Otras sentencias en España similares a la que anula el cascayu de Gijón

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Paseantes por la nueva zona peatonal habilitada de manera provisional en la calzada del Muro de San Lorenzo
Paseantes por la nueva zona peatonal habilitada de manera provisional en la calzada del Muro de San Lorenzo

Greenpeace reclama al Ministerio de Transportes un «marco jurídico claro y contundente» para respaldar la movilidad sostenible ante la supremacía del coche en las ciudades como pide la UE

25 may 2022 . Actualizado a las 11:43 h.

Greenpeace reclama un «marco jurídico claro y contundente» que respalde las medidas de reducción del tráfico en las ciudades -como las zonas de bajas emisiones, por ejemplo- tras la serie de sentencias con que varios tribunales han tumbado iniciativas de ayuntamientos como Gijón, Barcelona, Madrid o Valladolid.

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Así lo ha reflejado la organización ecologista en un comunicado este martes, en que la ONG se ha dirigido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) para exigir «una Ley de Movilidad que anteponga la movilidad de los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público frente al abuso del coche en la ciudad», ha declarado Adrián Fernández, responsable de Movilidad de Greenpeace.

Los ecologistas han expresado esta demanda días después de que en Gijón un juzgado haya ordenado «restituir el tráfico rodado de forma permanente» en el paseo del Muro de San Lorenzo, donde se había peatonalizado una de las calzadas.

La exigencia de Greenpeace llega también después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anulara la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona, tras calificarla como «desproporcionada» pese a que «solo afecta a los vehículos sin distintivo ambiental», han recalcado desde la asociación conservacionista, y han recordado que la sentencia «ni siquiera contó con unanimidad dentro del propio TSJC».

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valladolid fue otro de los tribunales que rechazaron medidas de movilidad sostenible como, en este caso, un decreto del Ayuntamiento de esta ciudad que contemplaba la creación de carriles para autobuses y para bicicletas, acción que el juzgado consideró «contraria a derecho».

Madrid, por su parte, fue otro de los focos de polémica en torno a estas sentencias gracias a la suspensión de Madrid Central -la zona de bajas emisiones planteada durante el gobierno de Manuela Carmena en la capital- tras un recurso interpuesto por el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuando este aún estaba en la oposición.

«Resulta paradójico que mientras la Unión Europea nos exige medidas claras y contundentes para frenar la contaminación del automóvil, en España algunos jueces optan por desmontar unas medidas que son normales en cualquier otra ciudad», ha aseverado Fernández, quien ha subrayado que solo en España se producen 45.000 muertes prematuras cada año como consecuencia de la mala calidad del aire, informa Efe.