Finaliza otro mal año

OPINIÓN

Soldados ucranianos de artillería pesada en el frente de Bajmut (Ucrania)
Soldados ucranianos de artillería pesada en el frente de Bajmut (Ucrania) CLODAGH KILCOYNE | REUTERS

03 ene 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

La invasión rusa de Ucrania truncó la alegría de la liberación de la pandemia. Solo ese renacer del viejo imperialismo ruso, manifestado con la misma brutalidad y desprecio por la vida y los derechos de las personas y los pueblos que en los siglos XIX y XX, hubiera sido suficiente para convertir a 2022 en un mal año. El fracaso de la agresión rusa inició una guerra que ralentizó la recuperación de la economía y provocó una crisis de materias primas que afecta especialmente a los países pobres, pero que no ha dejado a ninguno al margen.

Ha vuelto la inflación, olvidada en Europa desde que se creó el euro. Quienes tenemos algunos años convivimos buena parte de nuestra vida con ella, al menos desde 1974 hasta el inicio del nuevo siglo. A nadie consuela que recordemos que, en 1990, una hipoteca estaba al 18,5% de interés, pero quizá este repunte, esperemos que temporal, sirva para acallar a los euroescépticos. En Hungría, que va por libre, ha conservado su forinto y aplica una política populista de subida generalizada de salarios, la inflación ha superado el 22%. Un euro se cambia por más de 400 forintos. El Reino Unido, ya fuera de la UE, tiene una inflación del 11% y sufre una grave crisis social y política, con la mayor oleada de huelgas desde hace décadas. En España, el gobierno, al igual que afrontó razonablemente bien la pandemia, ha logrado controlarla en niveles incómodos, pero no trágicos; la economía crece y el paro sigue contenido. La UE ayuda, pero nuestro país tiene uno de los datos de inflación más bajos, no permitamos que la tinta de calamar vertida por las derechas lo oscurezca.

Por encima de la economía, la guerra de Ucrania muestra que la paz, la libertad y la democracia, pilares fundamentales de una vida razonable, son frágiles. Sin ellos, incluso el progreso material será incierto y, sobre todo, injusto e insatisfactorio. Países con enormes recursos naturales mantienen a su población en la miseria, mientras se enriquecen oligarcas y gobernantes.

Hay motivos para la insatisfacción con la política en las democracias; son notables, a veces hirientes, las desigualdades, pero el nacionalismo autoritario solo conduce a aumentarlas y a impedir que la voluntad de la mayoría pueda corregirlas. En 2022 ha habido un cierto freno a los populismos de extrema derecha en EEUU y Brasil, incluso en Francia, pero en Italia, a pesar del relativo pragmatismo de la señora Meloni, la amenaza está muy viva. Uno de los pocos efectos positivos de la invasión de Ucrania es que ha obligado al gobierno polaco a moderarse, a acercarse a la UE y alejarse de Orbán y Putin, lo mismo ha sucedido en otros países de Europa central. No sé si en España el grotesco ejemplo de Castilla y León servirá de cura. El relevo en la dirección del Partido Popular no lo ha alejado del populismo nacionalista y el sectarismo. Andalucía se ha convertido en una excepción, quizá si contrastan sus buenos resultados en mayo con los de otros lugares recapaciten en la madrileña calle de Génova.

El mundial de Qatar ha puesto de manifiesto la peligrosa debilidad de las convicciones de quienes dirigen las democracias. En Asia y en África, dos continentes no solo extensos, sino que acogen a la mayor parte de la población del planeta, predominan las dictaduras o regímenes iliberales, que no respetan los derechos humanos, aunque algunos realicen elecciones. Muchos son indispensables productores de materias primas, no solo de petróleo, o, como China, de productos industriales. Es inevitable convivir con ellos, probablemente sea imposible, incluso negativo, excluirlos de las competiciones deportivas, tampoco pueden evitarse las relaciones diplomáticas y comerciales, pero el pragmatismo, después de lo ocurrido en Libia y Siria, y el dinero han conducido a convertir en amigos respetables a verdaderos tiranos, el doble rasero en la defensa de los principios puede tener consecuencias trágicas en el medio plazo.

Es cierto que, por encima de la literatura publicitaria, el deporte, convertido desde hace mucho tiempo en instrumento de propaganda y en negocio, nunca ha servido de baluarte en defensa de la dignidad de las personas. Se ha recordado la olimpiada de Hitler, también los mundiales de fútbol de Mussolini y Videla, pero no los juegos olímpicos de México, celebrados a pesar de la matanza de estudiantes en la plaza de las Tres Culturas, pero en los que las autoridades olímpicas no perdonaron que los atletas norteamericanos Tommie Smith y John Carlos levantasen el puño en el podio en contra del racismo. Ahora, lo «antideportivo» fue solidarizarse con mujeres y homosexuales, no la presencia de Mohammed ben Salman, el asesino del periodista Jamal Khashoggi, al lado del cínico Infantino.

En 2022 nos han emocionado las valientes mujeres iraníes y quienes desde el interior del país se unieron a su lucha, pero Infantino ha sido incapaz de apoyar a los y las deportistas que sufren persecución por defender la dignidad y la libertad de los seres humanos. La limitada solidaridad que han encontrado deja un regusto especialmente amargo, sobre todo en España, que se agudiza al ver lo que está sucediendo en Afganistán. ¡Mujer, vida, libertad! Qué grito magnífico, qué excelente resumen de la reivindicación más elemental del respeto a la dignidad. Ojalá sea 2023 el año de su victoria.

