Foro y Podemos se pronuncian contra la repercusión en la administración local de las «decisiones» y «errores» del Gobierno central
21 nov 2018 . Actualizado a las 16:55 h.El equipo de gobierno de Foro en el Ayuntamiento de Gijón ha afirmado hoy que a la ciudad no le corresponde asumir los «errores» del Gobierno de España respecto a la depuración de las aguas. La concejala de Hacienda, Ana Braña, ha respondido así a preguntas de los periodistas, un día después de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunciase que el Ejecutivo repercutirá sobre las administraciones públicas incumplidoras la multa millonaria que le impuso el Tribunal de Justicia de la UE por depurar mal sus aguas residuales en 17 núcleos urbanos. «El Ayuntamiento no puede ni debe pagar las consecuencias de las decisiones del Gobierno», ha apuntado. Braña, según EFE, ha exigido a la administración estatal que el próximo año ponga en funcionamiento la depuradora del este.
Por otra parte, Podemos y su marca local en Gijón, Xixón Sí Puede, quieren evitar a toda costa que la multa de la UE por las deficiencias en el saneamiento de Gijón repercutan en el bolsillo de los gijoneses. El concejal David González y el diputado autonómico Héctor Piernavieja han anunciado que la formación morada está dispuesta a dar en ambos frentes una «batalla institucional» para que la parte correspondiente a Gijón de la multa de 22 millones de euros impuesta por las autoriades eurocomunitarias a España; una cifra que Alonso considera que es aún mayor -de hasta 33 millones- porque habría que contabilizar también el primer semestre de 2019, ante las previsiones de que no sea hasta finales del año que viene o incluso principios de 2020 cuando entre e funcionamiento la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la Zona Este (EDAR), informa Europa Press.
Pero los costes irían más allá, para Alonso. Haciendo suma de todos los conceptos el edil de XsP ha hecho ascender hasta en más de 90 millones de euros -incluidos los 36 millones de la EDAR- el dinero necesario para completar el saneamiento en la ciudad y solventar los problemas existentes, como por ejemplo en la depuradora de la zona Oeste o el emisario de Aboño. Algo que ha visto difícil de que se llegue a solucionar debido lo que considera como «ineptitud» del Ministerio y ante su sospecha de que el sistema de depuración instalado «no es correcto».
Es por ello, que ha avanzado que pedirán responsabilidades patrimoniales a los responsables de esta situación si es preciso, al tiempo que ha tildado de «auténtica vergüenza» que queden pendientes 90 millones de euros en inversiones y se siga sin saneamiento. «Nos sobraba para haber hecho otra depuradora», ha opinado. De hecho, ha expresado su esperanza a que figuren 91 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 para afrontar las necesidades de saneamiento en Gijón, y ha confiado en que no se trate de repercutir a los ciudadanos la multa a través de una subida del canon de saneamiento.
Podemos y XsP van a trasladar esta «inquietud» al ministerio, aunque sus representantes en las dos instituciones creen está claro que es el propio ministerio el responsable de la obra y que no cabría hacer copartícipe de la multa al Ayuntamiento. Otra cosa es que se intente repercutir vía canon de saneamiento, algo que no apoyará XsP.
Unido a ello, ha acusado al Gobierno central de «mentir» e intentar «engañar» a la UE haciéndole ver que se cumplía con la normativa, según él, algo que el edil ha augurado que pasará también con el reciclado, cuyo porcentaje de obligado cumplimiento no se va a poder conseguir, a su parecer.
En esta misma línea se ha expresado Piernavieja, quien ha recordado que en 1991 fue aprobada la directiva, en la que se daba un margen para adaptarse a la misma. Ya en 2005 hubo un primer apercibimiento de la UE por la falta de saneamiento Gijón y la primera sentencia llegó en 2011, aunque no se ejecutó hasta este año.
Entre 2011 y 2018, ha incidido en que se produjo una «retahíla de comunicaciones» entre la UE y la Administración central para solventar esta situación. Podemos, en este sentido, va a solicitar estas comunicaciones al sospechar que el Estado intentaba engañar a la UE sobre el cumplimiento de esta directiva.
Y al igual que González, ha mostrado la «oposición frontal» de Podemos a que la multa la paguen los ciudadanos. Según él, no hay base jurídica para repercutir a las administraciones autonómica y local ese abono. «Sería un despropósito jurídico», ha sostenido.