporación

La coalición lleva a pleno una petición que fije los compromisos de la adhesión de Gijón a la Red de Municipios Laicos. Espera un «efecto cascada» en otros municipios asturianos

Aurelio Martín y Luis Fernández, de la Asociación Asturias Laica
Aurelio Martín y Luis Fernández, de la Asociación Asturias Laica

Gijón

La adhesión, en 2016, de la ciudad de Gijón a la Red de Municipios Laicos no ha sido bastante, y el gobierno municipal de Foro «ha incumplido permanentemente los compromisos adheridos» con dicha adhesión. Así lo considera el grupo municipal de Izquierda Unida, y por ello lleva al pleno del próximo día 1 de agosto una propuesta, que hoy ha presentado, en la que insta al equipo presidido por Carmen Moriyón a elaborar, en el plazo de tres meses, un Reglamento Orgánico de Laicidad que establezca «un marco normativo municipal para la promoción de la libertad de conciencia y la inclusión de criterios respecto a la participación de cargos electos y autoridades municipales en actos públicos y la neutralidad en actos religiosos». Su portavoz, Aurelio Martín, acompañado de Luis Fernández, en representación de la asociación Asturias Laica en una rueda de prensa en la que han defendido la necesidad de un marco reglamentario municipal para «la promoción de la libertad de conciencia», y que incluya «criterios respecto a la participación de cargos electos y autoridades municipales en actos públicos y la neutralidad en actos religiosos», según el modelo de ayuntamientos como el de Rivas Vaciamadrid; un reglamento que ha manifestado Fernández, es una «necesidad vital» que podría provocar además «un efecto cascada» en otros municipios del Principado.

Martín ha enumerado algunos de los puntos del incumplimiento que achacan a Foro: principalmente, participar en actos religiosos de representantes del gobierno local y «dificultar» la publicación de la información -solicitada por Asturias Laica- sobre los bienes inmuebles propiedad de la Iglesia que están exentos del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Su demanda se apoya tanto en el Artículo 16 de la Constitución, que consagra la separación entre el Estado y las confesiones religiosas y su aconfesionalidad, como en las sentencias del Tribunal Constitucional que así lo refuerzan, proclamando la prohibición de la concurrencia del Estado «junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso» o el hecho de que «todas las instituciones públicas y muy especialmente los Centros docentes, han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales». IU invoca además la «secularización que la sociedad española ha vivido a lo largo de las últimas cuatro décadas» y el «avance de los derechos de ciudadanía, del ejercicio real de las libertades y de la mejora de nuestra convivencia democrática» que, defienden, ello ha supuesto: divorcio, a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, planificación familiar y uso de anticonceptivos, matrimonio igualitario y los derechos de las personas LGTBI o inclusión de «valores democráticos y del pluralismo en el sistema educativo».  Sin embargo, concluye la petición, «la laicidad sigue siendo una asignatura pendiente».

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