La Camocha teme que septiembre se lleve a cuestas sus viviendas

El parón del verano ha otorgado a los vecinos calma ante los inminentes desahucios, pero siguen luchando por conseguir que el Principado asuma la compra de las viviendas, como ocurrió en La Ciñera (León)

Manifestación de los vecinos de La Camocha (Gijón) contra los desahucios
Manifestación de los vecinos de La Camocha (Gijón) contra los desahucios

Redacción

Desde que en 2008 la mina de La Camocha entrara en proceso concursal, la inestabilidad de la empresa minera ha llevado a que, en un intento de solventar sus deudas, acabe por salpicar a los vecinos del barrio, aquellos que, cuando la mina estaba en activo, recibieron una vivienda en la zona en términos de arrendatarios vitalicios, a cambio de una reducción en sus respectivas nóminas. Ahora, esas viviendas, que durante años han sido el hogar de los habitantes de la zona, no son más que activos que la empresa quiere y confía vender. Para lo cual ofrece dos opciones poco halagüeñas para los vecinos: compra o desahucio.

Desde el pasado mes de marzo los habitantes de La Camocha, en su mayoría personas jubiladas con una pensión que no supera -en los mejores casos- los 600 euros, empezaron a recibir en sus domicilios cartas que les instaban a abandonar sus viviendas para que estas pudieran ser subastadas y, con ello, aliviar las deudas de la empresa. Tal y como señala el presidente de la Asociación de Vecinos de La Camocha, Herminio Torre, «estos desahucios no son los habituales. Aquí no hay morosos, ni gente hipotecada. Es la concursal quien nos echa».

De las 52 viviendas de la zona, 37 de ellas se ven afectadas. Para evitar el desalojo forzoso, la empresa procedió a un peritaje, por el que llegó a tasar cada vivienda por un precio que rondaba los 90.000 y 100.000 euros, algo que Torre considera de completa «injusticia». 

Tal como explica, se trata de viviendas austeras, localizadas en una zona periférica de Gijón, en la que la de mayores dimensiones tiene 55 metros cuadrados. Características que no coinciden, a juicio de los vecinos, con el peritaje. Aunque el juez, después, decidió reducir el precio un 50%, para los vecinos -de avanzada edad y pensiones reducidas- es un gasto inasumible.

Con el verano, las cartas han dejado de aparecer en los buzones, pero la lucha continúa. El presidente de la asociación de vecinos explica que, ahora, sus objetivos se centrar en la realización de un dosier individual de cada habitante afectado en el que figuren su edad, sus dolencias y su renta, con el fin de poder aportar una valoración más exhaustiva que demuestre la incapacidad de compra de las viviendas y la búsqueda de una solución que evite los desahucios. «Seguiremos dando guerra para que eso no suceda», afirma Torre. Y esa solución es, en base a su criterio, adoptar el modelo de La Ciñera (León). Allí, la asociación de vecinos se movió para llegar a hablar con el consejero de Infraestructuras, el popular Juan Carlos Suárez, quien, «sorprendentemente», comenta Torre, «tomó la iniciativa». En el caso leonés, las viviendas -entre 60 y 80 metros cuadrados- fueron adquiridas por la Junta de Castilla y León, quien las puso a disposición de los vecinos por un precio que oscilaba entre los 7.000 y 12.000 euros en función de sus dimensaiones. «Es un precedente a imitar en Asturias», sostiene Torre. 

A la vera de septiembre, los vecinos piensan «seguir dando pasos» con firmeza para conseguir cambiar una realidad impuesta por intereses ajenos.

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