Una alfombra, visillos y 200 metros de cable: las exigencias de Bueno para su fundación
OVIEDO
El PP de Gabino de Lorenzo gastó más de 100.000 euros en mobiliario y material en 1998 para que la organización del filósofo se trasladase al antiguo Sanatorio Miñor
04 abr 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Nunca un acuerdo suscrito hace veinte años había tenido tanta repercusión en la agenda política de una ciudad. El intento de Rubén Rosón, concejal de Economía, de recuperar el antiguo Sanatorio Miñor -actual sede de la Fundación Gustavo Bueno- para uso municipal ha vuelto a poner sobre la mesa dos asuntos que el últimos años habían perdido protagonismo: los privilegios con los que el PP de Gabino de Lorenzo premiaba a sus afines y el trato de favor que durante aquellos años recibieron organizaciones como la del filósofo. El Ayuntamiento de Oviedo no solo cedió en 1998 el uso del palacete a la fundación durante 50 años, sino que además gastó más de 100.000 euros en mobiliario y material para acondicionarlo a sus exigencias. Entre las peticiones de Bueno para el inmueble aparecen algunas tan llamativas como una alfombra para su despacho, visillos o 200 metros de cable.
En 1998 Gabino de Lorenzo gobernaba Oviedo con una mayoría absoluta que le permitía libertad de movimientos. El alcalde aprovechó esta circunstancia para ceder a la Fundación Gustavo Bueno el antiguo Sanatorio Miñor durante 50 años. Ese documento no fue firmado por ningún responsable municipal, pero según ha explicado el actual regidor, Wenceslao López, acuerdos posteriores legitimaron ese pacto y eso dificulta la posibilidad de desalojar a la fundación. Pero por si esa cesión no fuera suficiente, el convenio incluye en su cláusula primera que el ayuntamiento cede la totalidad del edificio «previas las obras de rehabilitación y adecuación, confortablemente adecuado para el establecimiento en el mismo de la sede de la fundación». Los gastos para conseguir que el palacete fuera «confortable» ascendieron a más de 100.000 euros.
Según la documentación que consta en el ayuntamiento, la mayor partida se la llevó Igrafo, empresa investigada en el caso Marea por irregularidades en la adquisición de material en contratos públicos. Esta compañía facturó más de 13 millones de pesetas de la época (unos 78.000 euros). Son 11 páginas de artículos. Se trata principalmente de mesas, sillas o archivadores.
El expediente incluye otra factura para la instalación de un sistema telefónico digital y 200 metros de cable por valor de 1,3 millones de pesetas (7.800 euros); otra para un servidor, una base de datos y un servicio operativo con 20 licencias por 1,5 millones (9.000 euros). Existe una cuarta factura de 1,8 millones de pesetas (10.800 euros) para maquinaria de oficina (fax, retroproyector, copiadora...). En total, más de 105.000 euros.
El objetivo del ayuntamiento era conseguir que el palacete fuera «confortable» para la fundación, y para ello puso todos los medios a su alcance. En una carta enviada por Gustavo Bueno, fechada en 1999, el filósofo pedía más material para «completar la dotación inicial del edificio». Sus peticiones fueron estanterías metálicas para el depósito de libros de la biblioteca; puestos de lectura y consulta; ocho ordenadores «para la sala de becarios» con un coste máximo de 150.000 pesetas cada uno (900 euros); cortinas o similares para las ventanas (para lo que propone visillos o stores); otros elementos de decoración (como papeleras, fotos, cuadros o plantas); un rótulo en la puerta de entrada y «mínimo sistema de seguridad o una alarma».
Todos estos artículos eran para que los responsables de la asociación se sintieran cómodos en su nuevo lugar de trabajado. Pero hay más. En la misma carta, Bueno explica las actividades que tienen pensado desarrollar y estima que todo ello costará unos 22 millones de pesetas (132.000 euros) al año. Si hasta el mes de septiembre de 1999 no se abría al público la biblioteca, el coste podría reducirse a 20 millones (120.000 euros).
Somos insistirá en su idea de desalojo
La formación morada considera que el ayuntamiento debe recuperar el antiguo Sanatorio Miñor para usos municipales y por eso volverá a llevar el debate a la Junta de Gobierno. Somos considera, a diferencia del alcalde de la ciudad, Wenceslao López, que hay base legal para desalojar a la fundación, por lo que no desiste en su empeño.
