La sublevación militar de julio de 1936 contra el Gobierno de la Segunda República no fue un golpe de Estado porque fue provocada desde la propia República. Es lo que pasa cuando la democracia se viste como una puta; que merece ser violada. Impúdicos argumentos antidemocráticos como esa justificación del golpe son los que Pablo Casado compartió, alborozado, en esa reciente congregación de nostálgicos del nacional-catolicismo represor con cierto tufo proto-golpista. Un hedor que el pretendido disfraz de «concordia», en el que Casado pretende embutirse, no consigue camuflar.
El líder popular pretende surfear así la vertiente patria de la ola reaccionaria global y llegar sobre la tabla de surf hasta la Moncloa, azuzado por el temor a verse «usurpasado» por los esperpentos del trumpismo chulapo y del filofascismo rampante.
Un «virus» en plena transmisión puesto que se dan las condiciones propicias de desigualdad e incertidumbre, favorecidas, interesadamente, por los beneficiarios del statu quo. Sociedades construidas sobre una desigualdad jerarquizada en las que a más poder de una minoría, más privilegios aún, entre los que está el ilegítimo acceso a la riqueza detraída a quienes tienen menos poder, es decir, a la inmensa mayoría. Este orden establecido requiere, para mantenerse inalterado, de una serie de mecanismos coercitivos que han ido evolucionando a lo largo de la historia: la violencia, el temor al castigo divino -convenientemente administrado por los representantes de los poderes sobrenaturales-, la explotación laboral, el discurso alienante, el control de las expectativas -facilitado por nuestra prolífica aportación de datos personales a través de las tecnologías de la comunicación- y la guerra judicial (lawfare, en inglés), entre otros.
Cuando surge un movimiento popular que reclama un acceso equitativo y justo a los recursos, estos mecanismos, ya coordinados internacionalmente y siempre en funcionamiento, se multiplican para neutralizar las amenazas a los privilegios de aquella minoría. Cuando la izquierda accede al poder, incluso la más domesticada, se pone en marcha una ofensiva en múltiples frentes -político, económico, mediático y judicial- para deslegitimar, coaccionar, sabotear y, cuando todo eso falla, deponer por la fuerza a gobiernos democráticos. Véase la historia de las últimas cinco décadas de América Latina.
Así, cuando el Gobierno, o su parte menos domesticada, se plantea subir el salario mínimo para combatir la precariedad aproximándonos a nuestros vecinos del norte, derogar una reforma laboral que ha degradado las condiciones laborales, intervenir en el abusivo mercado del alquiler para cumplir con del derecho a la vivienda consagrado en la Constitución, intervenir en el mercado energético para desmontar el amaño de precios por parte del oligopolio, entre otras iniciativas, empiezan a sucederse las noticias falsas en los medios de manipulación, las campañas de odio furibundo, y amenazas, en las redes sociales, las disoluciones a palos de las manifestaciones populares contra los abusos y las injusticias mientras se custodian las de apología del fascismo, y las surrealistas sentencias judiciales.
A saber. Firmar proyectos haciéndose pasar por arquitecto no es delito si el cliente es tan inepto como para no distinguir una fotocopia cutre de un documento oficial. Una propaganda racista con datos falseados, que incita al odio contra colectivos desamparados, no es delito si los jueces deciden que dichos colectivos, marginales, son un problema social y político, y los carteles manipulados parte de la legítima lucha ideológica. Pero se encarcela a titiriteros y raperos por opiniones groseras contra determinadas instituciones.
A saber. Se «construye» una sentencia condenatoria sin pruebas contra una persona por formar parte de un grupo que pretendía impedir un desahucio. No se consiguió demostrar que dicha persona lanzara objetos o empujara a la policía porque no se pudo «discriminar entre unos y otros» de manera que todos son «responsables de un atentado por una acción conjunta intimidatoria adobada con comportamientos agresivos». Sin embargo, en otra acción conjunta intimidatoria, esta a cargo de la Guardia Civil, con resultado de 15 muertes, inmigrantes que intentaban llegar a nado desde Marruecos a la playa del Tarajal, en Ceuta, en 2014, los agentes fueron absueltos, entre otros argumentos, porque «sería descabellado atribuir a todos y cada uno la responsabilidad criminal por alguna hipotética desviación de algún miembro del grupo más descuidado o incluso malintencionado».
Como ya dijera en otro artículo, a propósito de la despreciable «Manada», no soy jurista y no está entre mis propósitos analizar los aspectos jurídicos de las sentencias judiciales. Soy psicólogo, es decir, estoy cualificado para valorar los aspectos cognitivos implicados en la administración de justicia. Y considero que el margen de discrecionalidad judicial, por la que dos jueces pueden tener una posición contraria en el mismo caso, es suficientemente amplio como para dar cabida a manifestaciones de sesgos cognitivos como los que llevan a dar más peso a los argumentos que confirmen juicios apriorísticos subjetivos ideológicamente condicionados. Es un sesgo generalizado, cierto. Pero cuando el fiel de la balanza de la justicia, presuntamente, se escora por intereses ideológicos, hay que señalarlo.
Volviendo a Casado; pide a Sánchez que saque sus manos de la justicia mientras justifica torpemente su empecinamiento en bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero no hay aspaviento que consiga disimular su interés por mantener a toda costa ese sesgo de las sentencias ajustadas a derecha. Por no hablar del “afinamiento”, o adelgazamiento, de las causas de corrupción, incontables ya, que su partido tiene pendientes.
¿Y la próxima semana? La próxima semana hablaremos del gobierno.