Sanidad no tiene constancia de ninguna interrupción voluntaria de embarazos ese año en hospitales de la Seguridad Social de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Murcia, pero sí en clínicas privadas
La ministra Montero considera «imprescindible» regular la objeción de conciencia de los sanitarios porque «este derecho no puede estar por encima del de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo»