La Comisión Europea dio el pasado 17 de julio un ultimátum a España advirtiéndole de que llevaría al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no modifica las concesiones de los peajes de las autopistas AP-9 y AP-66, porque a su entender son contrarias a las normas europeas de licitación pública
El ultimátum de la Comisión Europea sobre la prórroga ilegal aprobada en el 2000 por Aznar alimenta las opciones de revocar la concesión, cuyo coste varía según los distintos estudios
El TJUE juzgará la ilegalidad de la prórroga otorgada por Aznar en el 2000 a partir de otoño si los recursos del Gobierno ante la Comisión no prosperan
Fuentes del Ministerio defienden que las políticas del Gobierno actual «van en la dirección contraria» a mantener los peajes, pero que, en este caso, están respondiendo a todos los requerimientos de la Comisión Europea «por responsabilidad y para velar por el interés común»