Si en muchos países, especialmente en los que el islam es la religión del Estado, las mujeres son privadas de los derechos civiles y políticos y perseguidas con saña cuando actúan con libertad o los reivindican, en España todavía no ha podido erradicarse la violencia machista. 2022 tampoco ha sido en ese aspecto un buen año. Los crímenes se multiplican, lo que exige un mayor esfuerzo de la sociedad para combatirlos y convierte en especialmente indigno el empeño de Vox en desnaturalizarlos.

Tampoco merece una valoración positiva el clima político de nuestro país. No todo ha sido malo, se ha capeado relativamente bien la crisis económica y la coalición gobernante ha logrado aprobar los presupuestos y leyes de importancia, aunque se puedan encontrar en ellas luces y sombras. Es una buena noticia que se haya renovado el Tribunal Constitucional, pero no tapa el bloqueo anticonstitucional de la renovación del Consejo del Poder Judicial, ni la injustificada radicalización verbal en las Cortes y en los medios de comunicación. Como decía, se ha legislado mucho este año, podrá disgustar o satisfacer lo que se ha hecho, pero nada amenaza la democracia ni ninguna norma cuestiona la Constitución.

Como profesor, me desagradan aspectos de la LOMLE, no creo que regalar aprobados y maquillar estadísticas sirva para mejorar la formación ni sea una garantía de igualdad. Sería un error que, con la pretendida adquisición de competencias, se desterrase el conocimiento. Mal pueden obtenerse aquellas sin este, salvo que sean restringidas a una profesión más manual que intelectual y, aun así, con demasiadas limitaciones. Por otra parte, en una sociedad de ciudadanos libres, la educación no puede reducirse a la formación profesional. Tampoco me parece acertada la anunciada «selectividad twitter», no va a contribuir a que los estudiantes adquieran la capacidad de desarrollar un tema y escribir correctamente. La falta de comprensión lectora y las dificultades para redactar con claridad y coherencia, y sin faltas de ortografía, son las mayores carencias que presentan al llegar a la universidad, los exámenes tipo test y las respuestas de extensión tasada y mínima no los estimulan a adquirir esas competencias, todo lo contrario. En cambio, es más positiva la LOSU, aunque habrá que ver cómo se implanta. Sí me ha satisfecho la política de memoria democrática que impulsa Fernando Martínez desde la secretaría de Estado. La ley es equilibrada y realista, está bien fundamentada y que se recupere la tradición liberal y democrática desde la Ilustración es encomiable.

La llamada ley del «solo sí es sí» ha tenido consecuencias indeseadas, lo que no la convierte en una mala norma. Era necesaria y sus efectos serán buenos, aunque haya faltado previsión sobre la previsible revisión de penas de los previamente condenados y hayan sobrado declaraciones políticas extemporáneas. La reforma laboral ha sido efectiva, las subidas del salario mínimo, las pensiones y los sueldos de los empleados públicos de justicia, sin que hayan tenido efectos negativos sobre la economía, y los cambios en el código penal sobre los delitos de sedición y malversación más discutibles. Bienvenidos sean si contribuyen a la convivencia en y con Cataluña. La sentencia del Supremo había puesto de manifiesto que era necesario reformar el delito de sedición, no sé si suprimirlo fue lo más acertado. Es posible que las nuevas penas con que se sanciona el de malversación sean más ajustadas a la gravedad del delito, lo peor sería que el cambio diese sensación de impunidad para los corruptos, quizá hubiese sido preferible recurrir al indulto cuando se considerase necesario en vez de reformar el código.

En cualquier caso, todas las reformas que he mencionado, como las aprobadas en años anteriores, algunas tan importantes como la regulación de la eutanasia, y las que he omitido por razones de espacio, están dentro del marco democrático, si alguna tuviese aspectos inconstitucionales lo dirá el tribunal. Es razonable que la oposición discrepe, aunque en una democracia pueda extrañar que lo haga siempre y sobre todo tipo de normas o decisiones, pero no se percibe ningún motivo para que se prodigue en lanzar acusaciones de golpe de estado, dictadura, tiranía, ruptura del Estado o violación de la Constitución.

2023 será un año electoral, el PP debería esforzarse en explicar qué propone sobre economía, educación, sanidad, derechos sociales, libertades, igualdad… Sabemos que no quieren nada que plantee el gobierno, aunque sea lo mismo que ellos defendían unos días atrás, pero ¿qué harán si alcanzan el poder? Sí se conoce lo que pretende Vox, su potencial aliado: acabar con la Constitución de 1978 y establecer un Estado centralista, con restricción del derecho de asociación y de otras libertades, poner fin a las políticas destinadas a proteger a las mujeres y a lograr la igualdad, endurecer la política de inmigración, recortar derechos sociales, aburrir a la ciudadanía con propaganda nacionalista y colocar a sus amigos, como ha hecho en Castilla y León. ¿Comparte el PP esos planteamientos? ¿Qué precio estará dispuesto a pagarle a Vox para gobernar?

Confiemos en que con 2023 retorne la sensatez a la política española; lleguen la paz a Ucrania, la libertad y la igualdad para las mujeres en Irán, Afganistán y todos los países que las discriminan y el fin de la violencia machista; termine la persecución a los homosexuales, que no solo permanece en demasiados Estados, sino que aumenta en los gobernados por nacionalistas de ultraderecha, como Rusia; se produzca una bajada de la adrenalina patriótica en todo el mundo; se vaya la inflación y venga la recuperación económica. Qué menos que comenzar el año con buenos deseos.